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Última modificación: 2006-08-01
En los procesos de filiación el debido proceso debe respetar el avance de la ciencia para establecer la maternidad y la paternidad

En sentencia de primera instancia un Juzgado Promiscuo de Familia declaró al actor, padre de una menor, con base en el resultado de una prueba antropoheredobiológica producida por el Laboratorio de Genética del ICBF, en el que se expresaba que existía compatibilidad genética entre la niña y el demandado. El resultado fue corroborado con testimonios aportados por la madre de la niña. La sentencia de primera instancia fue confirmada por el Tribunal Superior. En ella se hizo alusión a que el demandado no objetó el dictamen en el momento debido.

En julio de 1998, el actor, la niña y su madre se sometieron a otro examen en el Laboratorio de Genética de la Universidad Industrial de Santander que dio como resultado que el éste quedaba excluido de la posibilidad de ser padre de la niña. Con base en lo anterior, interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del Tribunal, con fundamento en la causal descrita en el numeral 4 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.

Un nuevo examen de ADN ordenado por la Fiscalía en el Instituto de Medicina Legal confirmó que el actor no podía ser el padre de la niña. Sin embargo, la Fiscalía decidió precluir la investigación contra la directora del Laboratorio de Genética del ICBF al considerar que en el momento de realización de la primera prueba la tecnología genética en el país no estaba suficientemente avanzada y que la sindicada no había tenido ánimo de dañar cuando elaboró el dictamen.

En vista de que la Fiscalía había precluido la investigación penal, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de revisión indicando que el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia, en la cual se puedan replantear los problemas de fondo debatidos en el proceso. El actor había invocado la causal cuarta de revisión y ésta exige la condena penal del perito que elaboró el dictamen que sirvió de base para proferir la sentencia. Puesto que la Fiscalía había decidido precluir la investigación penal contra la experta, que la Corte Suprema de Justicia no podía apartarse de la causal alegada por el actor - pues no puede actuar de oficio -, y que la prueba antropoheredobiológica no había sido la única que había llevado a la conclusión sobre la paternidad, la Sala Casación Civil no podía quebrar la ejecutoria de la sentencia.

El actor instauró una tutela contra la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, considerando que ella constituía una vía de hecho, por vulneración del debido proceso y del principio de igualdad. En las dos instancias de tutela se negó el amparo impetrado, por cuanto no se había cumplido con la condición exigida en la causal cuarta del recuso extraordinario de revisión para que éste pudiera prosperar. Además, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura expuso que el actor no había hecho uso de los recursos con los que contaba dentro del proceso ordinario para objetar el dictamen genético inicial.

Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra la madre del menor por el delito de fraude procesal debido a que ella sostuvo que el único hombre con el cual había tenido relaciones sexuales era el actor, lo cual es imposible dado que la prueba genética lo excluyó a él como padre de la menor.

La Corte recordó que en ocasiones las normas jurídicas pierden actualidad frente a los avances de la ciencia y le corresponde a los jueces procurar armonizar su interpretación con los nuevos descubrimientos mientras el legislador decide adaptar la legislación a los hallazgos de la ciencia. Ello es especialmente relevante cuando lo que está en juego son los derechos fundamentales, los cuales han de ser aplicados no solo en sede de tutela, sino al interpretar cualquier norma legal.

Para la Corte, obligar al actor a tener como su hija a una niña que no lo es y a la menor por padre a quien no lo es, constituye una afectación de sus derechos a la filiación, a la familia, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Dado que se trata de derechos indisponibles y que el avance de la ciencia genética en ese momento en el país, la impugnación de la prueba no habría generado mayores cambios, pues el examen era en sí mismo insuficiente no es aceptable constitucionalmente permitir una decisión judicial definitiva en tal sentido.

La vulneración de los derechos fundamentales del actor y de la niña se materializa en este caso en el registro civil de la menor de edad, donde, por causa de las sentencias de investigación de paternidad en las que consta que el actor es su padre contrariando la verdad genética demostrada en el proceso penal.

Por lo anterior, la Corte concedió la tutela como mecanismo transitorio mientras la jurisdicción penal o civil decidían lo de su competencia; suspendió temporalmente los efectos del registro civil de la niña con relación al actor mientras en la jurisdicción penal, en el proceso por fraude procesal contra la madre de la niña o en el civil en sede de revisión adoptan una decisión al respecto del registro civil. La Corte indica que el actor puede, invocando la sentencia de tutela y siguiendo los procedimientos establecidos en el código de procedimiento civil, solicitar la cesación de los efectos del registro civil bien sea como medida cautelar o como una orden definitiva dentro de la sentencia. La Corte habilita un término de tres meses para que el actor pueda, si lo considera necesario, interponer un nuevo recurso de revisión. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1226-04

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