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Última modificación: 2006-08-01
Defensa y protección a menores amenazados por animales fieros domésticos

Una madre solicitó la protección del derecho fundamental a la vida de su hija menor que considera amenazado por el peligro que representaba la presencia de un perro de la raza Pitbull, de propiedad de una señora vecina, en el barrio donde residen. El animal, que se paseaba por el barrio sin utilizar bozal, atacó a la niña, causándole lesiones menores. La accionante acudió a la Policía sin obtener, de parte de esta autoridad, solución alguna a su problema. La Corte conoció de este caso en sede de revisión de tutela y advirtió que con respecto a los menores existe un interés superior predominante en el ordenamiento jurídico vigente que establece que a ellos debe dárseles un reconocimiento prevalente de sus derechos y en consecuencia se les debe proteger de manera especial.

Estimó que el mantenimiento de un animal doméstico, en lugar de habitación, siempre que no ocasione perjuicios a los copropietarios o vecinos, constituye un claro desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar que el Estado debe respetar, como medio para que el ser humano exprese su autonomía y sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico establecido, desde luego observando todas las normas relacionadas con la convivencia de un animal de estas condiciones y los seres humanos de su alrededor. Sin embargo, consideró que la presencia de un animal de las características del perro en cuestión, en un sitio residencial, puede ocasionar perturbaciones de diferente índole, generando amenaza y peligro dadas sus condiciones especiales de agresividad.

El propietario del animal está en la obligación de adoptar las precauciones necesarias que impidan dichas perturbaciones o las medidas correctivas del caso exigibles por las autoridades de policía, siendo el propietario de la mascota el responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar por su culpa, negligencia, acción u omisión. Con base en lo anterior la sala concedió la tutela y amparó el derecho fundamental a la vida. nota 1

El artículo 108-G de la Ley 746 de 2002 prohíbe de manera absoluta el derecho de propiedad de los menores sobre los perros de alta peligrosidad, tanto de los que ejercen actualmente el derecho de dominio como de quienes pretendan hacerlo. Los menores de edad, de conformidad con la legislación vigente en Colombia, pueden ser titulares del derecho de propiedad de un bien sin ejercer la tenencia del mismo, o puede ser propietario y poseedor del bien sin detentarlo. No es pues requisito indispensable para el ejercicio de propiedad que el menor sea poseedor o tenedor del bien. Para que una limitación de un derecho fundamental sea procedente es requisito que la misma persiga un fin legítimo a la luz de la normatividad constitucional, que la medida sea adecuada para obtener dicha finalidad y que dicha adecuación sea proporcional a la medida, de forma que los resultados obtenidos no sean en extremo perjudiciales para el derecho que pretende limitarse.

Es posible que un menor de edad sea propietario de uno de estos perros sin enfrentar peligro alguno, si bien se tiene que la titularidad del derecho a la propiedad no se encuentra ligada necesariamente, a la posesión o tenencia del bien de que se trata. Es por ello que la medida no se adecua al fin propuesto por el Legislador de impedir a los menores la manipulación y el contacto permanente con animales de alta peligrosidad, por lo cual se declaró su inexequibilidad. A juicio de la Corte, no es el título de dominio lo que debió ser objeto de restricción, sino las relaciones de orden material y fáctico que ponen a los menores en contacto con animales de alto riesgo. Es por ello que consideró indispensable integrar la unidad normativa de la disposición acusada con algunos apartes del artículo 108-H de la Ley 746 de 2002, que consagran modalidades de tenencia de perros de alta peligrosidad contrarias a la protección dispensada no solo por la ley sino por la Constitución a los menores de edad en atención a que solo prohíbe la tenencia de dichos animales en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales.

La protección así buscada por la ley resulta incompleta pues los menores de edad también en el espacio doméstico son vulnerables a los ataques de estos animales e incapaces de controlar la eventual fiereza de sus mascotas. Por tal razón declaró inexequible la expresión ??en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales?, contenida en el artículo 108-H de la Ley 746 de 2002, pues solo retirándola del ordenamiento jurídico se logra el objetivo de impedir que los menores de edad sean tenedores de perros de alta peligrosidad y pongan en peligro sus vidas y las de los que los rodean, sea en sitios públicos o privados, sea en lugares abiertos o en recintos domésticos.

La presencia de perros de alta peligrosidad en las casas donde habitan menores de edad no está prohibida en sí misma, pero dándose tal circunstancia, los daños que pudieran ocasionarse al menor de edad son de responsabilidad (incluida la civil y la penal) exclusiva de quien tenga a su cargo la custodia y cuidado del animal, en atención a la preceptiva constitucional según la cual los niños tienen el derecho fundamental a la integridad física, a la salud y al cuidado, mientras que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos. La Corte considera que si los padres, tutores o curadores o quien tenga a su cargo la representación legal del menor, por acción o por omisión en el deber de cuidado y vigilancia, permite que este tenga contacto con perros altamente peligrosos, y se produce un daño al menor o a su familia o a terceros, aquél debe responder civil y penalmente por la falta al deber de protección.

A este respecto es indispensable hacer notar que aunque la norma se refiera exclusivamente a los propietarios de los animales, la disposición debe cobijar a quien ostenta la posición de garante, es decir, a quien por su relación con el animal tuviere el deber jurídico de evitar el daño. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-874-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-692-03

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