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Última modificación: 2006-12-06
Es deber de los jueces admitir la participación de los defensores de familia, en representación de los niños, en procesos de restitución de inmuebles aun cuando la causal alegada sea falta de pago

Un defensor de familia presentó acción de tutela en favor de unos niños cuyos derechos se verían afectados por la decisión de un juzgado civil municipal de ordenar la restitución del inmueble donde éstos residían con su madre, quien adeudaba al padre de los niños algunos cánones de arrendamiento. Tal decisión implicaba la salida de los niños de la vivienda, sin que se hubiera permitido la intervención del defensor de familia en representación de sus derechos. Los padres de los niños habían convivido durante 17 años pero jamás se había declarado la existencia de una sociedad patrimonial. El padre había arrendado a la madre el inmueble y en distintas ocasiones incumplía sus obligaciones alimentarias con los niños.


La Corte consideró que: (i) ?si bien el artículo 424, parágrafo 2°, numeral 2°, del Código de Procedimiento Civil exige en el proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado, cuando la pretensión de entrega se fundamenta en la falta de pago, la consignación a órdenes del juzgado del valor total adeudado, o en su defecto, los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres (3) últimos meses, o si fuere el caso, las consignaciones por el mismo valor de acuerdo con los requisitos de ley, como carga procesal para admitir el ejercicio del derecho de oposición del demandando, dicha exigencia por su contenido altamente limitativo del derecho de defensa debe ser interpretada restrictivamente, esto es, que bajo ninguna circunstancia puede resultar exigible para otras personas distintas del demandando que gocen de legitimación para intervenir en dicho proceso.

Para la Corte, es indiscutible que el Juzgado Civil Municipal ?no sólo incurrió en un desconocimiento constitutivo de vía de hecho por defecto procedimental al extender al Defensor de Familia la carga procesal impuesta por el parágrafo 2°, numeral 2°, del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, cuando conforme a su contenido literal y a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional, dicha carga solamente le resulta exigible al demandado; sino que también lo hizo al ignorar el valor normativo de la Constitución, que en tratándose de la preservación de los derechos fundamentales de los menores de edad, le reconoce al citado funcionario plena legitimatio ad processum para exigir en todo momento de las autoridades judiciales competentes ?su cumplimiento y la sanción de los infractores?, conforme lo establece categóricamente el artículo 44 Superior.

De igual forma, la Corte consideró que (ii) ?la obligación del juez accionado de admitir y dar curso a la intervención del Defensor de Familia en defensa de los derechos fundamentales de los citados niños, resultaba aún más exigible teniendo en cuenta la existencia de un posible fraude a la ley, a partir de las posibles maniobras jurídicas realizadas con gran habilidad por el padre de los niños, en su condición de abogado titulado, para sustraerse al cumplimiento debido de su obligación alimentaria para con sus tres (3) hijos menores de edad. De hecho si no lo hubieren solicitado, era obligación del juez convocarlos por tratarse de terceros afectados.

La omisión en el cumplimiento de la obligación que les asiste a las autoridades judiciales de convocar al proceso de restitución de inmueble arrendado a los representantes legales o al Defensor de Familia, es constitutiva de vía de hecho, cuando de los elementos de juicio que acompañan al proceso se vislumbra la posible configuración de un fraude a la ley o la existencia de un vicio que comprometa la validez del negocio jurídico que soporta la pretensión de restitución, y que por sus efectos puede llegar a comprometer las garantías mínimas de los niños, pues dicha circunstancia implica la existencia de una restricción excesiva de los derechos fundamentales de los citados menores de edad, como lo son los derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción.

Para la Corte, la pretensión de restitución del inmueble que servía de vivienda familiar para los niños escondía el ánimo del padre de sustraerse al cumplimiento de su obligación alimentaria y, en esa medida, era obligación del juez accionado convalidar y admitir la intervención de la autoridad estatal de protección a la niñez, con miras a asegurar la prevalencia de los derechos de los niños. No hacerlo constituyó una vía de hecho por defecto procedimental, al permitir la aplicación de una restricción excesiva sobre los derechos fundamentales de los niños, como los derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, constitutiva de una nulidad insubsanable por lo cual declara sin ningún valor ni efecto la sentencia proferida por el juez accionado.

Para restablecer los derechos de los niños la Corte ordenó al juez accionado admitir la vinculación del defensor de familia como representante de los menores de edad y continuar con el trámite del proceso abreviado de restitución de tenencia hasta proferir la decisión que corresponda, con el pleno respeto de las garantías constitucionales de los menores de edad. De igual forma, le ordenó asegurarse que la tenencia del bien inmueble objeto de controversia fuera efectivamente restituido a los niños y a su madre en caso de encontrarse en manos del padre o de un tercero a título gratuito; o que, si se llegare a acreditar la existencia de un contrato de arrendamiento sobre el mismo, adoptara las medidas que resultaran indispensables para asegurar que los cánones de arrendamiento fueran puestos a disposición de la señora a título de alimentos provisionales para sus hijos; o que en caso de haberse transferido la propiedad se informara a la Fiscalía para que ésta procediera de acuerdo con su competencia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-494-05

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