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Última modificación: 2006-08-01
Improcedencia de la renuncia a obligaciones alimentarias. necesidad de los padres de demostrar el pago de sus obligaciones alimentarias para ser oidos en procesos judiciales

Una madre interpuso acción de tutela en favor de su hijo de ocho años contra un juez promiscuo de familia porque levantó las medidas cautelares decretadas en contra del progenitor de su hijo, dentro de un proceso ejecutivo de alimentos instaurado por la actora. El juez demandado fundamentó su decisión en la existencia de una conciliación ante la defensora de familia, en la que la madre del niño había renunciado al cobro de la cuota alimentaria y declaraba asumir la obligación de atender a la subsistencia del niño sin ayuda del padre. El juez consideró que la demanda de alimentos, luego de ese acuerdo, era un cobro de lo no debido, excepción que reconoció dentro del proceso por vía de excepción de inconstitucionalidad, ya que para este tipo de procesos, la ley sólo admite la excepción de pago.

La demandante sostuvo que el juez accionado incurrió en vía de hecho porque i) le dió valor probatorio a una acta de conciliación en la que ella renunció al derecho alimentario del menor, siendo éste irrenunciable; ii) desconoció el mandato del artículo 158 del Código del Menor; iii) se apartó de las disposiciones legales que regulan los procesos ejecutivos con obligaciones periódicas; iv) no protegió al menor como era su deber y v) hizo caso omiso de las disposiciones constitucionales que establecen las obligaciones alimentarias de los padres, la igualdad de derechos de los hijos y la prevalencia de los derechos de los niños.

La Corte consideró que en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Ley 51 de 1981) y la Convención de los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991), el Estado debe buscar que los padres cumplan con el pago de los alimentos a favor de sus hijos, sin permitirles renunciar a sus obligaciones. La Corte destaca que el Código del Menor es prolijo en disposiciones tendientes a lograr este propósito, normas que perderían todo su empuje y desarrollo si el operador jurídico pudiera alterarlo, así fuere para hacer prevalecer otros principios y valores constitucionales. En el caso particular, lo que debe prevaler son los derechos de los niños incluso sobre otros derechos y garantías previstas en la Constitución.

La Corte también precisó que los padres no pueden reclamar ante las autoridades su derecho a departir con sus hijos menores, si previamente no se allanan a cumplir con sus obligaciones alimentarias. Tampoco pueden condicionar el cumplimiento de esta obligación a la ocurrencia de determinados comportamientos. Quien no cumple con su obligación alimentaria no puede ser oído en ningún trámite, diligencia o actuación judicial o administrativa relativa a los intereses y derechos de los menores, salvo que la intervención sea para demostrar el pago; y dado que el padre del niño no demostró la cancelación de sus obligaciones alimentarias, no era posible que el juez tramitara excepción alguna diferente a la de pago de la obligación alimentaria. La Corte tuteló los derechos fundamentales de la madre y su hijo a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y a percibir alimentos.

En consecuencia, deja sin valor ni efecto la sentencia del juzgado promiscuo de familia, para resolver las excepciones propuestas por el padre del niño dentro del proceso ejecutivo por alimentos y dispone que el accionado (i) profiera nuevamente la providencia con sujeción al ordenamiento constitucional, y (ii) adelante las acciones tendientes a que la actora reciba real y efectivamente las sumas que el padre del menor le adeuda, a la mayor brevedad. La Corte previene de igual forma al ICBF a fin de que instruya a los funcionarios sobre su responsabilidad respecto del cumplimiento real, efectivo e incondicional de las obligaciones alimentarias y para que se tomen los correctivos que sean del caso, entre estos, que los alimentantes no sean oídos en diligencias judiciales y administrativas relativas a sus derechos e intereses respecto de los menores, si no demuestran el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Extiende el llamado a los jueces de familia, a los comisarios de familia e inspectores de policía. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-161-04

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