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Última modificación: 2006-08-01
Legitimidad de las sanciones por incumplimiento del pago de la obligación alimentaria

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 150 del Decreto 2.737 de 1989 que establece: ?Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga con respecto del menor, no será escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado personal ni en el ejercicio de otros derechos sobre el menor?. El actor estimó que la norma demandada faculta a otro particular, ya sea progenitor, adoptante o custodiante, para desconocer los derechos del deudor alimentario y atenta contra la integridad familiar y los derechos del niño, al no permitirle a sus progenitores brindarle el cuidado y la atención que merece, no tener en cuenta las dificultades de los alimentantes para atender la subsistencia del alimentario y supeditar el afecto al cumplimiento de obligaciones pecuniarias. La Corte declaró constitucional el artículo demandado y determinó que la voluntad del Legislador con la norma es la de imponer una carga procesal para acceder a la justicia al obligado a responder por la congrua subsistencia o atención vital del niño.

La exigencia de demostrar el cumplimiento de la obligación alimentaria no puede considerarse contraria a los artículos 29 y 229 constitucionales, puesto que, además de responder a la finalidad legítima de propender por la subsistencia del menor, no se trata de un obstáculo para impedir el acceso a la justicia, sino de una medida razonable destinada a garantizarle al niño su desarrollo armónico e integral, de cara a quien, acude ante la administración de justicia con el objeto de hacer efectivos sus derechos en relación con el menor. A su vez, como quiera que quien no demuestra que está cumpliendo su deber de atender los requerimientos alimentarios del menor, si bien no puede ejercer sus derechos de acción y de contradicción en relación con el menor, puede subsanar su omisión allanándose a cumplir con tales requerimientos, la exigencia en comento no hace inoperante ni trunca los mencionados derechos.

La obligación alimentaria no es solamente una prestación de carácter económico, sino, especialmente, una manifestación del deber constitucional de solidaridad y de responsabilidad, fundadas, de una parte, en la necesidad del alimentario y en la capacidad del alimentante, y, de otra, en la libre determinación de constituir una familia y de elegir el número de hijos que se desea procrear. Lo anterior no obsta para que la difícil situación del alimentante pueda ser evaluada, si éste así lo solicita. Lo que sucede es que no se compadecería con una necesidad vital, como es para el menor la de recibir alimentos, que el responsable se sustraiga, sin más, de su cumplimiento, y que además se le permita ejercer sus derechos en relación con el menor, sin que medie la explicación que demanda tal conducta. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-011-02

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