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Última modificación: 2006-08-01
Limitaciones del derecho al voto de personas privadas de la libertad

· Voto del interno y prohibición de proselitismo en las cárceles

Se demandó el art. 57 de la ley 65 de 1993, que permite el derecho al voto de los detenidos que reúnen los requisitos que exige la ley, en su respectivo centro de reclusión. Se cuestiona la prohibición al proselitismo político al interior de las cárceles y penitenciarías, tanto de extraños como de los mismos internos. Para la Corte, el proselitismo político es una manifestación de normalidad, no de excepción, como si lo es la posibilidad de votar para los condenados. Lo anterior no impide que pueda expresar el detenido a otros, sus creencias íntimas acerca del devenir de la política.

Lo que se prohíbe es el activismo proselitista público, es decir, la arenga, el tumulto, el debate propio de la plaza pública, al interior de las cárceles y penitenciarías, porque riñe con la disciplina. Ello no afecta el derecho de profesar una ideología política, ni tampoco la prudente transmisión de un contenido filosófico o doctrinario. Los derechos políticos se tienen siempre, pero su ejercicio puede estar limitado y restringido en casos especiales por la Constitución y la ley, como es el de las cárceles. En otras palabras, la cárcel no es propicia para la agitación política, sino para la reflexión. Por tanto, en la norma acusada no se afectan ni la libertad de pensamiento ni la comunicabilidad natural de los hombres, por lo que ello se declaró exequible. nota 1

· Voto de las personas detenidas

Un personero municipal interpuso la acción de tutela en contra de la Registraduría Municipal, por considerar que al no disponerse la colocación de una mesa de votación en la cárcel del municipio se les vulneró el derecho fundamental al voto, ya que ellos tenían sus cédulas debidamente inscritas. La Corte determinó que el derecho al voto es un derecho fundamental de aplicación inmediata, por lo que su componente prestacional no condiciona su efectividad a contingencias económicas o a decisiones políticas futuras. Por otro lado se tuvo en cuenta que los detenidos que aún no habían sido condenados, eran beneficiarios de la presunción de inocencia y, por lo tanto debían ser considerados como ciudadanos titulares de plenos derechos, que merecían un trato preferencial por el hecho de encontrarse en una situación de inferioridad, por lo que se concedió el amparo solicitado. nota 2

1. Corte Constitucional, Sentencia C-394-95
2. Corte Constitucional, Sentencia T-324-94