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Última modificación: 2007-07-16
Obligación de los jueces de garantizar derechos procesales de las partes en procesos verbales de pérdida de la potestad parental y de administración de bienes

Una madre interpuso acción de tutela contra un juez de familia por haber adelantado un proceso de pérdida de la administración de los bienes de su hijo y un incidente para la extinción de la patria potestad por vía de un procedimiento verbal sumario, en violación de sus derechos fundamentales y los de su hijo. Además por haber ordenado la liquidación de la sociedad comercial en la que participaba el menor y la inscripción de la sentencia en el registro mercantil y de nacimiento del infante.

La Corte verificó que había operado un defecto procedimental absoluto pues el proceso adelantado por el juez de familia había sido equivocado, ya que el trámite debía haberse surtido a través de un proceso verbal y no de un verbal sumario. Esta decisión había privado a la actora de la posibilidad de impugnar la sentencia, le había disminuido los términos para contestar la demanda, le había restringido la oportunidad de alegar nulidades y había pasado por alto los pasos para atender las excepciones previas.

Por lo anterior, la Corte concedió el amparo solicitado por la señora en protección de su derecho al debido proceso, así como el derecho de su hijo a tener una familia y a no ser separado de ella. Ordenó dejar sin efecto las actuaciones efectuadas dentro del proceso de privación de la administración de los bienes del niño, sin afectar las pruebas que fueron aportadas con observancia de las garantías propias del debido proceso así como la demanda instaurada. Como consecuencia de ello, ordenó restablecer los derechos de la señora incluida la administración de los bienes del niño. Pero previno al juzgado, que adoptara las medidas que fueran necesarias para proteger dichos bienes, si se consideraba que con esa decisión aquellos quedaban en riesgo. E instó al juez a adoptar las medidas que garanticen de la mejor manera posible el mantenimiento de los lazos familiares del menor con sus padres y el equilibrio en las medidas a adoptar para resguardar el interés superior del niño. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-115-07

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