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Última modificación: 2007-07-16
La responsabilidad penal por abandono de quien tiene una obligación legal no es equiparable a la responsabilidad de quien eventualmente tiene un deber jurídico

Se demandó la expresión ?legal? del inciso primero del artículo 127 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal, que dispone: ?Abandono: El que abandone a un menor de doce (12) años o a persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años?. Sostuvo el demandante que con esa expresión se establecía una diferencia de trato contraria a la Constitución entre los menores de doce años y personas en incapacidad de valerse por sí mismas frente a los cuales se tiene el deber legal de velar por ellos y aquellos en las mismas circunstancias frente a los cuales se tiene sólo un deber jurídico. Solicitó que en el evento de no declararse la inconstitucionalidad de la norma, se condicionase su contenido para que la expresión deber legal se entendiera también como deber jurídico.

La Corte indicó que los deberes establecidos constitucionalmente deben ser exigidos en un caso concreto solamente si el legislador, dentro de su potestad de configuración legislativa, estableció el alcance del mismo, si de él se derivan obligaciones específicas y las definió, así como si estableció sanciones respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Consideró que desde la perspectiva de los menores o personas incapaces de valerse por sí mismas a que alude la norma, ninguna discriminación puede observarse en este caso pues el vínculo que las une a una persona a la que la ley asigna la obligación de velar por ellas, es distinto del que pudiere llegar a existir frente al resto de las personas respecto de las cuales pudiere predicarse un supuesto e indeterminado ?deber jurídico?.

Por tal razón, la Corte decidió declarar exequible la expresión ?legal? por los cargos formulados.

Por otra parte, la Corte indicó en materia penal no es procedente proferir sentencias condicionadas, o sentencias integradoras, que puedan llegar a tener el alcance de desconocer el principio de legalidad de los delitos y las sanciones, pues es al congreso y no a la Corte a quien corresponde determinar la política criminal. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-034-05

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