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Última modificación: 2006-08-01
Incompetencia del icbf y de los jueces de familia para adelantar los trámites de restitución internacional de menores

El padre de una menor interpuso acción de tutela en contra del ICBF por considerar que la decisión que tal institución tomó de denegar la restitución de su hija a los Estados Unidos, país de residencia de la menor y del cual la madre arbitrariamente la sacó para residenciarse permanentemente en Colombia, constituía una vía de hecho que violó el debido proceso, dado que la entidad no podía decidir sobre los derechos de guarda de la menor, en contra de las leyes del país de residencia.

La Corte señaló que la Resolución No. 1399 de 1998 expedida por el ICBF atribuye a los defensores de familia y a los jueces de familia competencia para adelantar los procesos de restitución internacional de menores. Sin embargo, dicha facultad solamente puede ser atribuida mediante ley, sin que sea válido afirmar que se trata del desarrollo y ejecución de un tratado internacional, porque en todo caso esas actuaciones han de observar las reglas previstas en la Constitución. Así, por desconocer los artículos 121, 122 y 150-23 de la Carta, debe ser inaplicada por inconstitucional, pero sólo en esos aspectos, hasta que el Consejo de Estado se pronuncie de manera definitiva sobre su constitucionalidad. Ni los defensores de familia del ICBF ni ninguna otra autoridad de esa entidad tienen competencia para adelantar los procesos de restitución internacional de menores, porque no existe norma legal que les confiera esa atribución.

La falta de competencia funcional del ICBF para adelantar el proceso de restitución internacional de menores genera una nulidad no susceptible de saneamiento porque desconoce los derechos fundamentales al juez natural y al debido proceso. En consecuencia, no queda otra alternativa que decretar la nulidad de ese trámite, sin perjuicio de que las diligencias válidamente practicadas puedan ser trasladadas a otros procesos. Lo anterior no significa que ninguna autoridad pueda decidir sobre las demandas de restitución internacional de menores, porque el Legislador ha diseñado una cláusula de cierre para la resolución de controversias, según la cual corresponde a la jurisdicción ordinaria, por intermedio de los jueces civiles del circuito, conocer de todo asunto que no haya sido atribuido a otro juez. En consecuencia, hasta que el Legislador no establezca lo contrario, son los jueces civiles del circuito los encargados de adelantar los procesos de restitución internacional de menores.

Finalmente, la Sala consideró que la falta de regulación específica sobre una materia donde convergen tan altos intereses del menor y de la institución familiar, exigía que esa circunstancia sea puesta en conocimiento del Congreso de la República y también del Consejo Superior de la Judicatura para que, si lo estiman pertinente, intervengan según sus atribuciones constitucionales y legales. Con base en lo anterior se concedió la tutela y se ampararon los derechos, además de declarar inaplicable la Resolución expedida por el ICBF, en cuanto atribuye competencias a los defensores y jueces de familia para adelantar los procesos de restitución internacional de menores y ordenar a la Dirección General del ICBF que remita el expediente del proceso de restitución internacional de la menor, al Juzgado Civil del Circuito de Bogotá (reparto), para que una vez asignado, el juzgado de conocimiento actúe él mismo con la mayor diligencia para definir la situación de la menor. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-357-02

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