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Última modificación: 2006-08-01
El deber de consulta a las comunidades indígenas no procede frente a decisiones del legislativo, si no existe norma que así lo estipule

En la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria, por el cual se crea una circunscripción nacional especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior, la Corte analizó si era necesario realizar la consulta previa a las comunidades indígenas cuando se trate de medidas que buscan la amplia participación política de los indígenas. Colombia ratificó un tratado internacional por el cual existe la obligación de consultar a los grupos étnicos que habiten en el territorio nacional, cuando se prevea una medida legislativa o administrativa, que tenga la virtud de afectarlos en forma directa; sin embargo, el alcance que se le debe dar a esta disposición es discrecional para cada país dependiendo de sus propias condiciones?.

?En Colombia, los órganos indicados para determinar cuándo y cómo se habrá de cumplir con la citada obligación internacional son, en principio, el Constituyente y el Legislador, ya que son éstos, por excelencia, los canales de expresión de la voluntad soberana del pueblo. La Constitución Política, ciertas disposiciones legales y la jurisprudencia anterior de la Corte (Sentencia SU-039/97) definen en qué situaciones se deben realizar las consultas a las comunidades étnicas, y es claro que en la mayoría de los casos se trata de la explotación de recursos naturales o la utilización de territorios indígenas. Sostiene además, que la norma revisada se orienta a la protección del derecho a la participación democrática y busca la igualdad de estas comunidades en la sociedad. La Corte declara exequible la norma revisada, tras considerar que en materia legislativa y administrativa no existe norma interna o internacional que obligue a consultar. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-169-01

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 Ley estatutaria

Como lo señala el artículo 152 de la Carta, las leyes que regulan "el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección" deben ser estatutarias. De acuerdo con la Carta, el trámite de una ley estatutaria debe cumplir, en primer lugar, con los requisitos generales establecidos en el artículo 157 superior. Esto es: a) Haber sido publicado el proyecto de ley en la Gaceta del Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. b) Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara. c) Haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate. d) Haber obtenido la sanción del gobierno, requisito que para el caso de las leyes estatutarias, se debe surtir después de que la Corte Constitucional haya efectuado la revisión previa y oficiosa de constitucionalidad y declarado, en consecuencia, que las disposiciones del proyecto se ajustan a los preceptos constitucionales. De igual forma, se debe acatar lo dispuesto en los artículos 158 y ss. de la Constitución, en relación con la unidad de materia, los términos que deben transcurrir entre los debates en comisiones y en plenarias, el lapso mínimo de tiempo que debe mediar entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra. Finalmente, cumplir con los requisitos especiales que el artículo 153 superior exige para la aprobación, modificación o derogación de leyes estatutarias: a) mayoría absoluta, b) trámite en una sola legislatura.

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