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12. Derecho a la personalidad jurídica

12.1. Derecho a la nacionalidad

?El artículo 5º del Decreto Ley 2737 de 1989 -Código del Menor, establece que: "El menor será registrado desde su nacimiento y tendrá derecho a un nombre, a una nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos". Para la Corte Constitucional el artículo demandado se orienta a especificar algunos de los derechos de los menores desde su nacimiento, pero no pretende definir el contenido de cada derecho, ni su alcance, ni la manera de hacerlo efectivo. En este sentido, cada una de sus cláusulas debe interpretarse en armonía con las restantes disposiciones jurídicas, en atención a principios como el principio de interpretación conforme a la Constitución (Constitución Política art.4) o el principio de primacía de los derechos (Constitución Política art.5).

"La Corte advierte que la propia Constitución establece que la nacionalidad colombiana no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad (Constitución Política art.96). La norma no distingue entre nacionales y extranjeros y pese a que los colombianos al amparo de la Carta de 1886 sólo podían tener una nacionalidad, lo cierto es que los extranjeros podían tener varias, si así lo permitían los regímenes jurídicos de los estados involucrados. La garantía del derecho a una nacionalidad no puede ser interpretada como la prohibición de tener más de una nacionalidad, sin que exista en el texto un fundamento claro para esta interpretación y existiendo en la Constitución una norma exactamente opuesta. En conclusión, la disposición acusada reconoce a los menores colombianos el derecho a tener, por lo menos, una nacionalidad.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-273-99
12.2. Los padres tienen la obligación de seguir los procedimientos legales para registrar al menor

Se interpuso acción de tutela contra la registraduría municipal del municipio de Toledo debido a su negativa de registrar con los apellidos de la madre, a un menor nacido de una relación extramatrimonial, porque para el momento de los hechos ésta se encontraba casada, aunque ya separada de cuerpos. El funcionario argumentó que según la ley, cuando una mujer ha contraído el vínculo del matrimonio, sus hijos serán registrados con el apellido del padre, a menos de que se lleve a cabo el debido proceso de divorcio.

La Corte estableció que si bien es conciente de la importancia del reconocimiento de la personalidad jurídica dado que otorga las calidades civiles, y si bien es claro que su constitución y prueba se realiza mediante la inscripción en el registro civil, siendo el de nacimiento la forma idónea de asegurar que el ser humano puede ejercer efectivamente sus derechos, es también claro que el funcionario aplicó de manera correcta la ley y si el menor no ha podido ser registrado y tal carencia de registro afecta sus derechos, tal omisión ha sido particularmente de la madre quien, en vez de llevar a cabo el procedimiento legal establecido, pretende que se realice la inscripción por fuera del marco legal. La importancia del registro es inmensa si se tiene en cuenta que mediante él se adquiere oficialmente otro de los atributos esenciales de la personalidad: el nombre. Al omitir el trámite correspondiente, los padres o parientes responsables hacen que el menor permanezca desconocido para el Estado y para la sociedad. La Corte denegó la tutela e invitó a la madre a seguir el procedimiento estipulado en la ley. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-277-02
12.3. Se vulnera el derecho a la personalidad jurídica del niño a quien se le asigna un estado civil con una persona que en proceso de paternidad no se identifica adecuadamente

Una madre de familia presentó acción de tutela en favor de sus hijos al considerar que sus derechos fueron vulnerados por la decisión de un juzgado de familia y de la Sala de Familia de un Tribunal Superior tras haber dejado sin efecto una medida cautelar decretada en el proceso de investigación de paternidad de sus hijos, que fijaba una cuota alimentaria al presunto padre, y, por haber dispuesto la entrega de los títulos descontados hasta la fecha a éste, porque su individualización y clara identificación no se concretó en el trámite del proceso de investigación de paternidad. Esto debido a que se señaló un estado civil con tal persona sin identificarlo plenamente. Se trataba del caso de un señor que manifiesta socialmente llamarse de una manera pero que en la empresa en la que trabaja y en la entidad de seguridad social se registra de otra.

Sobre el particular es importante señalar que el juez de conocimiento en el proceso de investigación de paternidad tiene la responsabilidad no sólo de adelantar dicho proceso con el estricto cumplimiento del procedimiento señalado para el mismo -exigiendo de las partes intervinientes una participación veraz, oportuna y responsable-, sino que él, por su parte, debe actuar de manera diligente recurriendo a todos los mecanismos y herramientas legales que la actuación judicial pone a su alcance, para que la decisión que llegue a tomar responda a los criterios de justicia y responsabilidad que tal dignidad le imponen, lo cual no ocurrió en este caso pues continuó el proceso sin acudir a las herramientas legales de que disponía para resolver dudas fácticas en la identificación del demandado.

El juez al evidenciar la inexactitud del nombre de la persona demandada en el proceso de investigación de paternidad que había iniciado en su contra la madre de los niños, debió ordenar de manera diligente la práctica de las pruebas conducentes a aclarar la duda sobre la identidad del investigado en vez de mantener una actitud pasiva hasta proferir una decisión judicial que, si bien puso fin al proceso, en la práctica se constituyó en una decisión imposible de cumplir y por lo mismo en una vía de hecho por la configuración de un defecto fáctico.

La Corte concedió la tutela y a fin de dar cumplimiento a los principios de celeridad y economía procesal, visto el tiempo trascurrido desde la iniciación de dicho proceso, ordenó que al rehacerse las actuaciones anuladas se tengan como pruebas legalmente obtenidas las practicadas en su momento, tal y como lo dispone el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1°, numeral 86, sin perjuicio del derecho de contradicción del demandado. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-489-05

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