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Última modificación: 2010-12-22
La ley posterior no puede afectar los concursos de notarios ya iniciados con base en una ley o disposición anterior

En relación con el artículo 8º del proyecto de ley No. 105/06 Senado, 176/06 Cámara, ?por la cual se dictan algunas disposiciones sobre el concurso público de acceso a la carrera de notario...?, el Presidente advirtió que la norma confiere efectos retroactivos a las disposiciones de la ley, lo cual afecta derechos y expectativas legítimas de los aspirantes a ocupar una notaría que ya se encontraban concursando.

La Corte observó que el contenido de la norma objetada ordena la aplicación de las disposiciones de la ley a todos los concursos de notarios que se encuentren en proceso. La expresión que usa el legislador es -más exactamente- que cualquier concurso para notario que en la actualidad se esté desarrollando, ?deberá adecuarse? a lo preceptuado en esta ley. Así entendido, el mandato legal contenido en la norma no sólo obliga a que los procedimientos adelantados para la provisión de los cargos se ajusten al contenido de la nueva ley, sino que todos los aspectos relacionados con el concurso ?deberán adecuarse? al contenido de estas disposiciones.

Por ello, la orden de adecuación de los concursos a las disposiciones que pretenden expedirse no permite identificar qué disposiciones de la nueva ley modificarían los concursos ya existentes, con lo cual se transforman indiscriminadamente las reglas de juego de quienes se inscribieron con suficiente oportunidad y se defrauda la confianza legítima que los aspirantes a ocupar las plazas notariales pusieron en el régimen jurídico vigente al momento de su inscripción. Se vulneran además principios esenciales a la actividad administrativa como la transparencia, la publicidad, el derecho igualitario de acceso a cargos públicos y el principio de buena fe y, por último, se desconoce el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, que el constituyente incluyó en el artículo 40 de la Carta Política.

Esta conclusión implicaba que en lo que tiene que ver con los aspectos sustanciales del concurso, la norma modificaba las reglas sobre las cuales se convocaron los concursos en proceso de ejecución, lo cual resultaba contrario a la jurisprudencia constitucional. Ciertamente, si el concurso que actualmente se realiza tuviera que adecuarse a lo previsto en el proyecto de ley, tendría que ajustarse a las mismas en temas como las equivalencias y puntajes, las inhabilidades y el régimen de lista de elegibles, temas que tienen que ver con aspectos sustanciales del proceso de calificación de méritos.

Para la Corte es claro que la orden de adecuación del concurso que actualmente se realiza a las disposiciones de la nueva ley impondría, de un lado, el retraso de la decisión contenida en la Sentencia C-421 de 2006 y, por el otro, en la práctica, la reanudación de las diligencias de convocatoria, inscripción, acreditación de requisitos generales y específicos, análisis de méritos y antecedentes, pruebas de conocimientos, entrevistas y conformación de listas de elegibles, pues las nuevas disposiciones no resultan compatibles con las previas, sino decididamente distintas. En ese sentido, la supuesta adecuación no podría llevarse a cabo más que con la transformación total del concurso, que en la práctica es la realización de un nuevo concurso.

Así las cosas, la Corte Constitucional consideró que el artículo 8º del proyecto de ley era inconstitucional nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1040-07

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 Legislador

Es el nombre que se le da de manera genérica al órgano que constitucionalmente tiene la competencia de proferir leyes. En Colombia, el Congreso de la República es quien cumple la función legislativa y extraordinariamente el Presidente, cuando el Congreso lo dota con facultades extraordinarias para expedir ?decretos leyes?.

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