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Última modificación: 2007-05-03
La autorización judicial previa al aporte en sociedad de derechos reales de menores de edad sobre bienes inmuebles es una medida necesaria y conducente para la protección de sus derechos

Se demandó la inconstitucionalidad de un aparte del artículo 103 de la Ley 222 de 1995, por la cual se modifica el Código de Comercio. La norma demandada prevé que los incapaces no pueden ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. Pero que en las demás situaciones pueden serlo si actúan por conducto de sus representantes o con su autorización, según el caso. Y agregaba la disposición: ?Para el aporte de derechos reales sobre inmuebles, bastará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 111.? El demandante consideró que este aparte de la norma desprotegía los derechos de los menores de edad.

La Corte precisó que si bien el legislador tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias que configuran la situación de debilidad y para el diseño de las normas específicas de protección, en todo caso, esta libertad encuentra un límite frente a los incapaces, en la medida en que le está vedado desprotegerlos y exponerlos a la vulneración de sus derechos, en particular de sus derechos fundamentales. Para la Corte, tales medidas deben ser efectivas y conducentes para lograr tal amparo y no excluir aquellas que sean necesarias e indispensables para alcanzar esos propósitos.

La Corte recuerda que tanto el Código de Comercio como el Civil contemplan medidas alternas a la de la autorización judicial para el aporte en sociedad de derechos reales de los incapaces, tales como: i) la prohibición para intervenir como socios en sociedades en las que comprometan su responsabilidad más allá del aporte; ii) la necesaria intervención del representante legal para asociarse y para aportar derechos reales sobre inmuebles; iii) la responsabilidad hasta la culpa leve de los representantes legales de los incapaces; iv) la obligación de otorgar fianza y hacer inventario solemne, que deben cumplir los guardadores antes de que la guarda les sea discernida y la de llevar cuentas de la administración con posterioridad al discernimiento; v) la existencia de causales de remoción para los guardadores, por incapacidad, ineptitud, culpa grave o actos repetidos de mala administración; y vi) la responsabilidad penal por malversación y dilapidación de bienes de familiares.

No obstante, dice, tales medidas no impiden que una inversión que tradicionalmente se considera segura y beneficiada por un régimen jurídico especial se cambie por otra que no reviste de esos atributos; además, las responsabilidades que podrían derivarse para los representantes legales de los incapaces o los administradores de las sociedades por un manejo inadecuado de los intereses del menor o de la sociedad, respectivamente, son posteriores en el tiempo a los actos que las originan, de manera que no son aptas para prevenir o impedir posibles malversaciones o actos dolosos en detrimento de los intereses del incapaz. Permite que los incapaces dejen de tener en cabeza suya una inversión segura, protegida especialmente por el ordenamiento jurídico, para cambiarla por otra sujeta a mayores posibilidades de ganancia o pérdida. También que por este camino la ley tolera la pretermisión de la licencia judicial que de manera general la ley civil exige para proceder a los actos dispositivos o al gravamen sobre bienes inmuebles de incapaces.

Por tal razón, a juicio de la Corte, la licencia judicial derogada por la norma acusada sí era una medida necesaria y conducente para proteger los derechos de los incapaces, en cuanto i) era previa y por lo tanto de carácter preventivo; ii) permitía la intervención del juez y el representante del ministerio público, autoridades imparciales a la hora de evaluar la utilidad o necesidad del acto; iii) no toleraba que, por vía de un aporte en sociedad sin más requisitos que el de la inscripción de la escritura respectiva en la oficina de registro, se pretermitieran todas las demás normas del Código Civil que exigen licencia judicial para actos dispositivos o de gravamen sobre bienes de incapaces; iv) favorecía que en cabeza de los incapaces se mantuvieran derechos a los que históricamente se les concede especial valía y se protegen mediante un régimen jurídico especial; y v) conjuraba el peligro de actos jurídicos irresponsables o dolosos respecto de los derechos de los incapaces.

Por lo anterior, la Corte declaró inexequible el aparte demandando del artículo 103 del Código de Comercio, modificado por el artículo 2° la Ley 222 de 1995. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-716-06

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