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Última modificación: 2006-08-01
La seguridad social en salud como derecho fundamental

· Derecho a la seguridad social en salud de los menores como derecho fundamental

La Corte Constitucional ordenó a una EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación del fallo, si así lo estimaba el médico tratante, o en la oportunidad que él lo indicara, bajo su responsabilidad profesional, se practicara la cirugía que requería un paciente, menor de edad, con grave deficiencia auditiva. La EPS había alegado que la intervención médica no se había llevado a cabo por la carencia de recursos, por un lado, y por el otro, la carencia por parte del menor de los requisitos exigidos tanto legal como reglamentariamente para que el menor tenga derecho a la práctica de esta cirugía, de acuerdo con el plan obligatorio de salud.

Se consideró que los derechos a la salud, a la seguridad social y al adecuado desarrollo físico y mental adquieren carácter de derecho fundamental cuando se trata de menores de edad, con más razón si se trata de menores de edad que padecen disminución sensorial, por lo tanto la acción de tutela se constituye en medio idóneo para su protección ante amenaza de vulneración o vulneración de tales derechos. Respecto de aquellas personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta deben aplicarse de manera preferente las normas del bloque constitucional respecto de las de inferior jerarquía que obstaculicen la aplicación real y efectiva de los derechos fundamentales. nota 1

· Obligación del Estado de garantizar la prestación del servicio médico a menores

La actora interpuso acción de tutela contra el ISS a nombre de su hijo dado que este padecía de una enfermedad que lo había dejado paralítico. Se le habían practicado una serie de cirugías y había recibido tratamiento por parte de las entidades con las cuales el ISS tenía convenio. Sin embargo, la actora no pudo cotizar los últimos meses al ISS porque no tenía la posibilidad económica de hacerlo. El menor necesitaba que se le practicara de urgencia un análisis pues debido a un tratamiento mal practicado porque al parecer padecía de cáncer en una rodilla; sin embargo el ISS no quería otorgar autorización con base en la falta de pago de los aportes.

La Corte concedió el amparo solicitado y obligó a que en el término de 48 horas se le prestara la atención requerida, enfatizando en que como consecuencia del carácter fundamental y prevalente de los derechos a la salud y a la seguridad social del niño se desprenden las siguientes características: (1) son de aplicación inmediata, sin requerir desarrollo legislativo, (2) prevalecen sobre el ordenamiento legal y reglamentario, y (3) cuando se trate de un niño discapacitado reclaman una prestación de mejor asistencia integral y especializada para su rehabilitación. De esta manera, cuando las limitaciones materiales de la familia no posibiliten el cuidado del niño, el Estado tiene, como deber de protección, el compromiso de otorgar atención médica oportuna con el fin de garantizarle el derecho a la salud. nota 2

· Obligatoriedad de practicar exámenes médicos de diagnóstico para determinar tratamiento

Una madre interpuso acción de tutela en contra del ISS en nombre propio y de su pequeño hijo de 5 años de edad ante la negativa de tal institución de que se le practicaran exámenes para diagnosticar si eran portadores del VIH. Durante el trámite de revisión de la tutela la madre accionante falleció. La Corte no se pronunció sobre el amparo de sus derechos fundamentales pues de acuerdo a la normatividad vigente la tutela no procedía cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado. Concedió el amparo solicitado para proteger los derechos del menor, obligando al ISS a practicar los exámenes en el término de 15 días hábiles. Estableció que en el caso de cualquier enfermedad la negativa de realizar un examen de diagnóstico que ayudaría a detectar la enfermedad de un paciente con mayor precisión para así determinar el tratamiento necesario, pone en peligro el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas.

Para la Corte, el derecho a la seguridad social, ligado a la salud y a la vida de los afiliados al sistema y de sus beneficiarios, no solamente incluye el de reclamar atención médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, tratamientos y medicinas, sino que incorpora el derecho al diagnóstico, es decir, la seguridad de que, si los facultativos así lo requieren, con el objeto de precisar la situación actual del paciente en un momento determinado y establecer el tratamiento indicado para controlar oportuna y eficientemente los males que lo aquejan o que lo pueden afectar, le serán practicados con la prontitud necesaria y de manera completa los exámenes y pruebas que los médicos ordenen. La entidad de seguridad social es responsable por negligencia, si no practica en forma oportuna y satisfactoria los exámenes que sus propios médicos hayan ordenado.

Sobre la base de su incumplimiento -que significa violación o amenaza de derechos fundamentales-, no puede culpar a aquellos por las deficiencias que acuse la prestación del servicio, ni le es posible eludir las consecuencias jurídicas, en especial las de tutela y las patrimoniales, que se deriven de los daños sufridos por la salud de afiliados y beneficiarios, y por los peligros que su vida afronte, por causa o con motivo de falencias en la detección de los padecimientos o quebrantos que son justamente objeto de su tarea. Este argumento es claramente aplicable al caso de los portadores de VIH quienes en muchas ocasiones son asintomáticos. En estas personas se sigue desarrollando silenciosamente el virus de no ser prescrito el tratamiento a seguir en su debida oportunidad. En consecuencia, mientras se omita la realización de exámenes determinados por el médico tratante para fijar el procedimiento a seguir, se estará vulnerando el derecho a la salud en conexidad con la vida. nota 3

· Requisitos para la prestación obligatoria del servicio de salud a menores cuando no se cumplen los elementos establecidos por la ley

Se interpuso acción de tutela por parte del padre de un menor quien sufrió un accidente que le causó graves quemaduras. La EPS a la que pertenecía adujo que no pagaría totalmente los gastos hospitalarios del menor dado que para enfermedades ruinosas o catastróficas se exigía un mínimo de semanas cotizadas que el accionante no tenía, razón por la cual solo cancelaría lo equivalente al 10% de los gastos obligando al padre a que cancelara el excedente, monto que no poseía por ser una familia de bajos recursos. La Corte concedió el amparo solicitado y reiteró que, en casos de suma urgencia, no se pueden exigir los períodos mínimos de cotización en aras de proteger el derecho fundamental a la vida. Cuando el usuario del POS del régimen contributivo, requiera atención médica por una enfermedad cuyo tratamiento sea de alto costo, y no cumpla con el período mínimo de cotización, debe ser atendido por la entidad de salud a la que esté afiliado, pero con la condición de que pague una suma determinada por los servicios prestados: "el porcentaje en semanas de cotización que le falten para completar los períodos mínimos contemplados".

El cobro de un porcentaje en dinero por la atención de enfermedades de alto costo, cuando no se hayan cumplido los períodos mínimos de cotización, no viola la Constitución, pues ésta no prescribe que los servicios de salud deban ser gratuitos. En los casos de urgencia la Ley 100/93, en su artículo 168, obliga a todas las entidades de salud de carácter público o privado, a prestar los servicios médicos correspondientes a todas las personas independientemente de su capacidad de pago.

La Corte, en múltiples pronunciamientos, ha inaplicado las normas que exigen a las personas asumir el valor correspondiente al porcentaje que les falta para cumplir el mínimo de semanas requeridas para la realización de un determinado procedimiento, condicionando esta excepción al cumplimiento de determinados requisitos: 1. que la falta del tratamiento sometido a un mínimo de semanas cotizadas al sistema vulnera o amenaza los derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal del afectado. 2. que se trate de un tratamiento que no pueda ser sustituido por otro de los contemplados en el POS, o que pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad del excluido del plan. 3. que el interesado no pueda cubrir el porcentaje que la EPS se encuentre autorizada legalmente a cobrar y no pueda acceder al tratamiento por otro plan distinto que lo beneficie. 4. finalmente, que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante. nota 4

· Obligatoriedad de prestar el servicio médico a menor aunque los aportes por parte del fondo de pensiones sean menores al salario mínimo

La madre de un menor de edad, actuando a través de apoderado, interpuso acción de tutela contra la EPS por violación de los derechos fundamentales a la salud y seguridad social de su hijo, ante la negativa de la EPS de prestarle atención médica. La EPS argumentó que los aportes del menor constituían menos del salario mínimo lo cual legalmente amparaba sus actuaciones y permitía la no atención de tales usuarios. Del acervo probatorio se determinó que el fondo de pensiones llamado a enviar los aportes, por ser el actor beneficiario de la pensión de sobrevivientes, venía haciéndolo equivocadamente. La Corte consideró que la atención en salud a cargo de las EPS está circunscrita al pago oportuno de los aportes; por lo tanto, cuando la empresa promotora suspende el servicio médico de uno de sus usuarios por falta de pago de las cotizaciones está asumiendo una conducta legítima; quedando a cargo del empleador moroso, la responsabilidad de la prestación del servicio, como consecuencia de su omisión.

Pero la Corte también ha dicho que si bien en principio las EPS no están obligadas a prestar servicios cuando no les han cotizado oportunamente, pues la obligación directa en tal materia es del patrono y a éste debe exigirse su cumplimiento, ello no las exonera de un deber esencial a su función como es el de atender a la persona que se encuentra en grave estado de salud, en una situación de urgencia, o afrontando grave peligro de muerte, deber que surge del principio constitucional de solidaridad, sin perjuicio de que las empresas puedan repetir contra el patrono incumplido por los costos que le genere esa situación. En el presente evento, no se trata de un patrono incumplido que no ha cotizado oportunamente, sino de un Fondo de Pensiones que, según la propia EPS lo reconoce, ha incurrido en un error de procedimiento que ha implicado, el desconocimiento de una exigencia prevista en la ley para que pueda prestar el servicio de salud a la actora y a su menor hijo como beneficiario, y por ello plantea que el amparo debe enderezarse exclusivamente contra la institución que a su juicio ha incurrido en el error.

En criterio de la Sala y ante la necesidad de proteger el derecho a la salud de menores de edad, no es esa la solución que el caso amerita con urgencia, pues es incuestionable que la EPS si bien puede admitirse que no generó el conflicto suscitado, indudablemente incurrió en una censurable omisión que permite atribuirle la violación del derecho fundamental en cuestión. En conclusión la sala amparó los derechos del menor e instó tanto a la EPS como al fondo de pensiones encargado de hacer los aportes a corregir el error en cuanto a los aportes y a prestar el servicio médico necesitado. nota 5

· Entidad de salud a la que no se está afiliado no vulnera ningún derecho fundamental al no prestar el servicio

La madre de una niña, a la que le fue diagnosticada una enfermedad auditiva que debía ser tratada a través de una operación, interpuso acción de tutela contra la ARS que se negó a practicarle el procedimiento. Con base en el acervo probatorio se determinó que la menor para el momento de la interposición de la tutela no se encontraba afiliada a la entidad demandada sino que había cambiado de ARS. La Corte estableció que cuando no hay afiliación con una determinada entidad prestadora de servicios médicos no es posible que esta viole derechos fundamentales al no prestar el servicio médico. Es claro que el derecho a la salud de los menores es considerado como fundamental y su respeto debe garantizarse a través de los mecanismos previstos para tal fin como la acción de tutela. Sin embargo en este caso no es posible que se otorgara el amparo constitucional impetrado ya que para ordenarle a la ARS demandada que le garantizara a la menor las prestaciones médicas, quirúrgicas, hospitalarias y farmacéuticas que necesitaba, se debía demostrar la existencia de un vínculo entre ella y la ARS demandada, el cual no aparecía acreditado en el proceso, y por el contrario, según prueba aportada, la afiliación la tiene con otra entidad. nota 6

· Protección al derecho a la seguridad social en salud prima sobre discusiones legales o contractuales

?A una menor le fue negado el cateterismo y la valvuloplastia pulmonar que requería aduciendo el Seguro Social que el padre de la menor no cumplía el requisito de las cien (100) semanas mínimas de cotización que, por disposición legal, se exige para esa clase de intervenciones, clasificadas como de alto costo. La Corte Constitucional señala que cuando está de por medio el derecho a la vida, es necesario otorgarle a éste la primacía que le es connatural, así que su protección y conservación escapa a cualquier discusión de carácter legal o contractual.

"Por lo tanto, "no es aceptable que en un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y en la conservación del valor de la vida, se pueda tolerar que ante el apremio de un individuo de recibir un tratamiento médico para conservar su existencia, se antepongan intereses de carácter económico, o una disposición de carácter legal..." nota 7 Cuando existe la necesidad de atención para garantizar la supervivencia de una menor, como cierta calidad de vida para ésta, frente a una entidad de seguridad social que tiene válidos intereses de tipo económico y estructural, el juez constitucional está obligado a armonizar los intereses de una y otra parte, a efectos de lograr su efectiva realización.? * nota 8

· Deber de las entidades de salud de informar claramente la entidad que debe prestar el servicio de salud requerido en caso del régimen subsidiado de salud

En el caso de una menor que requería una cirugía urgente en un ojo, la madre interpuso acción de tutela, por violación de los derechos a la vida, a la seguridad social en salud y a la dignidad humana, contra la Secretaría de Salud del departamento que no había, por ineficiencia, ordenado la práctica de la cirugía. La Corte determinó que en aras de prestar un tratamiento diferencial positivo, con el objetivo de preservar principios como la igualdad sustancial y el tratamiento especial a las personas en situación de debilidad manifiesta y cuyos derechos sean prevalentes como los de los menores, las entidades ya sean públicas o privadas encargadas de prestar el servicio público de salud, tienen el deber de realizar todas las diligencias necesarias con el fin de garantizar la continuidad del servicio, para evitar que aquellas personas que requieran de la prestación del servicio médico no vean menguada su salud, ante la inoperancia de las entidades prestadoras del citado servicio, las cuales suelen escudarse en que no les corresponde, sin hacer el más mínimo esfuerzo para preservar la salud de la población más vulnerable.

Por ello no es suficiente comunicarle al demandante que, conforme a lo dispuesto en normas legales, no le pueden cubrir los servicios solicitados, ni basta con señalar que existen instituciones de carácter público o privado con las cuales el Estado tiene contrato de prestación de servicios, sin especificar claramente cuáles son, cómo se acude a ellas, etcétera. Esa escasa información vulneraba efectivamente los derechos del peticionario desconociendo sus derechos fundamentales a la salud y su relación directa a la vida en condiciones dignas. En ese sentido, se ha dicho que cuando a una persona afiliada al régimen subsidiado se le niega un servicio por no estar contemplado en el POS, la Administradora del Régimen Subsidiado y las autoridades administrativas del sector salud tienen la responsabilidad de informarle claramente al interesado cuál entidad le prestará el servicio y acompañar al afiliado en el trámite para reclamar la atención solicitada, con el objeto de
garantizar que se lleve a cabo.

En este caso no se trataba de la imposibilidad de prestar el servicio por carencia de recursos ni de la inexistencia de contratos, sino que la accionada omitió el deber de indicar claramente a la interesada cuál entidad le prestaría el servicio requerido por su hija, orientarla y acompañarla en el trámite para que reclamara la atención solicitada y adelantara las gestiones necesarias para que la menor fuese atendida en la forma debida y con prontitud. Por lo anterior se concedió el amparo, instando a la Secretaría de Salud a que iniciara y adelantara todas las gestiones administrativas indispensables para que la menor fuera remitida a un centro asistencial con el que la entidad tuviera contrato vigente para la práctica de la cirugía que requería. nota 9

· Deber de atención a menor con enfermedad congénita

?A una docente le tocó cambiar de EPS, lo cual trajo como consecuencia que su hija se viera afectada al salir del cubrimiento de los servicios médicos pese a sufrir una enfermedad congénita, la cual por ese carácter, cae dentro del ámbito de cubrimiento de la nueva entidad. Señala la Corte que cuando exista una relación legal o reglamentaria entre el menor, titular del derecho fundamental a la salud, y una entidad encargada de la prestación de ese servicio, aquél puede reclamar a ésta la adecuada, eficiente y oportuna atención que requiera y, en caso de que se vulnere su derecho, podrá ejercer las acciones establecidas en la ley, o recurrir a la acción de tutela cuando se den los presupuestos para ello, y sin que sea necesario acreditar que de la desatención de su salud se derivaron riesgos graves para su vida, pues en el caso de los niños se trata de un derecho fundamental autónomo.? * nota 10

· Derecho a que se practique la encuesta de afiliación al Sisbén

?La demandante alega que para que ella, su familia y, en particular, su hijo menor enfermo puedan tener derecho a los servicios del iva social requiere que se le practique la encuesta SISBEN. La Corte Constitucional expone que existe un verdadero derecho subjetivo, de naturaleza fundamental en cuanto esencial para la realización de la igualdad real, a que la administración, una vez se han expedido las respectivas normas generales, adelante los procesos de focalización del gasto social, en este caso a través del SISBEN, que aseguren que la distribución de bienes escasos permita a la población pobre y vulnerable atender sus necesidades básicas. Se trata de un derecho complejo, en el cual se conjugan el debido proceso y el derecho a la igualdad material, en la medida en que el primero es condición para la realización del segundo.

"Observa la Corte que en el presente caso la administración distrital, con anterioridad a la expedición del Decreto 583 de 1999, ya había adoptado la decisión de asignarle al Departamento Administrativo de Planeación Distrital la tarea de realizar las encuestas dentro del proceso SISBEN. Por lo tanto, no resulta justificable la mora de la administración en adelantar el procedimiento de selección de beneficiarios del régimen subsidiado. En efecto, habida consideración de que existen normas generales (Leyes 60 y 100 de 1993, Acuerdo 77 de 1997 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud) sobre la manera en que deben proceder las autoridades locales en materia de subsidios a la demanda, no es admisible que decisiones administrativas posterguen la ejecución de los programas sociales, ordenados mediante normas generales.

"En consecuencia, se aprecia que, so pretexto de la inexistencia de una decisión local, se ha retrasado de manera injustificada la realización de los programas de focalización del gasto social en Bogotá, violándose el derecho fundamental a que tales programas, existiendo normas generales, sean una realidad. Por otra parte, se ha recopilado información personal de la demandante, sin que ella, en tanto que solicitante ante la administración, por la mora anotada, pueda controlar, corregir, enmendar o lograr el efecto jurídico perseguido con la recopilación de información, desconociéndose su derecho al hábeas data aditivo.

"Por lo tanto, la Corte ordena al Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá poner término a la violación de los derechos fundamentales a la igualdad en el acceso a los procesos de asignación de bienes escasos, a la efectiva realización de tales procesos y al hábeas data aditivo de la actora. En consecuencia, ordena que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la sentencia deberá realizarse la encuesta a la demandante y a su núcleo familiar e informarles si tienen derecho a ser afiliados al régimen subsidiado de salud.? * nota 11

· Derecho a que se practique cirugía a menor de edad aun cuando no presente carnet de afiliación al Sisben

La tutela se interpuso por parte de la madre de un menor de ocho meses de edad con el objeto de que fuera tutelado su derecho a la salud y a la seguridad social pues requería la realización de una operación de hernia inguinal la cual había sido dilatada por parte del hospital donde había acudido (hospital con el que tenía contrato el SISBEN). El hospital argumentó que solo le prestaría el servicio al menor cuando cumpliera el requisito de entregar el carnet. La madre del menor manifestó que se encontraba en una difícil situación económica y que por lo tanto no poseía el dinero necesario para cubrir los gastos de la operación. No entiende la Corte cómo las entidades de salud condicionan la prestación del servicio a la existencia de un carné, cuando es claro, que ese requisito, por demás administrativo no es el que otorga el derecho a obtener los servicios de salud. En efecto, la Corte advirtió que las etapas que administrativamente se deben dar para carnetizar a los protegidos por el Sisben constituyen un requisito a llenar pero eso no significa que el aspecto mecánico de la carnetización sea el que otorgue el derecho.

En consecuencia, no es necesaria una declaración de funcionario público o privado para que se configure la situación de protección de un derecho fundamental. Y no sólo no es requisito indispensable el carné para ser atendido en salud, si no que, no es el instrumento que otorga o reconoce derecho alguno. La Corte concedió el amparo solicitado y ordenó que dentro del término de 48 horas se autorizara la realización de ciertos exámenes médicos para determinar el tipo de cirugía que debía practicarse. nota 12

· Prestación de servicios médicos hasta la mayoría de edad de hijos de docentes afiliados al fondo de salud del magisterio

El padre de la menor, docente del departamento del Vichada, interpuso la acción con el propósito de que se le extendiera la cobertura de la seguridad social en materia de salud a su hijo menor, hasta que cumpliese la mayoría de edad, pues en el momento de la interposición de la acción, el menor ya había superado los doce (12) años de edad. La Corte concedió el amparo solicitado y estimó necesario exhortar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y en especial a su seccional en el departamento del Vichada para que la atención de los menores de diez y ocho años no esté condicionada de manera general a que sea presentada una acción de tutela y a que sea resuelta de manera favorable. nota 13

· Los nietos de afiliados se encuentran excluidos del sistema de salud

La accionante, obrando en representación de su nieta, interpuso acción de tutela en contra del Seguro Social, por considerar que dicha entidad le había vulnerado sus derechos fundamentales a la salud y la seguridad social. Manifestó que en su condición de afiliada al Seguro Social, desde hace cinco años incluyó como beneficiaria en el servicio de salud a su nieta, quien dependía económicamente de ella, para lo cual adjuntó un certificado del ICBF donde se le concedía la custodia y cuidado de la menor. Sin embargo, indicó que desde enero de 2001 la entidad dejó de atender a la niña exigiendo, para la reanudación del servicio, la presentación de un certificado judicial donde se constatara que la menor se encontraba bajo su tutela. La abuela interpuso acción de tutela con base en que se le negó la afiliación de su nieta como beneficiaria y se le exigía para afiliarla, que debía adoptarla. La Corte negó la tutela pero estableció que no se le negaría a la menor el acceso al sistema sino que se le pediría a la demandante legitimar el ejercicio de la tutela sobre la menor.

Determinó que los nietos de un cotizante no están incluidos dentro de la cobertura familiar, aun cuando eventualmente tienen la posibilidad de ingresar previo el aporte adicional denominado unidad de pago por capitación; por otro lado la niña no podía considerarse como hija adoptiva por cuanto la abuela no cumplía con los requisitos establecidos por la ley para poder adoptarla además de que nunca llevo a cabo los trámites legales. Esto no significa que la menor se quede sin cubrimiento en salud, la Corte estableció que podía integrarse al sistema a través del régimen subsidiado mientras no se legitime la patria potestad sobre la menor. nota 14

· Obligatoriedad de valoración médica de menor de edad por médico adscrito a EPS a la que se encuentra afiliado ante eventual procedimiento no cubierto por el POSS

Un padre de familia instauró acción de tutela a favor de su hija por considerar que la ARS vulneraba sus derechos fundamentales a la vida, la igualdad y la salud, al haberse negado a autorizar la práctica de una cirugía de estrabismo que requería la niña para lograr el restablecimiento de su salud visual, con el argumento de que esa clase de intervención quirúrgica no se encontraba prevista en el POSS y que no había sido diagnosticada por médico tratante adscrito, aun sin valorarla y sin indicarle adecuadamente las alternativas a seguir para lograrlo.

La Corte, concedió el amparo al considerar que la ARS vulneró los derechos de la niña por cuanto no había procedido de manera tal que un médico adscrito valorara y diagnosticara la enfermedad que padecía la niña para determinar con certeza el procedimiento médico a que debía ser sometida para la restauración de su salud así como por no orientar adecuadamente el camino a seguir para la restauración de la salud de la niña.

Por ello ordenó la valoración y diagnóstico por parte de un médico adscrito a la ARS. Precisó que si el tratamiento requerido luego de la valoración estaba excluido del POSS debía informar y acompañar al padre de la niña en todos los trámites que se debían surtir ante las entidades departamentales de salud, para que los procedimientos que se demandaban fueran realmente practicados. Así mismo, ordenó realizar todos los exámenes que la niña pueda llegar a necesitar y brindar todos los cuidados que requiera durante su tratamiento. Finalmente le ordenó practicar los exámenes que no esté en condiciones de practicar la entidad con la que el Estado tenga contrato para tales efectos. nota 15



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1430-00, Reiteración de jurisprudencia en T-280-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-387-01
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-696-02
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-885-01
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-661-02
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-740-02
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-370-98, Ver también reiteración de jurisprudencia sobre este tema en Sentencias T-850-01,T-542-01 ,T-598-01
  8. Corte Constitucional, Sentencia T-725-02
  9. Corte Constitucional, Sentencia T-075-96
  10. Corte Constitucional, Sentencia T-840-99
  11. Corte Constitucional, Sentencia T-330-02, ver en el mismo sentido Sentencias T-961-01 y T-1208-01, T-387-01 T-463-99
  12. Corte Constitucional, Sentencia T-448-01
  13. Corte Constitucional, Sentencia T-939-01
  14. Corte Constitucional, Sentencia T-956-04

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