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Última modificación: 2007-07-16
Terminación de la patria potestad a condenado a pena de privación de libertad superior a un año debe consultar el interés superior del menor

Se demandó la inconstitucionalidad de la causal de terminación de la patria potestad ?por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año? contenida en el numeral 4 del artículo 315 del Código Civil. El actor consideró que la disposición vulneraba los derechos de los niños a no ser separados de su familia pues la medida los dejaría en manos de guardadores y curadores hasta cumplir la mayoría de edad. Por otro lado, estimó que la sanción se convertía en una pena imprescriptible, prohibida por la Carta Política, en tanto que el vínculo familiar no era posible volverlo a recuperar. Finalmente, adujo que se violaba el principio non bis in idem pues además de esta disposición existía otra en el Código Penal que faculta a los jueces penales para suspender la patria potestad cuando esta tenga relación directa con la realización de la conducta punible o cuando la restricción de ese derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena.

Para la Corte, la terminación de la patria potestad por la causal contemplada en el numeral 4 del artículo 315 demandado es una medida tendiente a la protección de los derechos del menor. En manera alguna dispone la pérdida de la patria potestad de pleno derecho, puesto que no es sólo por el hecho de la condena a pena privativa de la libertad superior a un año que termina la patria potestad de los padres. Es apenas uno de los motivos por los cuales cualquier persona e incluso el juez de familia pueden iniciar un proceso declarativo para establecer si los padres brindan las condiciones éticas, morales, familiares y de convivencia para el pleno desarrollo del hijo. Corresponde al juez en cada caso adoptar la mejor decisión para los intereses del menor.

Por otro lado, las funciones que cumplen los jueces penales y de familia son de distinta naturaleza. En el primero de los casos, se inhabilita al condenado para ejercer la patria potestad en cuanto consecuencia de su conducta punible, en tanto que, en el segundo caso, opera exclusivamente el criterio del interés superior del menor. A este proceso, el condenado concurrirá como demandado y está facultado para demostrar que no obstante su condena y privación de libertad no es del interés superior del menor la pérdida de la patria potestad. Tanto las autoridades administrativas como las judiciales deben adelantar una cuidadosa ponderación de las circunstancias fácticas que rodean al menor involucrado para garantizar que la decisión adoptada sea la que mejor satisfaga el interés prevaleciente en cuestión. Así la Corte desestimó los fundamentos de la demanda y declaró la exequibilidad de la norma.

Por ello declaró la exequibilidad del inciso 4 del artículo 315 por los cargos analizados en la providencia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-997-04

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