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Última modificación: 2007-07-25
Prórroga legal de los períodos de los personeros en funciones no desconoce la autonomía de los entes territoriales

Los demandantes consideran que el Legislador vulneró la Constitución al disponer la prórroga ?por un año? de los períodos de los personeros en ejercicio, según lo establecido en los parágrafos transitorios de los artículos 1 y 2 de la Ley 1031 de 2006. Manifiestan que el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución prescribe con claridad que los personeros deben ser elegidos por los Concejos Municipales. Por eso, consideran que, si bien es comprensible que el Legislador pretenda unificar los períodos de las distintas autoridades municipales, es inconstitucional que él extienda los períodos de los personeros en ejercicio, pues ello constituye en sí mismo una nueva elección. Afirman que con esta medida el Congreso de la República vulneró el principio de la autonomía de los entes territoriales, al igual que el derecho de todos los ciudadanos a acceder al cargo de personeros. La Corte considera que la decisión del Congreso de la República de extender el período de los personeros en funciones no vulnera la Constitución. Distintas razones militan a favor de esta conclusión.

Las normas cuestionadas persiguen facilitar una transición y por ello extendieron el período de los personeros por el término estrictamente requerido, que, por otra parte, se ajusta a la modificación del período de los concejos efectuada por reforma constitucional. Además, la prolongación no implica que los Concejos hayan perdido su facultad constitucional de elegir a los personeros, la prórroga tiene un carácter general y neutro, y fue adoptada por el Congreso de la República en ejercicio de su competencia específica en la materia. Finalmente, el cargo de personero tiene un origen político, pero no obedece a un mandato popular sino a una naturaleza y funciones que lo inscriben dentro del Ministerio Público. Todo lo anterior permite definir que la prolongación de los períodos de los personeros en ejercicio no constituye un acto de elección, sino una norma instrumental para facilitar una transición. Entonces, la Corte consideró que las normas acusadas son exequibles. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-113-07

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 Personero

Los personeros municipales, o distritales, forman parte del Ministerio Público y por tanto les compete en sus respectivas jurisdicciones, la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Son agentes del Defensor del Pueblo a nivel municipal, para cumplir la delicada e importante responsabilidad de velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. En cumplimiento de las funciones que el artículo 282 de la Constitución Política le señala al Defensor del Pueblo, éste profirió la resolución No. 001 de 1992, en la cual delegó en los personeros municipales de todo el país, la facultad de incoar acciones de tutela en nombre de quien se lo solicite o se encuentre en estado de indefensión, cumpliendo de esta manera con el artículo 49 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela. Los personeros municipales también cumplen las funciones del Ministerio Público en los asuntos de competencia de los juzgados penales municipales y promiscuos y de los fiscales delegados ante los jueces del circuito, municipales o promiscuos, sin perjuicio de que estas funciones puedan ser asumidas directamente por la Procuraduría. Recordemos que el Ministerio público puede actuar dentro de los procesos penales en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, y de los derechos fundamentales de las personas en todas las etapas, con plenas facultades y en calidad de sujeto procesal.

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