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Última modificación: 2007-07-16
Violación del principio de la confianza legítima y del derecho a la educación por supresión de cursos de preescolar luego de haberse iniciado el año lectivo

Dos madres matricularon para el grado de transición a sus hijos de 3 y 4 años de edad en diferentes instituciones educativas de un municipio. Luego de estar matriculados y de acudir las primeras semanas a clase, la Secretaría de Educación del Departamento estableció que los niños no podían acceder a la educación pública porque la edad mínima para ingresar al grado de transición es de cinco (5) años, cumplidos a la fecha de inicio del calendario escolar. Por este motivo, los Colegios no siguieron prestando el servicio educativo a los niños.

Para la Corte ni los tratados internacionales de derechos humanos ni la Constitución Política obligan actualmente al Estado colombiano a abrir cursos de prejardín y jardín, para los niños menores de cinco (5) años de edad. Sin embargo, ello es posible ya que la legislación colombiana ha previsto la posibilidad de ampliar la cobertura a esos niveles, siempre y cuando se cumpla antes con la condición de cubrir al 80% de los niños de cinco años de edad con el grado de preescolar obligatorio y al 80% de los niños entre los seis y los quince años de edad con la educación básica.

Para la Corte, la decisión de las autoridades municipales de cerrar los grados de jardín y prejardín abruptamente, para dar cumplimiento a la norma de orden nacional, vulneró el principio de la confianza legítima y el derecho de los niños a la continuidad en la prestación del servicio de educación, en aras de no afectar su desarrollo integral. Ello porque los padres de los niños habían matriculado de buena fe a sus hijos en la institución educativa, confiando en la decisión de la administración municipal de abrir los cursos de prejardín y jardín. Una interpretación pro infans de la ley conduciría a la conclusión de que en estas situaciones solamente puede recurrirse a esta medida como ultima ratio, luego de haber buscado alternativas menos drásticas para con los niños. Por lo anterior, la Corte concedió la acción de tutela. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-938-06

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