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Última modificación: 2006-08-01
Consentimiento informado para proceder al tratamiento de menores con ambigÜedad sexual

Una afiliada al seguro social interpuso acción de tutela en favor de su hijo, que padecía de nacimiento una hipospadia y de conformidad con lo dispuesto por su médico tratante adscrito, requería unos exámenes urgentes, sin que el Seguro Social los haya practicado oportunamente. Los casos de intervenciones quirúrgicas y hormonales destinadas a remodelar los genitales, en casos de ambigüedad genital en menores de cinco años requieren un consentimiento informado, cualificado y persistente de los padres a fin de proteger el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la identidad sexual de los menores. Para que el consentimiento sustituto de los padres sea constitucionalmente válido, es necesario tener en cuenta la necesidad y urgencia del tratamiento, su impacto y riesgos, y la edad y madurez del menor de edad.

Si el juez, en un caso controvertido, tiene dudas sobre la decisión a tomar, éstas deben ser resueltas en favor del respeto a la privacidad de los hogares (in dubio pro familia), a fin de que los desplazamientos de los padres por las autoridades estatales sean minimizados. Las cirugías y los suministros de hormonas destinados a remodelar los genitales son tratamientos invasivos y extraordinarios, pues afectan la identidad sexual de la persona y son irreversibles, por lo tanto para realizar estas intervenciones se requiere de un consentimiento cualificado del propio paciente, lo cual sugiere que deberían postergarse hasta que la propia persona pueda decidir. La Corte no puede prohibir las cirugías tempranas a los hermafroditas, pues invade la privacidad familiar y podría estar sometiendo a estas personas a un incierto experimento social, pero como se encuentran de por medio derechos prevalentes de los niños, debe armonizarlos para lo cual considera que la autorización otorgada por los padres solo es válida si es producto de un consentimiento informado, cualificado y persistente que los médicos deben garantizar y verificar.

Debido a la necesidad del tratamiento se amparó el derecho del menor y se ordenó que en un término máximo de 48 horas contados a partir de la notificación del fallo se dispusiera lo necesario para que se le suministrara el tratamiento médico, hospitalario, quirúrgico, terapéutico, medicamentos y demás exámenes derivados de los resultados obtenidos, en pro de su normal desarrollo, bienestar y calidad de vida. Adicionalmente se ordenó al juez de primera instancia que verificara que el permiso de los padres para la realización de la cirugía a la menor, cumple con los lineamientos expuestos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Indicó que la EPS podrá repetir contra el Estado los gastos adicionales sobrevinientes relacionados y no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, con cargo a los recursos existentes en la subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1390-00

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