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Última modificación: 2008-07-29
La destitución laboral masiva de dirigentes sindicales viola la libertad de asociación

En el Caso Baena Ricardo y otros, y respecto de la libertad de asociación, la Corte considera que ésta debe ser analizada en relación con la libertad sindical. La libertad de asociación, en materia sindical, consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del derecho. En el Caso Baena Ricardo y otros, se destituyó a los sindicalistas por actos que no constituían causal de despido en la legislación vigente al momento de los hechos. Esto demuestra que, al asignarle carácter retroactivo a la Ley 25, se pretendió darle fundamento a la desvinculación laboral masiva de dirigentes sindicales y de trabajadores del sector público, actuación que sin duda limita las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales en el mencionado sector. La Corte observa que: a) la Ley 25 se expidió 15 días después de los hechos que dieron origen al presente caso; b) no se observó la normativa referente al fuero sindical en relación con el despido de trabajadores; c) fueron obstruídas las instalaciones e intervenidas las cuentas bancarias de los sindicatos; y d) numerosos trabajadores despedidos eran dirigentes de organizaciones sindicales. No ha sido demostrado ante la Corte que las medidas adoptadas por el Estado fueron necesarias para salvaguardar el orden público en el contexto de los acontecimientos, ni que guardaron relación con el principio de proporcionalidad. La Corte estima que dichas medidas no cumplieron con el requisito de "necesidad en una sociedad democrática" consagrado en el artículo 16.2 de la Convención. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado violó el derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo 16 de la Convención Americana, en perjuicio de los 270 trabajadores. nota 1



  1. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panama. Sentencia Serie C. No. 72 .

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 Orden público

Son normas de orden público aquellas de obligatorio cumplimiento y que no se pueden modificar por la simple decisión o voluntad de las partes. También se conoce como orden público al conjunto de condiciones mínimas, jurídicas y estructurales que sirven de apoyo y garantía a una vida social y al ejercicio de las prerrogativas y obligaciones en comunidad. El Presidente de la República es el encargado del manejo del orden público en el país, y como tal, le corresponde conservarlo en todo el territorio y restablecerlo donde fuere turbado (Art. 189-4 C.P.); para ello se le conceden una serie de atribuciones que le permiten adoptar las medidas necesarias destinadas a lograr los propósitos mencionados. Durante los períodos de excepción (guerra exterior, conmoción interior, y emergencia económica, social y ecológica), el Presidente cuenta con facultades especiales y extraordinarias para contrarrestar la alteración del orden público, conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Los gobernadores y Alcaldes en consecuencia, deben someterse a las directrices presidenciales sobre el manejo del orden público interno. La Policía Nacional tiene la competencia de conservar el orden público en el territorio Nacional.

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