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Última modificación: 2006-08-01
Segunda prueba de adn, por error grave, debe tener en cuenta el factor económico o la solvencia de las partes

Se demandó el artículo 4 inciso 2 de la Ley 721 de 2001 que decía: ?La persona que solicite nuevamente la prueba deberá asumir los costos; en caso de no asumirlo no se decretará la prueba?. Señaló la Corte que cuando la investigación de paternidad se refiere a un menor de edad es constitucionalmente válido que el Legislador, obligue al juez a decretar una prueba que en el estado actual de la ciencia es definitiva (por tratarse de una prueba con un grado de certeza del 99.99%) para que un menor de edad pueda saber con exactitud quiénes son sus padres. Y esta prueba y su práctica no pueden estar condicionados a que el presunto padre o madre aporte recursos económicos para su práctica, ya que se dejaría el interés superior del niño constitucionalmente protegido y prevalente a merced de la voluntad del presunto progenitor.

La primera prueba de ADN que impone el Legislador debe ser practicada aunque los padres no suministren los recursos económicos y el costo debe asumirlo el Estado. Sin embargo, el inciso 2º del artículo 4 de la Ley 721 debe interpretarse en concordancia con el artículo 6 de la misma ley conforme a la cual la segunda prueba, que es la que se decreta por error grave, debe tener en cuenta el factor económico o la solvencia de las partes. Es decir, si la persona no cuenta con recursos económicos puede acogerse al amparo de pobreza debiendo sufragarla el Estado, con lo cual no se vulnera el derecho a acceder a la justicia pero se garantizan los derechos fundamentales de los niños. Es por ello que se declaró inexequible únicamente la expresión ?en caso de no asumirlo no se decretará la prueba? nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-807-02

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