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Última modificación: 2006-08-01
Obligación de los jueces de convocar a los afectados en procesos de restitución de inmueble arrendado, cuando se ponen en riesgo, de manera fraudulenta, las obligaciones de carácter alimentario con los hijos

Una madre, en su nombre y en representación de su hija, interpuso acción de tutela contra un juzgado civil municipal, en defensa de su derecho a ser oída en el proceso de restitución de inmueble arrendado que en su contra instaurara el padre de su hija, a pesar de haber declarado ante la Fiscalía General de la Nación que la obligación alimentaria con la niña la cumplía permitiendo que ésta y su madre residieran en dicho inmueble y además usufructuaran el valor que un tercero paga por el arriendo de una habitación en ese bien. Indicó que la jueza demandada no le permitió defender sus derechos y los de su hija en el proceso, debido a que no pudo consignar $11?000.000 de pesos, supuestamente adeudados por concepto de arriendo, por carecer de recursos para ello, misma razón por la cual no pudo designar un abogado que representara sus derechos.

La Corte Constitucional señaló que, en efecto, el padre de la niña no podía acudir al proceso de restitución del inmueble arrendado para despojar a madre e hija de la ocupación del bien después de haber reconocido ante la Fiscalía que con dicha ocupación cumplía con su obligación alimentaria.

Por otro lado, precisó que si bien era cierto que la juez civil municipal no podía tramitar la defensa de la madre de la niña respecto de las pretensiones de la demanda por ausencia de consignación de los canónes de arrendamiento presuntamente no pagados, debió advertir el posible fraude denunciado por la actora en relación con la afectación del derecho de la niña, y por lo mismo debió convocar a los perjudicados, sin que para el efecto requirieran consignar suma alguna ni mostrar recibos de ninguna clase, y de considerarlo pertinente informar al ICBF. Al no hacerlo ?dice- incurrió en vía de hecho.

Por lo anterior, concedió la tutela y ordenó a la jueza dejar sin efecto la sentencia proferida dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado, y en su lugar ordenar la vinculación de la accionante, en calidad de perjudicada con la decisión y representante legal de la niña, y continuar el asunto hasta proferir la decisión que corresponda, con pleno respeto de las garantías constitucionales de la actora. Agrega que, en caso de prosperar la pretensión de restitución, debe informar al ICBF para que un defensor de familia disponga las medidas de protección que sean del caso. De igual forma, deja claro que el padre de la menor dispone de la posibilidad de solicitar la revisión de la cuota alimentaria por las vías legales, si es su interés modificar sus obligaciones. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-838-04

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