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Última modificación: 2006-08-01
La consulta popular

En la revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria "por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.", la Corte determinó que en el ámbito descentralizado territorialmente, sea regional, provincial o local, la consulta popular versa sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio, y la iniciativa de convocarla le corresponde al Gobernador o Alcalde, según el caso. La consulta popular es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas. El derecho de todo ciudadano a participar en las consultas populares, hace parte del derecho fundamental a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político. La Corte decidió que la creación de un control previo y de contenido sobre el texto mismo de la consulta popular de carácter nacional, contradecía la Constitución que dispone un control posterior, solo para las consultas populares del orden nacional y por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.

La asignación de competencia en cabeza del tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa competente respecto de la consulta de carácter departamental, municipal o local, es constitucional pues ella constituye cabal desarrollo de las facultades del Legislador en virtud de la cláusula general de competencia. Por último, el señalamiento que se hizo a la Corte del procedimiento para ejercer el control del acto de convocatoria a la consulta popular, fue declarado inconstitucional por desbordar el ámbito normativo propio de la regulación por la vía estatutaria, y por que la Carta atribuye al Presidente la competencia de dictar, mediante decreto el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante esta Corporación. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-180-94

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 Ley estatutaria

Como lo señala el artículo 152 de la Carta, las leyes que regulan "el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección" deben ser estatutarias. De acuerdo con la Carta, el trámite de una ley estatutaria debe cumplir, en primer lugar, con los requisitos generales establecidos en el artículo 157 superior. Esto es: a) Haber sido publicado el proyecto de ley en la Gaceta del Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. b) Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara. c) Haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate. d) Haber obtenido la sanción del gobierno, requisito que para el caso de las leyes estatutarias, se debe surtir después de que la Corte Constitucional haya efectuado la revisión previa y oficiosa de constitucionalidad y declarado, en consecuencia, que las disposiciones del proyecto se ajustan a los preceptos constitucionales. De igual forma, se debe acatar lo dispuesto en los artículos 158 y ss. de la Constitución, en relación con la unidad de materia, los términos que deben transcurrir entre los debates en comisiones y en plenarias, el lapso mínimo de tiempo que debe mediar entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra. Finalmente, cumplir con los requisitos especiales que el artículo 153 superior exige para la aprobación, modificación o derogación de leyes estatutarias: a) mayoría absoluta, b) trámite en una sola legislatura.

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