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Última modificación: 2010-07-28
Derechos de los niños con discapacidad en el sistema de protección estatal.

Se interpone acción de tutela por considerar vulneratorio de los derechos fundamentales la decisión de dar por terminada la medida especial de protección de hogar biológico que amparaba a dos niños con discapacidad en cuyo nombre se interpuso la acción de tutela y cuyas familias se encuentran en situación de pobreza. No hubo advertencia previa sobre el carácter temporal de la medida. No se contempló un periodo de transición una vez se decidió darla por terminada. La evaluación que se realizó para ese efecto fue precaria. Si bien se refiere a las condiciones que permiten tener como superada la condición de extrema vulnerabilidad, se hace más énfasis en un inventario de las medidas de protección vigentes que ya habían excedido el límite temporal máximo, que en una verdadera evaluación sobre el logro de los objetivos propuestos en cada caso concreto de los niños beneficiarios. No basta brindar apoyo por un tiempo prolongado, sino que es necesario mostrar que ese apoyo se tradujo en mejores condiciones para que la familia pueda atender las necesidades del niño con el apoyo de la red de servicios del Estado y su correspondiente seguimiento.

Una síntesis del sistema constitucional de protección de los derechos de los niños con discapacidad, incluyendo las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad, permite concluir que:

a. El niño con discapacidad es un sujeto de especial protección constitucional, condición que se ve reafirmada cuando se encuentra en condiciones de pobreza.

b. El niño con discapacidad debe gozar de la plenitud de los derechos que el ordenamiento reconoce de manera general a todos los menores de edad, sin discriminación alguna por razón de la incapacidad.

c. Toda medida que afecte a los niños con discapacidad en el disfrute de sus derechos se presume inconstitucional y corresponde a las autoridades asumir la carga de la prueba en contrario.

d. Los niños con discapacidad tienen derecho a que se adopten medidas de discriminación positiva orientadas a permitirles su rehabilitación, integración social y disfrute de sus derechos.

e. Corresponde en primer lugar a los padres o a las personas que tengan a su cargo la custodia de los menores de edad asistir y proteger al niño, tarea en la cual, sin embargo, existe una participación de la sociedad y del Estado y una responsabilidad subsidiaria de éste.

f. En la medida de los recursos disponibles, el Estado debe brindar asistencia pública orientada a permitir que los niños con discapacidad y en condiciones de pobreza extrema accedan a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

De manera general, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, tratándose de menores de edad, los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad social, tienen el carácter de fundamentales. En ese contexto, los niños con discapacidad tienen, por virtud del principio de no discriminación, asegurado, prima facie, el acceso a las prestaciones públicas disponibles para la generalidad de los niños.

Por lo anterior la Corte concedió el amparo solicitado y ordenó al Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en el término de un mes practique una evaluación en torno a la situación actual de los niños en orden a determinar si se encuentran dentro de los presupuestos que dan lugar a una medida de protección, a la luz de las previsiones del Código de la Infancia y la Adolescencia. En particular la evaluación deberá referirse a la capacidad de las unidades familiares de los niños para atender sus necesidades básicas y a la manera como sus requerimientos en materia de educación y de salud están siendo atendidos por las correspondientes instituciones del Estado. Igualmente ordenó que si como resultado de la anterior evaluación se encuentra un déficit en la atención de sus derechos a la salud, a la educación o al apoyo necesario para que puedan disfrutar plenamente de ellos, el ICBF deberá dictar la medida de protección que corresponda y, en desarrollo de su responsabilidad como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, realizar el acompañamiento necesario para que los menores tengan acceso a los sistemas educativo y de salud en los términos del Código de la Infancia y de la Adolescencia.

Finalmente, ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Dirección de Promoción Social del Ministerio de Protección Social, como responsable del Plan Nacional de Discapacidad que, sobre la base de un censo de la población de menores de edad con discapacidad que hayan solicitado medidas de protección en los distintos centros del ICBF en el país, en el término de cuatro meses contados a partir de la notificación de esta providencia, presenten a la Corte Constitucional las bases de una política pública específicamente orientada a atender las necesidades de los menores de edad con discapacidad y en condiciones de extrema pobreza, que comprenda los componentes de educación, salud y asistencia, en los términos de la Ley 1098 de 2006, y que incluya la programación de las partidas presupuestales necesarias, así como indicadores que permitan medir permanentemente el avance, el estancamiento o el retroceso en la cobertura de tales derechos. Para tal efecto se comunicó la providencia al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Director de Planeación Nacional para que, en el ámbito de sus competencias, contribuyan a que las metas presupuestales que requiere la política de atención a los niños y niñas con discapacidad y en condiciones de extrema pobreza se alcancen. nota 1

Con el propósito de proteger especialmente a los menores de edad discapacitados, surgen modalidades de protección como fueron los ?hogares biológicos especiales para menores discapacitados?, hoy hogares gestores, con el fin de prestar una ayuda económica a sus familias y de esta manera brindarles orientación y apoyo técnico para que puedan superar las circunstancias que dieron origen a la medida de protección. De ahí, que una vez se analiza el caso por parte del Centro Zonal correspondiente, se debe elaborar un plan de rehabilitación con la participación activa de la familia para que una vez cumplidos los objetivos se pueda dar por terminada la medida de protección respecto del niño beneficiado con ella y de esta manera poder darle la oportunidad a otro que se encuentre en las mismas circunstancias.

Sin embargo, en relación con la determinación de cierre del hogar biológico, cabe recordar que el referido programa está diseñado para ayudar a los menores que se encuentren en una situación irregular, mientras se supera por parte del grupo familiar la situación de peligro, por lo que tal objetivo no puede ser truncado de manera abrupta por la llegada del límite temporal al que aluden las normas respectivas. Si bien un límite temporal puede servir de criterio para que, en busca del objetivo que se propone el programa, se fijen metas a cumplir por parte del ICBF, dicho límite, en ciertos casos, puede convertirse en factor vulnerador de los derechos fundamentales de los niños y niñas que por sus particulares circunstancias requieren un tiempo mayor de atención por parte del programa respectivo.

Así, un límite temporal para la ayuda que presta el ICBF a través de los hogares gestores, debe ser apreciado no aisladamente sino en armonía con otros criterios que le permitan valorar adecuadamente, en cada caso, la oportunidad de disponer la terminación de tal ayuda sin lesionar los derechos fundamentales del menor beneficiario. Además, considerar sólo el límite temporal como criterio para dar por terminado un hogar gestor, sin que se hayan superado las condiciones que le dieron origen, hace inanes los deberes del Estado de brindar una protección efectiva a los menores, pues los logros alcanzados en relación con un menor que se beneficia del programa, en cuanto a salud, educación y apoyo integral, se verían truncados de un momento a otro por la llegada de un lapso de tiempo determinado, con lo que el tiempo y los recursos humanos y económicos dedicado al menor quedarían completamente perdidos. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-608-07
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-816-07

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