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Última modificación: 2006-08-01
Las acciones laborales para trabajadores o extrabajadores de las entidades públicas en liquidación prescriben en tres años

La Corte declaró la inexequibilidad del artículo 22 de la Ley 819 de 2003 que se ocupaba de la responsabilidad en las reclamaciones ante entidades públicas en liquidación. Esa norma establecía que las reclamaciones administrativas que tuvieran que hacerse a las entidades públicas en liquidación sólo podían hacerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de publicación del último aviso de emplazamiento al igual que establecía un procedimiento para la reclamación. Respecto de las demás entidades el término previsto fue de tres años.

El actor consideró que esa norma violaba el principio de unidad de materia y el derecho de acceso a la administración de justicia, asuntos consagrados en los artículos 158 y 228 de la Constitución. La reducción del término de caducidad de la acción a seis (6) meses para las reclamaciones administrativas ante entidades en liquidación, para el actor, era un término irrazonable que impedía el acceso a la administración de justicia y desconocía el término más amplio de tres (3) años previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

La Corte Constitucional señaló que si bien el contenido del artículo acusado no correspondía a una disposición de carácter orgánico, sino que trataba de una norma de naturaleza ordinaria, ello no implicaba la inconstitucionalidad de la norma, porque la Ley 819 de 2003, desde el propio título precisa que contiene normas orgánicas y otras que no lo son. Así que, el hecho de que el artículo 22 acusado, que corresponde a una norma de carácter ordinario, se encuentre en una ley orgánica, no lo hace inconstitucional si guarda conexidad temática con la ley.

En cuanto a la conexidad temática del artículo acusado con el contenido de la Ley 819 de 2003, la Corte sostuvo que desde el mismo nombre del artículo ?responsabilidad en las reclamaciones ante entidades públicas en liquidación?, era claro que éste no correspondía al verdadero y principal contenido de lo que consagra, pues el tema principal de la norma consistía en fijar un nuevo procedimiento administrativo en cabeza del ciudadano, para que éste pueda adelantar una acción judicial, de carácter laboral, contra una empresa pública en liquidación. Además de que, ni los artículos que preceden al 22 demandado, ni los que lo siguen, hacían referencia directa a las entidades públicas en liquidación. Se trataba entonces de un artículo aislado del resto de la normatividad.

La Corte hizo un recuento de los antecedentes de la norma y concluyó que aunque resultan claras las razones de conveniencia que tuvo el legislador para incluir la disposición demandada en la Ley 819 de 2003, las razones de conveniencia no son suficientes para obviar la exigencia constitucional de la unidad de materia. Por el contrario, para la Corte, la inclusión de esta norma en la Ley implicó una evidente extensión a cuestiones ajenas a la misma. Aunado a lo anterior, la norma acusada, no obstante la reducción del término de prescripción, no hizo mención a los distintos tipos de derechos laborales que pueden reclamarse; ni tuvo en cuenta que algunos pueden ser susceptibles de establecerse dentro de un término preciso y otros no. Algunas reclamaciones pueden versar sobre servicios médico asistenciales, otras sobre indemnizaciones, o pensiones de invalidez, o de vejez, o de sobrevivientes, o sobre derechos por riesgos profesionales o accidentes de trabajo. Derechos que en el término de prescripción establecido en el artículo mencionado, pueden no haberse configurado para ser objeto de reclamo administrativo en el tiempo previsto.

De otra parte, la disposición también infringía la garantía constitucional de toda persona de acceder a la administración de justicia, al establecer como requisito para iniciar la acción judicial, el haber realizado en forma oportuna, dentro de los seis meses de que trata la disposición acusada, la reclamación administrativa correspondiente. Esto implicaba que los trabajadores o ex trabajadores de las entidades públicas en liquidación, que al momento de pretender iniciar las acciones laborales correspondientes, en virtud del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia, se encuentran con que en una ley de contenido claramente presupuestal, se modificó el término general de prescripción de las acciones laborales, que es de tres años, y quedó reducido a seis meses. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-460-04

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Es el nombre que se le da de manera genérica al órgano que constitucionalmente tiene la competencia de proferir leyes. En Colombia, el Congreso de la República es quien cumple la función legislativa y extraordinariamente el Presidente, cuando el Congreso lo dota con facultades extraordinarias para expedir ?decretos leyes?.

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