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Última modificación: 2007-05-02
Prelación de créditos y embargo de bien ya sujeto a medida cautelar cuando se lleve a cabo proceso de inasistencia alimentaria a favor de menores

La accionante consideró que se vulneraban derechos fundamentales de sus hijas con la decisión de la registradora de instrumentos públicos de no inscribir la medida de embargo de un inmueble, decretada por el juez de familia en un proceso de alimentos de menores, por encontrase el bien previamente afectado por medida de embargo decretada por un juez civil. La Corte entró a dilucidar que la prevalencia de embargos y la prelación de créditos son dos instituciones jurídicas establecidas por el Legislador que aunque guardan cierta relación tienen regímenes diferentes. La prevalencia de embargos es una figura de carácter procesal a ser aplicada por el registrador, que se materializa en el registro de instrumentos públicos y atiende la finalidad propia de las medidas cautelares: garantizar el cumplimiento de la obligación debida y evitar la insolvencia del deudor.

Por su parte, la prelación de créditos es de carácter sustancial, que consiste en una graduación de los mismos efectuada por el Legislador, que corresponde al juez aplicarla en los procesos judiciales y cuya finalidad es cumplir con el pago efectivo de las obligaciones a cargo del deudor, en el orden de preferencia establecido, de tal suerte que si obligaciones pecuniarias del deudor frente a diferentes acreedores no pueden ser cumplidas con los bienes existentes, se pagarán hasta donde sea posible y de acuerdo con el orden fijado por la ley (Código Civil, arts. 2488 y siguientes). De acuerdo con el contenido de los anteriores preceptos, la medida de embargo de un bien sujeto a registro decretada por el juez de familia en un proceso de alimentos de menores está regulada por lo dispuesto en el artículo 542 del CPC, razón por la cual este funcionario judicial deberá dar aplicación al procedimiento allí establecido.

Por lo tanto, el juez de familia, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trata, deberá comunicar inmediatamente al juez civil de la medida de embargo. Por su parte, el juez civil adelantará el proceso hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, solicitará al juez de familia la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial. Así entonces, los derechos de las menores hijas de la accionante fueron garantizados por el juez civil que adelantó el respectivo proceso, pues él tiene la obligación de dar oportuna y plena aplicación a la prelación de créditos, en el orden en que lo ha señalado la ley y lo ratificó la jurisprudencia de esta Corporación, según las cuales en el primer orden de la primera clase se encuentran los créditos por alimentos a favor de menores.

Con base en lo anterior la Corte denegó la tutela impetrada y estableció que la registradora de instrumentos públicos accionada no desconoció los derechos fundamentales y prevalentes de las menores hijas de la accionante (Constitución Política, art.44), pues se limita a dar cumplimiento a los mecanismos ordenados por el Legislador para hacer efectivo el pago de las obligaciones debidas. nota 1

En la misma línea se pronunció la Corte al conocer de una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1o. del artículo 558 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 306 del artículo 1o. del Decreto 2282 de 1989 que se ocupa de la prelación de embargos. El demandante alegaba omisión legislativa pues dicho precepto no contempla la prelación de las medidas cautelares decretadas en un proceso ejecutivo alimentario instaurado para satisfacer los créditos por alimentos debidos a un menor. La Corte indicó que la omisión podía ser subsanada mediante una interpretación sistemática del Código de Procedimiento Civil pues otras de sus disposiciones permiten hacer efectiva la prelación sustancial de créditos y garantizar la primacía de los derechos de los menores de edad. La Corte preciso que a pesar de que nuestro ordenamiento procesal no permite la acumulación de procesos ejecutivos adelantados por distintas jurisdicciones (artículo 541 numeral 3o.CPC), ni establece que los embargos dictados en los procesos ejecutivos que se adelanten para cobrar créditos privilegiados tengan prelación, los intereses de los acreedores privilegiados quedan a salvo mediante la aplicación del artículo 542 ibidem, pues el juez que adelante el proceso ejecutivo para el cobro de un crédito de esta naturaleza debe oficiar al juez del proceso ejecutivo con garantía real para que una vez se realice el remate en primer lugar se satisfaga con el producto de éste los créditos que gozan de preferencia. Por ello, la Corte declaró exequible la norma demandada por el cargo de omisión legislativa. nota 2

En otro caso parecido al primero, en el cual un registrador de instrumentos públicos se negó a inscribir un embargo ordenado por un juez de familia por considerar que no es posible desplazar un embargo por acción personal, en razón de una medida similar proferida dentro de un proceso de alimentos; la Corte consideró que la actora podía acudir ante el juez de familia que ordenó el embargo para que proceda a insistir ante el registrador que haga efectiva la prelación de embargos, conforme al artículo 44 de la Constitución ?por aplicación directa-, ya que de acuerdo a esta norma (i) los jueces y registradores están en el deber de hacer prevalecer los derechos de los niños, en aspectos de embargos y créditos, como también en materias sustantivas y procesales, teniendo siempre presente su interés superior y (ii) a los padres y defensores de familia les asiste el derecho de invocar dicha prelación, cuando las circunstancias así lo indiquen.

De igual forma, dice la Corte, puede optar por hacer efectiva la norma constitucional dentro del proceso ejecutivo que se tramita ante el Juez Civil Municipal, atendiendo el estado de las ejecuciones. Para la Corte, la ausencia de un desarrollo legal de esta disposición, no impide que se haga una aplicación directa del artículo 44 superior, atendiendo a los criterios de interés superior de los niños. nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-557-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-664-06
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-086-04

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