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Última modificación: 2006-08-01
Prohibición de ligar trompas a menor de edad con discapacidad sin autorización judicial

En el caso de una menor de edad que padece problemas de epilepsia, retardo mental y trastorno del déficit de atención, es necesaria la autorización judicial para la realización de la intervención quirúrgica (ligadura de trompas) dispuesta por el médico tratante, por tal motivo, la madre de la menor no puede solicitar el amparo constitucional, sin lograr la autorización judicial, que debe obtenerse a solicitud de los dos padres, a menos que uno haya perdido la patria potestad. Por otra parte, ante la duda de que exista la capacidad para otorgar consentimiento futuro debe asumirse que tal posibilidad existe. Pero si existe un razonable grado de certeza de que la persona no va a alcanzar tal nivel de autonomía que le permita comprender y dar o no su consentimiento para realizar la ligadura de trompas (o inclusive para comprender las consecuencias de no poder decidir libre y responsablemente el número de hijos y su espaciamiento) y existe razón médica para realizarla, bastará la autorización judicial.

Pero si no existe imperativo médico, el juez en el proceso que para ese fin ha de iniciarse puede autorizar, si existen argumentos razonables, la práctica de la intervención aun sin la existencia de consentimiento previo. Por lo anterior se rechazó la tutela y se ordenó que por conducto del ICBF se le informara a la demandante sobre los trámites, en los términos indicados en la sentencia, que debe realizar a fin de poder solicitar a un juez de la República que autorizara la práctica de una tubectomía en su hija; y ordenar al Seguro Social que en lo sucesivo se abstenga de practicar intervenciones que afecten la autonomía personal de quienes padecen limitaciones mentales, hasta que no se obtenga la autorización judicial respectiva o que se trate de una situación de urgencia o de imperiosa necesidad nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-248-03

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