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Última modificación: 2006-08-01
Procedencia de la imposición de sanción a padres que permitan que los juegos de sus hijos intranquilicen al vecindario

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 202, numeral 5º, del Decreto 1.355 de 1970, Código Nacional de Policía, que establece la sanción de reprensión en audiencia pública a los padres que permitan a sus hijos menores intranquilizar al vecindario con sus travesuras o juegos. Según el actor esta norma impedía a los niños, en aras de no intranquilizar a los vecinos, desarrollar libremente sus juegos y travesuras y ejercer sus destrezas y habilidades, lo que viola sus derechos a la recreación, a la libre expresión y al libre desarrollo de su personalidad, consagrados en los artículos 44, 16 y 52 de la Constitución, que además son prevalentes. Los actores también señalaron que no todos los vecindarios tienen áreas especiales para la recreación de los niños, por lo que son muchos los menores que sufren la limitación impuesta en la norma acusada.

La Corte declaró la norma constitucional dado que no constituye per se ?un atentado contra los derechos de los menores, ni va en detrimento del deber de protección de la sociedad y el Estado. De acuerdo con la jurisprudencia, el verdadero sentido de la prevalencia de los derechos del niño, no excluye que tal prevalencia tenga límites, si tales límites corresponden a la propia finalidad protectora de los niños o a las propias finalidades del Estado. Lo que está en discusión es si las autoridades administrativas pueden imponer una medida correctiva a los padres que permitan que sus hijos intranquilicen a sus vecinos con sus juegos o travesuras. Corresponde a la Corte examinar si el derecho de los niños a expresarse libremente a través de sus juegos puede restringirse con el fin de garantizar el derecho fundamental de los demás a su propia tranquilidad, a no ser molestados, a no ser obligados a soportar alteración o perturbación en su intimidad personal o en su sosiego familiar.

Resulta indudable que la Constitución protege tanto los derechos de los niños como los de los demás. Y que, en el presente caso, no existen dos derechos fundamentales en conflicto. Lo que existe es el deber de los padres de que sus hijos jueguen y se expresen libremente, pero sin perturbar a los demás. Por otra parte, no puede olvidarse que la obligación constitucional de los padres, en cuanto a la educación de sus hijos (art.67 de la Carta), no se agota con el sólo hecho de matricularlos en un establecimiento educativo, pues hace parte de la educación integral que están obligados a suministrarles, el enseñarles a ser respetuosos de los derechos ajenos. Y, cuando los niños no respetan tales derechos por negligencia o falta de cuidado de los padres, y se prueba la perturbación a la tranquilidad de los vecinos, es obligación de las autoridades de policía intervenir, para lograr que los padres enseñen y vigilen que en sus juegos se respeten los derechos ajenos. Obsérvese que la imposición de la medida correctiva se dirigía a los padres, no se imponía a los niños. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-490-02

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