› Observatorio de Justicia Constitucional
» Niños y Niñas
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2006-11-22
Obligatoriedad de suministrar, medicamentos e implementos médicos excluidos del pos

· Condiciones para la obligatoriedad del suministro de medicamentos excluidos del POS

?En diversas decisiones de tutela la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los derechos fundamentales de que gozan las personas disminuidas física y psíquicamente. En el caso de un menor con parálisis cerebral a quien una fisiatra le recetó el suministro de una droga con el fin de superar una espasticidad en retracción de estructuras flexoras, adquirir patrones de movimiento y logros importantes en su neurodesarrollo, la Corporación protegió el derecho a la salud, seguridad social y vida del menor por cuanto la aplicación estricta de la reglamentación alegada por la EPS -por tratarse de un medicamento excluido del Plan Obligatorio de Salud- estaría violando los derechos fundamentales del menor, inaplicándola para el caso concreto?. * nota 1

En sentencia posterior, la Corte reiteró que en relación con los tratamientos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, y especialmente en los casos en que se ve afectado un menor de edad, el derecho a la salud de los niños es fundamental y de aplicación inmediata, razón más que suficiente para ser protegido por esta vía. De esta manera se han establecido las condiciones para ordenar a la EPS la entrega de medicamentos excluidos del POS requeridos para la protección al derecho a la salud y seguridad social del menor:

1. Que la exclusión amenace realmente los derechos constitucionales fundamentales del afiliado al sistema

2. Que el medicamento excluido no pueda ser sustituido por otro con la misma efectividad y que esté previsto en el POS

3. Que el paciente no pueda sufragar el costo del medicamento, y

4. Que el medicamento haya sido prescrito por un médico adscrito a la EPS. nota 2

· Orden de suministro de medicamentos excluidos del POS en interés superior del niño

Una madre cabeza de familia presentó acción de tutela contra una EPS porque ésta le estaba negando a su hija el suministro de un medicamento no contemplado en el POS-S. El medicamento había sido ordenado por un médico de la EPS para el tratamiento de una pubertad precoz. La accionada precisó que no autorizaba el suministro del medicamento por cuenta de la EPS, por cuanto la niña, afiliada como beneficiaria de su padre, podría acceder al medicamento a través de éste, que era una persona reconocida y solvente económicamente. La madre de la niña aclaró que su hija depende exclusivamente de ella y que por ello no le es posible suministrarle el medicamento con sus recursos.

La Corte reitera la jurisprudencia vigente hasta la fecha respecto de los derechos fundamentales de los niños y la necesidad de probar la incapacidad económica de los padres para acceder a medicamentos no contemplados en el POS. Sin embargo, por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la menor dependiente del cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de su progenitor, la Corte consideró que era prioridad proteger el interés superior de la niña, pero sin afectar los intereses de la EPS.

Por tal razón, concedió la tutela y ordenó a la EPS suministrar a la niña afectada el medicamento recetado por el médico tratante y continuar suministrando durante todo el tiempo que lo requiera por prescripción médica. De igual forma autoriza a la EPS a repetir los costos contra el FOSYGA. nota 3

· Obligatoriedad de practicar exámenes y tratamientos excluidos del POS necesarios para diagnosticar enfermedad

Un padre, en representación de su hija, presentó acción de tutela contra una EPS que se negó a practicar unos exámenes ordenados por el médico tratante para determinar si la niña presentaba pubertad precoz y con el fin de establecer el diagnóstico y la evolución del tratamiento que debía dársele en tal caso. La EPS informó que negó la práctica de los exámenes porque estos o el medicamento para practicarlos no estaban contemplados en el POS. La Corte se preguntó cómo puede estar excluido del POS un tratamiento que según la EPS es requerido para indicar debidamente el diagnóstico y para determinar la correcta evolución de un tratamiento. Consideró que tal exclusión resultó lesiva del derecho fundamental a la salud, pues no incorporó un elemento que asegurara la calidad del servicio de salud y no promovía debidamente el desarrollo del menor.

De acuerdo a la información que le suministró la accionada, para la Corte no es claro si el examen y el medicamento o solo el medicamento estaban excluidos del POS, por eso decidió disponer que el Consejo Nacional de Seguridad en Salud evaluara si el examen ordenado a la menor afectada era requerido para lograr un efectivo diagnóstico y tratamiento de la pubertad precoz y en cuyo caso tomara las medidas necesarias para que fuera incluido en el POS.

Sin embargo, negó la tutela por considerar que al tratarse de un examen que se practica por una sola vez, los ingresos familiares (superiores al millón de pesos) eran suficientes para cubrir el costo del mismo. Pero aclaró que en el evento de diagnosticarse y comprobarse que la niña padecía pubertad precoz, si el tratamiento y/o el medicamento no eran incluidos en el POS, la EPS debía asumir el 100% del costo del tratamiento y repetir, si es necesario, contra el FOSYGA a efectos de garantizar la continuidad del tratamiento. Salvo, que se desprenda la existencia de medios más idóneos e incluidos en el POS para que asegurara la evaluación constante del tratamiento brindado a la menor. nota 4

· Suministro de medicamentos y procedimientos a menores de edad cuando hay múltiple afiliación por parte del padre

Un padre de familia presentó acción de tutela en beneficio del derecho a la vida y la salud de su hijo afiliado a una ARS quien requiere con urgencia de una licra de presión para quemados excluida del POSS y que no puede adquirir con sus propios recursos.

En el trámite del proceso se estableció que el niño había sido excluido de la base de afiliados de la ARS por decisión de la secretaría de salud municipal al detectar una doble afiliación. Esta decisión no fue comunicada al actor.

La Corte recordó que las normas legales establecen que siempre que se verifique la existencia de multiplicidad de afiliaciones de uno de los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, la entidad territorial debe proceder a descartar una de las afiliaciones y, aunque como castigo el beneficiario no puede elegir con cuál se queda, si se debe informar de la novedad tanto a la ARS como al beneficiario para qué éste pueda acceder materialmente al servicio.

Indica que todas las entidades públicas y privadas que por la vía del sistema de transferencias ejecutan o reciben dinero para la prestación del servicio público de salud deben propender porque la vinculación de la persona a dicho sistema sea material y no meramente formal. Así, no es suficiente que la persona figure en el sistema, es necesario además pueda acudir a él.

Con el fin de preservar el derecho de acceso material a la salud del niño , la Corte concede la tutela y ordena a la ARS a la que permanece afiliado el inmediato suministro de la licra de presión requerida, así como de todos los procedimientos, tratamientos, evaluaciones y medicamentos que, en adelante, requiera para el tratamiento de su patología. Faculta a la ARS para repetir contra el FOSYGA cuando algún tratamiento se encuentre excluido del POS-S. nota 5

· La ausencia de justificación constitucional, legal o médica para la exclusión de un tratamiento del POSS obliga a la prestación del servicio

Una madre, en representación de su hijo, interpuso acción de tutela al considerar que la ARS que venía atendiéndole una patología de insuficiencia renal le vulneró su derecho a la salud al negarse a suministrar unos insumos recetados por el médico tratante para atenderle otro problema de vejiga neurogénica alegando que por estar fuera del POSS, el tratamiento lo debía asumir la Secretaría Departamental de Salud.

Para la Corte, no es papel del juez constitucional intervenir para dirimir controversias de carácter médico a menos que: (i) la actuación de una entidad encargada de prestar un servicio público de salud involucre posturas o criterios arbitrarios, desproporcionados o injustificados y (ii) con dicha actuación se violenten derechos fundamentales.

En el caso concreto, la Corte encontró que la ARS accionada no tenía argumentos médicos, constitucionales o legales, para sustentar las razones por las cuáles separó, de manera tajante, las dos patologías que presentaba el menor. Por el contrario, en el expediente aparecían dos conceptos emitidos por el médico tratante y el pediatra nefrólogo que había practicado el transplante renal que relacionaban ambas patologías.

La Corte recordó que las entidades que prestan el servicio público de salud no pueden interrumpir la continuidad en la prestación de éste, más cuando existen argumentos que ligan un problema con el otro, pues desconocen el derecho de continuidad y el principio de atención integral, en especial por lo restrictiva de la interpretación sobre las exclusiones de los planes de beneficios. Para la Corporación, la duda razonable sobre la inclusión de los insumos solicitados dentro del POSS, debe resolverse a favor del derecho a la continuidad en la atención que recibe el niño involucrado.

Por ello la Corte ordenó a la ARS suministrar los insumos solicitados para la atención del niño afectado. nota 6

· Práctica de cirugía excluida del POS cuando el menor sufre de disminución sensorial

En el caso de una menor a la que una EPS se negó a practicarle una cirugía de carácter urgente para corregirle un problema sensorial de sordera a pesar de estar inscrita, con base en que tal cirugía se encontraba excluida del POS. La Corte Constitucional concedió la tutela considerando que la jurisprudencia es reiterativa en señalar la inaplicación del reglamento del POS, que excluía el tratamiento médico solicitado, cuando está de por medio el derecho fundamental a la salud de un menor. No obstante lo anterior, quiere dejar claro que la inaplicación del Plan Obligatorio de Salud no es automática, pues se deben cumplir una serie de requisitos establecidos por la Corte:

1) Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad personal o la dignidad del interesado.

2) Que se trate de un medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad necesario para proteger el mínimo vital del paciente.

3) Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún sistema o plan de salud.

4) Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante. nota 7

· Práctica de cirugía estética para proteger derecho a la dignidad de menor de edad

Una madre en representación de su hijo de siete años, presentó acción de tutela contra una EPS por considerar que afectaba las condiciones dignas de vida de su hijo por negarse a autorizar la práctica de una cirugía estética en las orejas que había sido ordenada por su médico tratante. El niño venía siendo víctima de agresiones y burlas por parte de sus compañeros en el colegio y su desempeño escolar y sociofamiliar estaba siendo afectado negativamente.

La Corte precisó que la especial protección que la Constitución les confiere a los niños refleja de manera clara la necesidad de la sociedad colombiana de proporcionar a éstos las condiciones adecuadas para su desarrollo integral. Una sociedad que no repara en la importancia de garantizar que sus niños crezcan en un ambiente propicio para ejercer de modo pleno sus derechos, libres de carencias, de maltratos, de abandonos y de abusos, ajenos a las presiones y a las agresiones y las burlas, capaces de tener una buena imagen de si mismos que les permita trabar relaciones sanas con sus familiares y amigos, no sólo pone en duda su presente sino que siembra serias incertidumbres sobre lo que habrá de ser su futuro. Justamente por esa razón la Constitución compromete de manera solidaria a la familia, a la sociedad y al Estado para que, de consuno, colaboren con la debida realización de los derechos fundamentales de los niños. De lo anterior se deriva la necesidad de poner en movimiento los recursos económicos y humanos indispensables para que las garantías establecidas en el texto Constitucional y en los Tratados y Convenios Internacionales no se queden escritas y cobren efectividad. Lugar predominante ocupa la realización del principio de "la supervivencia y el desarrollo" contenido en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Brindar a las niñas y a los niños los elementos indispensables para su supervivencia y desarrollo, no significa solamente ofrecerles los medios para su pleno desenvolvimiento físico.

Por otra parte, destacó que un gran segmento de las enfermedades no se originan en una disfunción física o funcional sino son motivadas por presiones que provienen del medio ambiente social y producen estrés: sentimientos de abandono, baja autoestima, aislamiento, burlas, inconformidad con la propia imagen, depresión, agresividad. Estas presiones comienzan a manifestarse desde la infancia más temprana y a partir de ese mismo momento es preciso reaccionar. Solo de esa forma se garantiza la faceta preventiva del derecho a la salud. Con ello se evita, de modo simultáneo, llegar a situaciones irreversibles que implican altos costos económicos, sociales y emocionales.

Por lo anterior concedió el amparo solicitado y ordeno a la EPS autorizar la cirugía en el término de 48 horas. nota 8

· Suministro de silla de ruedas en aras de la protección al desarrollo armónico del menor cuando no está incluida en el POS

?En fallo de tutela la Corte Constitucional protegió los derechos a la salud, a la integridad personal, a la seguridad social, al desarrollo armónico y a la igualdad de dos niñas con limitaciones físicas y psíquicas, al disponer el suministro de sillas de ruedas recetado por el médico tratante y que era negado por la entidad de salud al no provenir la incapacidad de un accidente de trabajo como lo prevé el Plan Obligatorio de Salud. La Corporación indicó que no se puede ignorar que la calidad de vida de un inválido gana en dignidad con la utilización de la silla de ruedas, aparato que, al permitirle desplazamientos, aliviará su estado y hará menos dura la experiencia de la parálisis. La silla de ruedas, en el caso de las menores, va a permitirles que, hasta cierto punto, sustituyan sus propias incapacidades.? * nota 9

· Suministro de zapatos ortopédicos excluidos del POS a menores

?En decisión de tutela la Corte protegió los derechos a la salud y seguridad social que son fundamentales en el caso de los niños en un caso de prescripción médica de utilizar zapatos ortopédicos cuyo costo no es alto, debido a una irregularidad corregible en los pies, que podría tornarse irreversible en el futuro. En criterio de la Corporación cuando los padres no tienen recursos económicos se afecta la vida digna a que tienen derecho los niños con la no entrega por la EPS de los elementos necesarios, bajo el argumento de estar excluidos de la lista del Plan Obligatorio de Salud.? * nota 10

· Suministro de prótesis auditivas excluidas del POS a menores

A favor de su hijo, un padre presentó acción de tutela contra una EPS que se negó a suministrarle las prótesis auditivas que se le formularon. El actor no tenía capacidad económica para adquirirlas.

Dado que la EPS manifestó por escrito que aún con la autorización respectiva de un médico adscrito los audífonos no serían suministrados debido a que no son elementos que contempla el POS; la Corte consideró que tal posición era contraria a la doctrina constitucional. Concedió la tutela y ordenó a la EPS realizar la evaluación médica del niño y, en caso de ser necesarios los audífonos, suministrarlos sin oponer la reglamentación del POS. De igual forma, le indicó la posibilidad de repetir contra el fondo de solidaridad el costo de las prótesis. nota 11

· Copago en intervenciones quirúrgicas de acuerdo al grado de afiliación al sistema de seguridad social

La demandante y su hija se encontraban afiliadas en el régimen subsidiado de salud Sisben de nivel de afiliación II. La menor sufrió una fractura en la mano izquierda para la cual necesitaba de forma urgente la práctica de una cirugía por presentar un problema en el hueso. Sin embargo, se le informó a la actora que la práctica de la cirugía no se realizaría, hasta tanto no cancelara una suma correspondiente al 10% por concepto de copago de conformidad con el nivel de afiliación. La Corte ha establecido que con base en la ley, dado el nivel II de afiliación, es necesario que el beneficiario cancele el valor del copago correspondiente. Sin embargo, las entidades administradoras del régimen subsidiado de salud no pueden negar la práctica de un procedimiento quirúrgico, cuando es evidente la falta de recursos económicos de los afiliados y/o beneficiarios para cubrir el porcentaje que les corresponde. Se ha señalado que la protección y conservación del derecho a la vida escapa a cualquier discusión de carácter legal o contractual. Es claro que los derechos fundamentales no pueden estar supeditados a las normas de tipo administrativo, de tal manera que el servicio debe prestarse. nota 12



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-355-01, en el mismo sentido pueden consultarse las Sentencias T-031-94, T-174-94, T-290-94; T-339-95, T-478-95; T-075-96, T-224-96; T-093-97, T-265-97, T-348-97, T-378-97; T-304-98, T-762-98, T-588-01, T-480-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-414-01, ver también Sentencias T-786-01, T-256-02, T-410-02, T-342-05
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-1233-04
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-218-04
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-1008-04
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-750-04
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-475-00, ver en el mismo sentido las Sentencia T-567-02
  8. Corte Constitucional, Sentencia T-307-06
  9. Corte Constitucional, Sentencia T-556-98, en el mismo sentido, ver las Sentencias T-640-97 y T-887-99 , T-607-01
  10. Corte Constitucional, Sentencia T-514-98, ver también las Sentencias T-286-98, T-330-98, T-560-98 y T-886-99.
  11. Corte Constitucional, Sentencia T-801-04
  12. Corte Constitucional, Sentencia T-821-01

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2012-10-23
El testimonio de menores víctima de violencia sexual, constituye una prueba esencial en los procesos penales, y tiene un enorme valor probatorio a la hora de ser valoradas en su conjunto con las demás pruebas que reposan en el expediente

2012-10-23
Sobre la autoridades judiciales que llevan a cabo la función de investigación y juzgamiento de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, recaen deberes negativos

2011-03-23
Prohibición de reclutamiento voluntario o forzoso de menores de 18 años

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Puede aumentar o disminuir el tamaño del texto de todos los elementos haciendo clic en el tamaño correspondiente en la parte superior de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Niños y Niñas optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad