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Última modificación: 2006-08-01
Deber de acreditar escolaridad de hijos y hermanas menores de 18 años y mayores de 12 dependientes del trabajador como requisito para acceder al subsidio familiar

La Corte entró a analizar si el requisito de acreditar la escolaridad de los hijos del trabajador beneficiario del subsidio familiar mayores de 12 años y menores de 18, así como de los hermanos de la misma edad, huérfanos de padres que convivan y dependan económicamente del trabajador, resulta razonable a la luz del ordenamiento constitucional o si por el contrario con su aplicación se desconocen los derechos de los niños, a la educación y a la igualdad.

Para la Corte el requisito de acreditación de escolaridad desarrolla los derechos de los niños a la igualdad y a la educación. En efecto los trabajadores que son titulares de esa prestación devengan al menos un (1) salario mínimo, es decir, tienen una fuente de ingresos para atender, en alguna forma, las cargas económicas que representan la educación de sus menores hijos, con lo cual la norma no tiene por destinatarios a familias de escasos recursos, como quienes no cuentan con un empleo, respecto de los hijos de los cuales se establece que la educación será gratuita, y mecanismos de garantía de la aplicación efectiva de dicho precepto.

El requisito fijado por el Legislador se orienta a garantizar que estos padres cumplan con la responsabilidad de educar a sus hijos y les brinda correlativamente, mediante el subsidio familiar, una ayuda en dinero para contribuir en los gastos que por el sostenimiento de esta se causen. Respecto de los niños que padecen algún tipo de discapacidad, la Corte advierte que la norma demandada no les es aplicable a dicho supuesto fáctico de inconstitucionalidad pues existe el numeral 4 del parágrafo 1ª del artículo 3 de la Ley 789 de 2002. Por lo anterior la Corte se declaró inhibida respecto del artículo 28 de la Ley 21 de 1982 y declaró exequibles las expresiones demandadas de los numerales 1 y 2 del parágrafo 1ª del artículo 3 de la Ley 789 de 2002 nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-653-03

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