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Última modificación: 2006-12-06
Se vulnera el derecho a la personalidad jurídica del niño a quien se le asigna un estado civil con una persona que en proceso de paternidad no se identifica adecuadamente

Una madre de familia presentó acción de tutela en favor de sus hijos al considerar que sus derechos fueron vulnerados por la decisión de un juzgado de familia y de la Sala de Familia de un Tribunal Superior tras haber dejado sin efecto una medida cautelar decretada en el proceso de investigación de paternidad de sus hijos, que fijaba una cuota alimentaria al presunto padre, y, por haber dispuesto la entrega de los títulos descontados hasta la fecha a éste, porque su individualización y clara identificación no se concretó en el trámite del proceso de investigación de paternidad. Esto debido a que se señaló un estado civil con tal persona sin identificarlo plenamente. Se trataba del caso de un señor que manifiesta socialmente llamarse de una manera pero que en la empresa en la que trabaja y en la entidad de seguridad social se registra de otra.

Sobre el particular es importante señalar que el juez de conocimiento en el proceso de investigación de paternidad tiene la responsabilidad no sólo de adelantar dicho proceso con el estricto cumplimiento del procedimiento señalado para el mismo -exigiendo de las partes intervinientes una participación veraz, oportuna y responsable-, sino que él, por su parte, debe actuar de manera diligente recurriendo a todos los mecanismos y herramientas legales que la actuación judicial pone a su alcance, para que la decisión que llegue a tomar responda a los criterios de justicia y responsabilidad que tal dignidad le imponen, lo cual no ocurrió en este caso pues continuó el proceso sin acudir a las herramientas legales de que disponía para resolver dudas fácticas en la identificación del demandado.

El juez al evidenciar la inexactitud del nombre de la persona demandada en el proceso de investigación de paternidad que había iniciado en su contra la madre de los niños, debió ordenar de manera diligente la práctica de las pruebas conducentes a aclarar la duda sobre la identidad del investigado en vez de mantener una actitud pasiva hasta proferir una decisión judicial que, si bien puso fin al proceso, en la práctica se constituyó en una decisión imposible de cumplir y por lo mismo en una vía de hecho por la configuración de un defecto fáctico.

La Corte concedió la tutela y a fin de dar cumplimiento a los principios de celeridad y economía procesal, visto el tiempo trascurrido desde la iniciación de dicho proceso, ordenó que al rehacerse las actuaciones anuladas se tengan como pruebas legalmente obtenidas las practicadas en su momento, tal y como lo dispone el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1°, numeral 86, sin perjuicio del derecho de contradicción del demandado. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-489-05

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