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Última modificación: 2006-08-01
Protección de la sustitución pensional a favor de los menores

La actora interpuso acción de tutela en representación de sus hijos menores contra la Gobernación del Atlántico, por cuanto, consideró que se les estaban vulnerando los derechos a la vida, seguridad social, pago oportuno y mínimo vital. Señaló que la Gobernación del Atlántico reconoció pensión de sustitución en favor de sus hijos a partir de diciembre de 1997, luego de muerto su padre, quien gozaba de pensión vitalicia. Adujo que la entidad demandada ha dejado de cancelar las mesadas pensionales a sus hijos desde el mes de septiembre de 2000. Como consecuencia de tal omisión, los menores se encuentran atravesando una difícil situación económica, pues, dependen del ingreso pensional mensual, no han podido matricularse para continuar estudiando ni atender sus necesidades alimenticias.

La Corte concedió el amparo solicitado por considerar que en el caso de la pensión de sustitución, quien adquirió ese derecho se encontraba bajo la dependencia económica del pensionado y éste, a su vez, tenía un derecho reconocido a esa prestación social y producida la sustitución, es obvio que la entidad deudora tiene la obligación de continuar con el pago oportuno, completo y regular a quienes conforme a la ley ocupan ahora la posición de acreedores de esa pensión. Los niños tienen derecho a una protección constitucional preferente, en el caso en que sean beneficiados por un derecho pensional, deben recibir igual trato que los demás pensionados. Por lo anterior, es claro que en el caso de la sustitución pensional la entidad deudora tiene la obligación de continuar con el pago oportuno de quienes ocupan ahora la posición de acreedores de esa pensión, con mayor razón si son menores. nota 1

En otro caso, una madre presentó acción de tutela en beneficio de sus dos hijas menores de edad por cuanto consideró que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio no debió modificar la resolución mediante la cual concedía la pensión post mortem a las hijas beneficiarias del docente asesinado, y disponer en la segunda que tal pensión se concedía solo por el término de cinco años.

En atención a que no se contó con la aquiescencia del particular para modificar el acto propio de la administración, a que no se demostró su notificación y a que no se acudió a la jurisdicción competente para que dirimiera el conflicto correspondiente, y, por lo tanto no se respetaron los procedimientos administrativos, se dedujo que por virtud del artículo 48 del Código Contencioso Administrativo se trataba de un acto ineficaz e inoponible y carente de efectos jurídicos por falta de notificación.

Por lo anterior se concedió la tutela a los derechos de las menores de edad y se ordenó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio tener como firme la primera resolución y proceder a darle estricto cumplimiento. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-550-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1185-04

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