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Última modificación: 2006-08-01
Límites a la libertad de expresión de las autoridades religiosas para respetar la dignidad de los niños con discapacidad

Un pariente en representación de su sobrino con discapacidad mental interpuso acción de tutela contra un sacerdote por negarse a ofrecer el sacramento de la comunión y calificar al niño de actuar como ?animalito?. La Corte manifestó que en materia de libertad de cultos y de religión la Constitución no establece restricciones, pues el artículo 19 de la Carta está fijado en términos positivos. Es decir, que la libertad de cultos supone, en cuanto a su núcleo esencial, ?las posibilidades, no interferidas por entes públicos o privados, de dar testimonio externo de las propias creencias?. Por lo tanto, prima facie, le está vedado al Estado, así como a los particulares impedir que la persona establezca relación personal con aquello que considera un ser superior y que lo haga público, en las condiciones que el particular credo y código moral que se deriva del mismo, le impongan.

Así mismo, supone la obligación de respetar dicho código moral, pues así como se espera que el Estado y los particulares respeten el código moral propio de cada comunidad religiosa, también se espera que tales códigos morales no se conviertan en normas jurídicas. De allí que la no inclusión de tales códigos morales religiosos en el ámbito del derecho, es requisito para lograr la libertad de las personas. De esta manera, la negativa de una comunidad religiosa de permitir a uno de sus miembros participar, por razones propias de la comunidad, en una ceremonia que corresponda a su culto, es un asunto interno que no corresponde resolver al Estado. La separación entre Iglesia y Estado y la efectiva protección de la libertad de cultos y de religión suponen que el Estado se encuentra vedado para intervenir en estos asuntos, pues, así como lo moral religioso no puede constituirse en fundamento para la convivencia ciudadana y el ordenamiento jurídico, el Estado no puede establecer el contenido dogmático y moral de un determinado grupo religioso.

Tales dogmas y códigos morales se definen de manera autónoma, a partir del sentido que cada una de las prácticas tiene en la comunidad, en relación con su propio sistema de valores. En cuanto a la libertad de expresión la Corte señaló que se puede limitar, en especial, cuando los discursos no son neutros y la capacidad de afectación de los bienes constitucionalmente protegidos depende, en buena medida, de quien hace el discurso y las expresiones utilizadas y el contexto en el cual se hace. Se protege una libertad que tenga por objeto destruir los derechos de los asociados, como sucede con el trato denigrante de seres humanos, sea en ejercicio del discurso religioso u ordinario, los cuales no pueden desconocer los límites. Es decir, está absolutamente prohibido que tales discursos tengan por efecto despojar a un ser humano de la condición de humanidad, especialmente cuando se hacen afirmaciones como -los niños con discapacidades son ?animalitos? que no comprenden el sacramento de la comunión.

La condición de discapacitado implica que tiene disminuidas facultades o habilidades propias de un ser humano, pero nunca que pierda la condición de tal; es probable que realizar ciertos actos demande un mayor esfuerzo físico e, inclusive, que sea necesaria la asistencia de otra persona o la ayuda de elementos mecánicos o electrónicos desarrollados por otras personas, pero ello no implica la pérdida de la condición de humanidad. La Corte ordenó al sacerdote demandado que, de manera pública, haga un reconocimiento de su equivocación. Y aclare que, el hecho de que una persona tenga una discapacidad, no implica inferioridad, que permita calificarle como un no ser humano o como un ?animalito? nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1083-02

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