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14. Derecho a la educación

14.1. Derecho a la educación como fundamental

14.1.1. Derecho fundamental a la educación, acceso y permanencia en el sistema educativo

?El actor solicitó la protección del derecho a la educación de sus hijos menores. La tutela le fue concedida ordenándose al centro educativo proceder a matricular a los menores. La Corte Constitucional expresó que la consagración expresa, en el artículo 44 de la Constitución, de la educación como un derecho fundamental de los niños, no deja duda alguna sobre su naturaleza ni sobre la posibilidad de exigir su respeto y protección mediante el ejercicio de la acción de tutela. Señala que en principio, no siendo el derecho fundamental a la educación un derecho de aplicación inmediata (Constitución Política art.85), su efectividad está condicionada al desarrollo legal y a su realización progresiva mediante las políticas sociales del Estado.

"Sin embargo, en el caso de los niños el reconocimiento expreso del carácter fundamental del derecho a la educación (Constitución Política art.44) establece un parámetro de juzgamiento constitucional distinto al anteriormente esbozado. Si el constituyente elevó la educación entre los 5 y los 15 años de edad a la categoría de obligación (Constitución Política art.67), ello significa que correlativamente debe afirmarse la existencia de un derecho público subjetivo para exigir del Estado el acceso a la misma. Mal podría el Estado hacer obligatoria la educación formal si, a su vez, no garantiza las condiciones materiales mínimas y necesarias para el cumplimiento de dicha obligación. La obligación de educarse supone como condición previa el acceso a los centros educativos. Existe entonces un derecho constitucional para acceder a la educación formal, ya que de dicho acceso depende la posibilidad de cumplimiento de una obligación exigida a la persona.

"En caso de ausencia de cupos, como consecuencia de la alta demanda del servicio o de la limitación de la infraestructura educativa, el reconocimiento del derecho fundamental de los niños a la educación se hará teniendo en cuenta el principio de igualdad de oportunidades, y frente a un exceso de solicitudes para acceder a un número limitado de cupos, deberá tenerse en cuenta además de los méritos o capacidades individuales, el compromiso del Estado para promover a grupos tradicionalmente marginados o discriminados y proteger a las personas que por sus condiciones económicas, físicas o mentales se encuentren bajo circunstancias de debilidad manifiesta (Constitución Política art.13 inc. 2 y 3). La voluntad expresa del constituyente ha sido la de proteger la educación en su integridad. La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema educativo, salvo que existan elementos razonables -incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del estudiante- que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-402-92
14.1.2. La edad puede servir como criterio de categorización en ciertos niveles del sistema escolar pero no como criterio de exclusión

Un padre de familia interpuso acción de tutela contra una secretaría departamental de educación porque le negó a sus hijos menores de doce años el ingreso al sistema de educación básica SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial) que opera en la vereda en que habitan y que les aseguraría la continuidad del ciclo de formación académica. Destacó que por sus precarias condiciones económicas sus hijos no pueden asistir a la educación básica formal ya que el colegio más cercano queda a más de cuatro horas de camino de su sitio de residencia. La Secretaría adujo que el SAT es un programa al que sólo pueden ingresar quienes demuestren haber terminado el ciclo básico de primaria y tener más de quince años de edad.

Para la Corte, debe primar el especial interés de los padres de los niños en la continuidad de la formación educativa de sus hijos. No puede aceptarse el argumento de la edad para excluirlos, basados en el grado de madurez y responsabilidad de los estudiantes, pues estas características se adquieren o consolidan a partir de los quince (15) años de edad, o antes, por factores sociales y familiares, en los que cuentan el interés de los padres por la preparación y formación de sus hijos. Para el caso, el sólo deseo de permanencia en el sistema educativo expuesto por los accionantes debe ser tenido en cuenta como criterio de madurez para admitir a los niños al programa.

La edad como factor de clasificación de los sujetos activos en el proceso educativo puede tomarse como criterio de categorización del alumno en algunos de los niveles del sistema nacional de educación, ya sea bajo el esquema de una educación formal o no, pero no podrá servir para excluir o no permitir el acceso del estudiante al sistema educativo. Si ello ocurre se impone un trato discriminatorio que viola el derecho a la igualdad.

Por lo anterior, la Corte concedió la tutela y ordenó a la Secretaría de Educación iniciar las gestiones tendientes a la flexibilización del método de enseñanza del Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, a efectos que los menores de edad representados por los aquí demandantes y quienes ya hayan terminado su educación básica primaria se puedan integrar al mencionado sistema de educación sin consideración a su edad, sin que por ello la calidad y la cantidad de la educación impartida a través de tal sistema se vea afectada negativamente, previos los ajustes metodológicos, técnicos y logísticos pertinentes, mientras se implementan otros sistemas educativos acordes con la necesidad de escolaridad de los menores.

Finalmente advierte a la Secretaría de Educación que para garantizar la mayor y mejor cobertura en la educación básica en el departamento deberá implementar procesos educativos continuos y completos de educación básica secundaria que consideren las condiciones geográficas en que se localiza la potencial población estudiantil así como sus condiciones económicas y sociales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-447-05
14.1.3. Los criterios para el acceso de los menores de 5 años al sistema educativo deben ser interpretados de la manera más favorable a los niños, bajo ciertas condiciones

Varios padres de familia presentaron acción de tutela a favor de sus hijos en atención a que desde el año de 1974 en un colegio de la localidad se recibían prematrículas para los menores de 4 años, para cursar el nivel A de preescolar, pero la Secretaría de Educación no les permitió matricularlos para el año escolar 2006, con fundamento en la Resolución 1515 de julio 3 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, en cuyo artículo 3° literal c, se estableció como edad mínima para ingresar al grado de transición, 5 años cumplidos a la fecha de inicio del calendario escolar. Los padres de familia manifestaron que el colegio era un plantel con condiciones adecuadas para prestar el servicio y ademásinicaron pertenecer a familias sin los recursos económicos necesarios para ofrecer una educación a sus hijos en colegios privados, debido a los altos costos en matrículas y pensiones. Por su parte, el vocero del colegio precisó que sólo podía recibir a los niños si previamente la Secretaría de Educación les autoriza matricularlos, pues el Colegio contaba con aulas suficientes y sólo faltaba nombrar los docentes.

La acción de tutela fue negada por el juez de instancia tras considerar que la educación es gratuita y obligatoria únicamente entre los cinco y los 15 años de edad.

Para la Corte, los criterios fijados en el artículo 67 de la Constitución, la edad del niño y grados de escolaridad, no pueden ser tomados en un sentido que perjudique el derecho a la educación de los menores. Ello sucedería si se convierten en criterios para restringir o excluir a ciertos niños de la educación, impidiendo su pleno goce. Por lo tanto deben ser interpretados no como exclusivos sino como inclusivos, por ser esta la interpretación más favorable para los niños.

Precisó la Corte que si bien es cierto que el Estado tiene una obligación directa en la defensa de los derechos constitucionales de los niños, es razonable que las instituciones educativas puedan establecer algunos parámetros mínimos para que el cuerpo de alumnos matriculados tengan características básicas equiparables y configure un elemento que requiere la propia institución para poder cumplir con las metas educativas y formativas propuestas. Sin embargo, en cada caso concreto es necesario tener en cuenta los siguientes factores:

i) La proximidad con el cumplimiento de los requisitos de edad establecidos por la correspondiente entidad territorial. En el caso concreto, la Corte observó que varios niños tenían pocos meses menos de los cinco años y los otros ya habían cumplido esa edad.

ii) Verificar la existencia de cupos para preescolar dentro de las instituciones, para asegurar que al ordenarse el ingreso como asistentes o la matrícula a través de tutela, no se ocasione perjuicio a otros menores que tengan condiciones más favorables (edad requerida) que los tutelantes, y

iii) Verificar que representantes de los menores sean personas sin los recursos económicos necesarios para ofrecer una educación privada a sus hijos.

La Corte concedió la tutela y ordenó que en el término de 48 horas se autorizara el ingreso de los niños como asistentes al colegio y la subsiguiente vinculación en el año 2007. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-671-06
14.1.4. Violación del principio de la confianza legítima y del derecho a la educación por supresión de cursos de preescolar luego de haberse iniciado el año lectivo

Dos madres matricularon para el grado de transición a sus hijos de 3 y 4 años de edad en diferentes instituciones educativas de un municipio. Luego de estar matriculados y de acudir las primeras semanas a clase, la Secretaría de Educación del Departamento estableció que los niños no podían acceder a la educación pública porque la edad mínima para ingresar al grado de transición es de cinco (5) años, cumplidos a la fecha de inicio del calendario escolar. Por este motivo, los Colegios no siguieron prestando el servicio educativo a los niños.

Para la Corte ni los tratados internacionales de derechos humanos ni la Constitución Política obligan actualmente al Estado colombiano a abrir cursos de prejardín y jardín, para los niños menores de cinco (5) años de edad. Sin embargo, ello es posible ya que la legislación colombiana ha previsto la posibilidad de ampliar la cobertura a esos niveles, siempre y cuando se cumpla antes con la condición de cubrir al 80% de los niños de cinco años de edad con el grado de preescolar obligatorio y al 80% de los niños entre los seis y los quince años de edad con la educación básica.

Para la Corte, la decisión de las autoridades municipales de cerrar los grados de jardín y prejardín abruptamente, para dar cumplimiento a la norma de orden nacional, vulneró el principio de la confianza legítima y el derecho de los niños a la continuidad en la prestación del servicio de educación, en aras de no afectar su desarrollo integral. Ello porque los padres de los niños habían matriculado de buena fe a sus hijos en la institución educativa, confiando en la decisión de la administración municipal de abrir los cursos de prejardín y jardín. Una interpretación pro infans de la ley conduciría a la conclusión de que en estas situaciones solamente puede recurrirse a esta medida como ultima ratio, luego de haber buscado alternativas menos drásticas para con los niños. Por lo anterior, la Corte concedió la acción de tutela. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-938-06
14.1.5. Los padres tienen derecho a solicitar y recibir copia de los exámenes de admisión formulados a sus hijos y a conocer las evaluaciones de sus resultados

Un padre presentó acción de tutela contra un colegio por cuanto este último se negaba a entregarle copia del examen de admisión que presentó su hijo menor de edad, así como tampoco le permitió conocer los nombres de quienes practicaron la evaluación. La labor de los establecimientos educativos no se agota en el cumplimiento de los contratos individuales suscritos con quienes se matriculan en el plantel para recibir la formación propuesta, sino que trasciende a hechos sociales y deberes renovados y diversos cuyo cumplimiento puede exigir el conglomerado social, y que el Estado está en el deber de regular, vigilar, asegurar y garantizar. Es el contenido institucional previsto en el proyecto educativo el que relaciona a quien aspira a ingresar a un establecimiento educativo privado con la institución, pues resulta imposible pretender que previamente al ingreso aspirante y colegio tengan que dedicar tiempo y esfuerzo a acercar sus posiciones mediante contratos de derecho privado.

Por ello deben incorporar en su proyecto educativo institucional las condiciones de ingreso, las que pueden comprender valoraciones pedagógicas que permitan al plantel determinar las habilidades de quienes aspiran a ingresar; lo que no pueden es optar por la evaluación, para luego prescindir de la responsabilidad que supone toda prueba académica. El cometido formador de los procesos educativos, al que están obligados los planteles públicos y privados, se construye a partir del PEI, el que además se fundamenta en la ley general de educación, de suerte que ningún establecimiento puede negarse a informar en detalle a un padre de familia sobre las pruebas académicas propuestas a su hijo, argumentando que no media contrato educativo, porque lo que importa en los procesos académicos no es la relación jurídica existente sino la influencia del proceder de los padres y de los maestros en la formación de los niños y de los adolescentes, etapas en las cuales la familia y la escuela se erigen en referencia fundamental en la socialización del ser humano.

Conforme a los lineamientos trazados en los artículos 67 y 68 de la Constitución los deberes y cargas que han de asumir los educadores se derivan de la naturaleza del servicio público con función social que prestan, asunto que no es de poca monta en cuanto subordina a los prestadores del servicio de forma directa e inmediata al poder de regulación estatal, especialmente en lo referente a las condiciones que aseguran el acceso y permanencia de los menores en el sistema educativo. La argumentación según la cual el conocimiento de las pruebas por parte de los padres de familia le resta objetividad a futuras evaluaciones, no es aceptable por cuanto el derecho de los niños a exigir de los planteles educativos actitudes que afiancen su formación integral prevalecen sobre el interés de los planteles de mantener sigilo sobre los tests que proponen a quienes evalúan, así fuere dentro del contexto limitado de un proceso de selección. Por lo anterior concedió la tutela y ordenó al colegio que se le entregaran al padre del niño las evaluaciones propuestas y respondidas por su hijo y las explicaciones atinentes a las pruebas practicadas y a la valoración asignada nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-410-04
14.1.6. Elección conjunta de los padres sobre el centro educativo para sus hijos

?Los padres de un menor se separaron dejando reglados sus deberes para con su hijo. La Corte Constitucional señaló que de conformidad con las normas constitucionales y legales transcritas no es posible sostener que con base en el divorcio, y aun teniendo uno de los padres el cuidado personal del menor y su custodia, desaparezca la obligación que corresponde a ambos padres para escoger el tipo de educación de sus hijos menores. Es decir, se violan derechos fundamentales del menor, y también del otro padre, cuando uno de ellos se arroga el derecho a decidir sobre la educación que recibirá su hijo. Pues, parte de ese derecho reside en la facultad de escoger el establecimiento educativo donde adelantará sus estudios.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-309-97
14.1.7. Condiciones de trabajo para los menores en edad de estudiar

?Un grupo de menores de edad presenta acción de tutela para que se les permita el ingreso a los ciclos de estudio destinado a adultos, debido a que se ven obligados a trabajar durante el día lo que les impide asistir a la jornada legalmente señalada para su educación formal. La Corte luego de hacer evidente la preocupante situación de muchas familias en Colombia que tienen que recurrir al trabajo de los menores para lograr el diario sustento, plantea que en estas circunstancias existe una tensión entre el derecho a la educación de los menores y la realidad que exige de ellos el trabajo para la manutención de sí mismo y de su familia. Esta tensión debe resolverse ponderando cada una de los casos concretos en los que se encuentra el menor. Se debe tener en cuenta que es obligación del Estado, la sociedad y la familia.

"Es obligación del Estado ofrecer los medios necesarios para que los menores de edad puedan gozar del pleno de sus derechos fundamentales, entre ellos el de la educación, sin necesidad de entrar en el mercado laboral para lograr el goce efectivo de alguno de estos, motivo por el cual exigen acciones positivas para la administración, sobre todo cuando el mínimo vital de los niños está involucrado. En el evento en que efectivamente la situación económica de las familias de los menores resulte apremiante y sea indispensable para éstas el aporte económico de los menores, habrá de ser el inspector laboral o la primera autoridad local y el defensor de familia, quienes decidan sobre su permiso para laborar, y una vez obtenido éste, entonces sí se podrá solicitar el ingreso del menor a un programa de educación que se adecue a sus necesidades cuando su trabajo no le permita asistir a un programa de educación formal.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-108-01
14.1.8. Deber de respetar la confianza legítima de estudiante al que se permite acceder a grado superior cuando el mismo colegio no ha definido situación de materia no aprobada

Es procedente la acción de tutela para proteger los derechos a la educación, al debido proceso y la confianza legítima de un estudiante que sin haber aprobado una materia presenta su examen supletorio y no recibe oportunamente la calificación del mismo, se le permite ingresar a las actividades propias del grado siguiente y no se le permitió tener acceso al órgano competente para solucionar el problema.

En efecto, la garantía del derecho al debido proceso exige (i) que se identifique a los alumnos que debían presentar exámenes supletorios; (ii) que los padres sean informados por escrito sobre esta circunstancia, pues ello les permite tener conocimiento acerca de los problemas académicos que presentan sus hijos; (iii) que se fije fecha, hora y lugar para la presentación de dichos exámenes; (iv) que los mismos con su respectiva calificación sean dados a conocer al alumno y a sus padres de manera oportuna; (v) que, en cualquier evento, se permita que el estudiante pueda presentar el caso ante el órgano interno competente para que adopte la decisión final correspondiente. Adicionalmente, el colegio debe abstenerse de generar en el alumno expectativas que no corresponden a la realidad, tales como las de haber superado un grado académico y estar preparado para cursar el siguiente, pues ello es contrario a la confianza legítima.

En especial se vulnera la confianza legítima cuando el plantel se rehusó a matricular al joven luego de haber permitido que se integrara a las actividades propias del curso siguiente, pues desconoció las expectativas que el mismo colegio había generado de que podía cursar el siguiente grado. Por lo anterior ordenó el reintegro del joven al plantel si así lo desea al curso al que se había incorporado o al siguiente si fue que ya lo cursó nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-291-03
14.1.9. Protección al derecho a la educación de menor por adjudicación de cupo en colegio público lejano a su residencia

Procede la acción de tutela para garantizar efectivamente el derecho a la educación de una niña de cinco años, si la Secretaría de Educación del municipio en el que vivía no le asignó un cupo educativo en un lugar cercano a su casa sin que se perjudicara a otros estudiantes, por cuanto se trata de un servicio público que cumple una función social en condiciones de equidad y se debe garantizar la seguridad de los estudiantes en atención a su edad nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-170-03
14.1.10. El servicio social materializa el carácter de función social de la educación y realiza el deber de solidaridad

Se solicitó declarar la inconstitucionalidad del artículo 97 de la Ley 115 de 1994 que dispone: ?Servicio Social Obligatorio. Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional?. El actor consideró que la norma el principio de igualdad por tres distintas razones: 1) establecer un trato diferenciado entre estudiantes de educación media y estudiantes de educación superior; 2) no establecer un trato diferente entre estudiantes de colegios públicos y privados y 3) no establecer un trato favorable de los menores estudiantes que deben trabajar.

Para la Corte, es claro que una de las posibilidades que tenía el Legislador para materializar el carácter de función social de la educación consagrado en el artículo 67 de la Constitución, y fortalecer los lazos entre los educandos y su comunidad es el servicio social obligatorio que deben prestar los estudiantes de educación media. El cual de esta manera se convierte en el medio idóneo para el aprendizaje y la realización de los deberes de solidaridad de los menores educandos con los restantes miembros de la sociedad.

En relación con los cargos, respecto de los estudiantes universitarios es claro que ya cumplieron con su servicio social al haber cursado la educación media, el cual no es una carga sino una parte estructural del proceso educativo; respecto de los planteles públicos y privados, para el servicio social obligatorio es irrelevante el carácter de estudiante de uno o de otro, pues derivaría en privar a unos de una experiencia de extrema importancia en su proceso formativo e impedirles interactuar con su medio social y familiarizarse con la práctica de valores y fines que promueve el ordenamiento constitucional; y respecto de aquellos que trabajan, se indica que no se puede privilegiar el trabajo de menores de edad afectando el servicio social obligatorio, puesto que este hace parte fundamental del proceso educativo, lo cual sería contrario a la Constitución, aun cuando sí contempla la posibilidad de conciliarlos sin que se puedan eximir.

Por las anteriores razones se declaró exequible la norma demandada. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-342-05
14.2. Violación a la dignidad del menor dentro del ámbito educativo

14.2.1. Derecho a la educación de niños con disminución física

?Ante la negativa de las directivas del Centro Educativo para aceptar el ingreso a estudiar de un menor por padecer limitaciones físicas en las piernas, a pesar de contar con los requisitos previstos por el plantel. La Corte Constitucional expone que la educación ordinaria se ofrece en general a todos los niños sin evaluar limitaciones o necesidades especiales. Señala que el desarrollo integral de los niños está en primera instancia en la cabeza de familia. La sociedad debe garantizar la Educación como la integración del niño a la comunidad a fin de lograr el desarrollo satisfactorio de su vida. El Estado además de la educación y efectividad de la protección de los derechos fundamentales, debe asegurar la igualdad real y efectiva en los menores con limitaciones físicas.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-513-99
14.2.2. Prohibición de discriminación por ser hijo de matrimonio civil

?La Corte Constitucional ante la negativa de un colegio particular de admitir a un alumno, alegando no haber nacido éste de un matrimonio celebrado por el rito católico, afirma que es inaceptable todo lo que implique discriminación basada en el origen familiar. La Corte ordena a la directora del colegio considerar la solicitud de ingreso de la menor, siguiendo exactamente las mismas reglas aplicables a todos los estudiantes de ese plantel.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-510-94
14.2.3. Proteccion a la dignidad del niño por exposición de su cuerpo en aula de clases

?En providencia de tutela, la Corte Constitucional protegió el derecho a la identidad, intimidad, dignidad y autonomía personal de un menor que fue objeto de exposición del cuerpo (genitales) frente a sus compañeros de clase, causándole un daño emocional por la actitud de una profesora al tratar de proporcionar una explicación sobre el cuerpo humano. Al entender de la Corte se afectó el respeto que se tiene de sí mismo y de su propio cuerpo, y la imagen que los demás tienen de él. Se ingresó a un espacio que era para él reservado. Por ello, dispuso la Corporación examinar a través del Ministerio de Educación la forma cómo se está desarrollando el proyecto pedagógico de educación sexual, disponiendo, además, la ayuda psicológica necesaria a favor del menor, debiendo los padres brindar toda la colaboración para que el niño pueda continuar con su educación en un ambiente apropiado.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-293-98
14.2.4. Prohibición de afectar los derechos de un menor por deficiencia pedagógica

?La Corte Constitucional expone que las preguntas que los estudiantes formulan en clase y las respuestas que los profesores dan a las mismas, son actividades que pertenecen al proceso educativo. En éste intervienen varios sujetos, dotados de ciertas capacidades y autoridad, que de manera más o menos sistemática y continua, mediante acciones, contenidos y métodos de diversa naturaleza, hacen que otros adquieran conocimientos y desarrollen potencialidades, actitudes y sentimientos, necesarios para acceder a los bienes y valores de la cultura. La Corte, en su afán de establecer la causa de la lesión de los derechos de la menor, no puede entrar a cuestionar el derecho legítimo de la maestra de impartir educación religiosa - seguramente autorizada por los padres de los menores -, de acuerdo con la metodología y criterios más ajustados al credo que profesa.

"En últimas se trata de una opción que, desde el punto de vista del profesor, se sustenta en la libertad educativa, de religión, conciencia y expresión. La educación religiosa en los establecimientos del Estado, cuando media la libre voluntad del educando y de sus padres o representantes, puede impartirse siempre que no vulnere los fines constitucionales de la educación y no se traduzca en una mera adoctrinación o catequesis irreflexiva y sesgada. En este orden de ideas, las afirmaciones de la profesora corresponden a las reglas morales de un determinado credo religioso que lógicamente carece de contenido científico y no pueden ser confrontadas a partir de ninguna posición o doctrina oficial. Por el contrario, las aseveraciones de la profesora, en lo que respecta a su contenido, son manifestaciones que se deben respetar en aras del pluralismo educativo y religioso.

"Por último, la Corte encontró que por lo menos dos aspectos del proceso educativo, se mostraban insuficientes: la educación "en la democracia y para la democracia" y la educación sexual. El irrespeto y la discriminación de que es objeto la menor por parte de sus compañeros, aunado al desconocimiento y falta de comprensión - de acuerdo a su grado de desarrollo cognitivo y emocional - de las materias sexuales que es ostensible en todos los menores involucrados, acreditan el aserto y hacen imperioso que se corrija de inmediato la situación a través de los recursos pedagógicos que sean más conducentes. La Corte decide conceder la tutela a la menor respecto de sus derechos a la educación y al libre y pleno desarrollo de su personalidad.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-337-95
14.2.5. Prohibición de exigir niveles mínimos de rendimiento físico

?Para la Corte Constitucional resulta imposible entender que el estudiante, siempre y en todos los casos, esté obligado a acreditar niveles mínimos y máximos de rendimiento en cada una de las áreas, haciendo abstracción total de sus específicas condiciones sociales, físicas, intelectuales o sicológicas, como si se tratara de establecer proporciones determinadas que al sumarse arrojaran un resultado exacto equivalente al logrado mediante la aplicación de una fórmula o ecuación matemática o biológica, so pretexto de la "integralidad". Por el contrario, el esfuerzo que se vincula a la educación con miras al logro de sus fines no debe pasar por alto las específicas condiciones físicas del educando, requiriéndose la atención personalizada que resulte indispensable y la evaluación ponderada de carácter médico o técnico de las condiciones físicas.

"Las dificultades que presenten los estudiantes en campos que como la educación física exigen ciertas capacidades y habilidades, aun supuesto el desentendimiento de la familia, demandan del docente que las advierte un especial y riguroso cuidado, de carácter científico y técnico, de modo que tratándose de la aptitud física corporal, en situaciones de desinterés o de dificultad, no está llamado el centro educativo a presumir la aptitud o la sanidad del alumno exigiéndole el comportamiento, conducta o rendimiento de quien se encuentra en condiciones de normalidad, sino que debe desplegar una actividad encaminada a examinar y establecer las causas del atraso acudiendo en tales casos a los medios de que dispone el plantel o en últimas alertando a los padres o encargados, para que, de acuerdo con los resultados de estas diligencias, se dispense el tratamiento adecuado, permitiéndose la sustitución de los ejercicios y prácticas por otras actividades que no entrañen riesgo para la salud ni pongan en peligro otros derechos.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-183-93
14.2.6. Debido proceso educativo y respeto a la dignidad humana de los educandos

?La madre de una menor que fue obligada a pedir perdón frente al estudiantado por su comportamiento, instaura acción de tutela para proteger el derecho de su hija a la dignidad. Para la Corte Constitucional las sanciones y tratos infamantes son incompatibles con la Carta Política vigente. Las comunidades religiosas que incluyen dentro de su norma la clase de confesión a la que se sometió a estas estudiantes, preparan para ella a sus novicios, y sólo admiten en la convivencia en la que se practican regularmente tales ejercicios de humildad y obediencia, a adultos que de manera consciente e ilustrada voluntariamente optan por esa forma de vida, como una forma de aspirar a la santidad; la actuación de las autoridades del colegio que impusieron tal práctica a sus alumnos menores de edad, resulta a todas luces irrespetuosa de la dignidad, la libertad de conciencia, la intimidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las estudiantes.

"Por tanto, la Corte concede la tutela y previene a las directivas y docentes del colegio demandado para que definitivamente abandonen tal clase de actividades infamantes. Para la Corte también es claro que las estudiantes incurrieron en una falta grave, y que, a cuenta de proteger sus derechos constitucionales, no puede patrocinar esa clase de comportamientos lesivos de la disciplina y el derecho de los demás; por tanto, el Consejo Directivo del citado establecimiento procederá a adelantar un proceso disciplinario en contra de ellas, sin repetir las irregularidades demostradas; para tal fin, modificará el Manual de Convivencia, pues la reglamentación actual es inaplicable.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-143-99
14.2.7. Educación sexual respecto a exposición al arte erótico

?El director de un instituto de cultura, al observar las obras expuestas, dio la orden de descolgar algunas de ellas, pues las consideró pornográficas, contrarias a la moral predominante en la región y carentes de valor artístico, negando así la autorización para hacer uso de la sala de exposiciones. La Corte Constitucional señaló que en relación con el derecho a un desarrollo armónico e integral de los niños que circulan por el recinto de exposiciones, cuya decisión de observar las obras podría no ser totalmente libre (debido a su inmadurez sicológica), las autoridades del Instituto tienen el deber de garantizar el cumplimiento del derecho, pero ello no es incompatible con la realización de una exposición de arte erótico.

"Antes bien, ésta puede constituir una valiosa herramienta en la educación sexual que el Estado, en íntima colaboración con los padres de familia, está obligado a impartir. Los padres que consideren que algún tipo de manifestación artística puede ser contraria a sus valores, o las personas que por cualquier otra razón deseen evitar que sus hijos contemplen determinadas obras de arte, tienen la posibilidad y el deber de educarlos dentro de su propia moral a fin que los menores, al enfrentarse a exposiciones contrarias a aquélla, puedan reaccionar en consecuencia.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-104-96
14.2.8. Prohibición a colegios de practicar examenes médicos a los estudiantes sin su previo consentimiento

Una madre de familia, en representación de su hijo menor de edad, presentó acción de tutela contra el colegio en donde éste cursaba sus estudios, debido a que le había sido practicado un examen de sangre para detectar si tenía rastros de haber consumido marihuana, sin el consentimiento del niño y contrariando los procedimientos previstos en el manual de convivencia.

La Corte precisó que las intromisiones en la esfera íntima de la persona son censurables desde todo punto de vista en un Estado Social de Derecho, máxime cuando se trata de menores de edad que por su incipiente desarrollo de formación, y por la concepción general que tienen del mundo atentan en mayor medida contra los derechos que de su condición de tales se predican, lo cual hace reprochable la conducta del plantel educativo.

El hecho de que no hubo pronunciamientos que hicieran de público conocimiento el presunto consumo de sustancias alucinógenas por parte del estudiante, ni la práctica de la muestra, evidencia una conducta ilegítima e irregular no exteriorizada que no afecta la honra ni el buen nombre de los afectados.

Sin embargo, la dignidad, la intimidad y la integridad física del afectado fueron claramente quebrantadas por desbordar el ejercicio legítimo de la función correctora y orientadora de las directivas escolares. Una práctica médica por simple que sea, como se trata de una muestra de sangre sin el consentimiento del paciente, violenta la dignidad la integridad de la persona sobre la que se practica, más aún donde la justificación fue el presunto consumo de sustancias alucinógenas. Para el caso rechaza las pretensiones de la demanda por tratarse de un hecho superado; sin embargo, previene al rector y a la coordinación del plantel para que no vuelvan a incurrir en conductas similares y compulsa copias a la secretaría de educación del ente territorial correspondiente y al Ministerio del ramo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-266-06
14.3. Relación de los padres con el centro educativo

14.3.1. Deber de colaboración de los padres respecto de la educación de sus hijos: sanción por no cumplir el manual de convivencia

?A un niño se le negó la matrícula en un colegio, ya que presenta un alto coeficiente intelectual y no ha sido posible que se acomode a la disciplina del plantel. La Corte Constitucional señaló que tratándose de un menor de edad, y particularmente de un niño, los padres de familia, como cabezas de la misma, deben jugar un papel preponderante, y por ello están llamados a colaborar permanentemente con la institución educativa en el proceso de formación de sus hijos, más aún cuando por determinadas circunstancias requieren de una especial atención, como es el caso del menor (...), quien por su alto coeficiente intelectual debe estar vinculado a un establecimiento que le brinde las posibilidades de desarrollo académico y personal que requiere....al quedar demostrado que con los comportamientos asumidos por el estudiante, que denotan actos de indisciplina contrarios al Manual de Convivencia que debió ser observado por parte del alumno, los cuales fueron reiterados, se establece que era procedente la cancelación de la matrícula para el año lectivo de 1996, sin que ello conlleve violación del derecho fundamental a la educación por parte del plantel educativo mencionado, sino por el contrario es consecuencia de no haberse acatado los deberes señalados en el mismo, los cuales son de obligatorio cumplimiento tanto para el alumno aventajado como para los que no tienen un rendimiento académico excelente.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-206-96
14.3.2. Prohibición de retaliación contra niños por inconformidad de padres con directrices del colegio

?La Corte Constitucional en sentencia de tutela protegió el derecho a la educación de un menor contra las directivas de un Jardín Infantil al ser objeto de retaliaciones por la inconformidad de los padres con la política del establecimiento. Las opiniones expresadas por los padres, o la disparidad de criterio sobre la política de administración del establecimiento que éstos manifiesten, no pueden convertirse en razón para que la institución tome decisiones que afectan la permanencia de los menores.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-500-98
14.3.4. Prohibición de hacer anotaciones al margen en los certificados educativos, en especial alusivas a deudas pendientes de padres de menores de edad con planteles educativos

En este caso se trata inicialmente de establecer si vulnera los derechos fundamentales a la educación y al libre desarrollo de la personalidad del menor, la negativa de una institución educativa de carácter privado, de entregarle las calificaciones y la documentación correspondiente, por mora en el pago de las pensiones por parte de sus padres, que demuestran una crítica y actual situación económica que les impide cumplir con tales obligaciones. Al respecto la Corte considera que la acción de tutela es procedente. De la misma manera indica que no existe hecho superado si persiste la vulneración a un derecho constitucional, como cuando se encuentra, al momento de proferirse el fallo de revisión, que si bien el colegio accionado entregó el documento solicitado realizó una anotación en los certificados entregados, relativa a la existencia de una deuda pendiente con el colegio en cabeza de los padres del menor de edad.

La Corte considera que ello es vulneratorio de los derechos del niño, pues a su juicio es ajeno a la emisión de certificados escolares las notas marginales que apuntan al cobro de una deuda que finalmente tiene sus cauces ordinarios. Por lo tanto, con la anotación hecha en el certificado de notas del niño, subsiste la vulneración del derecho a la educación, pues éste se ve avocado a interrumpir nuevamente la continuación de sus estudios en otro plantel educativo. La mención de la deuda pendiente, se insiste, es asunto extraño a la constatación escolar de notas y rendimiento académico, y va en perjuicio directo del futuro educativo del menor.

Es por ello que la Corte considera que persiste la violación al derecho a la educación del niño, por lo cual confirma la sentencia proferida en primera instancia, con la orden de que se adicione dicho fallo y que el colegio accionado emita un nuevo certificado escolar, absteniéndose de hacer cualquier clase de anotación dirigida a dar a conocer la deuda económica que mantienen los padres del menor con el mencionado plantel. Advierte a los padres del niño que esta orden no los exime del cumplimiento de las obligaciones económicas que han contraído con el colegio accionado o de someterse a las medidas judiciales que se inicien en su contra para el cobro de la deuda nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-821-02
14.3.5. Prohibición de suspender a un menor durante el año escolar por falta de pago de la pension

?Cuando durante el transcurso del período lectivo una institución privada suspende de manera abrupta a un menor que se encuentra cursando preescolar, impidiéndole así seguir asistiendo a clase, por el hecho de que sus padres o responsables no han pagado la pensión, se incurre en una violación al derecho fundamental a la educación. La institución educativa dispone de otros medios legítimos para exigir el pago de la pensión y para reducir los costos en que incurre por prestarle el servicio al menor.? De tal manera no es posible retirar a un menor de edad del plantel educativo durante el año escolar aun cuando los padres o responsables no paguen lo estipulado, con base en que con tal acción se crearía un efecto nocivo y muy grave para su desarrollo y seria contraproducente en cuanto a su educación?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-356-01
14.3.6. Prohibición de utilizar evaluaciones cuantitativas cuando legalmente se exige evaluación cualitativa en la educación básica y media, a pesar de estar contemplados en el manual de convivencia

En el caso de una menor de edad que obtuvo en su grado undécimo un promedio de calificación inferior a 3.5 que era el exigido por el manual de convivencia del centro educativo, motivo por el cual el mismo consideró que no podía ser promovida, la Corte Constitucional consideró que: Se puede acudir a la tutela cuando las actuaciones de las instituciones educativas que prestan un servicio público al imponer sanciones disciplinarias sin respetar el debido proceso, o cuando interpretan las normas de los reglamentos internos de forma incompatible con la Constitución o cuando ellos mismos lo son. Cuando la valoración que de ellos se haga en cuanto a su contenido material desborda el ámbito de competencia propio del juez constitucional, lo que debe hacer es tomar las medidas necesarias para tal efecto respetando en todo caso el derecho a la libertad de educación y la libertad de cátedra.

Es por ello que la Corte, teniendo en cuenta que el Colegio aplicó un sistema de evaluación académica cuantitativo, y que el mismo no podía ser utilizado, por ser opuesto a la Ley 115 de 1994 y al Decreto 1860 del mismo año, concedió la protección al derecho a al educación de la menor de edad y con el fin de garantizar que la evaluación respondiera a las exigencias constitucionales y legales, en lo referente a las materias en las que no obtuvo nota aprobatoria, el colegio deberá conformar una comisión encargada de evaluar en términos cualitativos el proceso formativo de la estudiante y determinara si cumplía o no los logros necesarios para que fuera promovida, en un término máximo de tres meses nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-859-02
14.3.7. Conflicto entre autonomía del centro docente y los padres del menor se resuelve a favor del menor

?En caso de conflicto entre la autonomía del centro docente -expresada en la libertad de enseñanza (Constitución Política art.27) y en la facultad de fundar establecimientos educativos (Constitución Política art.67 inc.1)- y los derechos de los padres a educar a sus hijos y a participar en la dirección de las instituciones de educación (Constitución Política art.68 inc. 2), el constituyente se ha manifestado en favor de los niños al consagrar la prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás (Constitución Política art.44 inc. 2), lo que significa que la mejor alternativa que responda objetivamente a su interés y al desarrollo de su personalidad es la que en cada caso concreto deberá promoverse.

"Sería violatorio de la Constitución no respetar el derecho de permanencia del menor en el centro educativo a raíz de las disputas surgidas entre padres de familia y directivos o profesores. Tal circunstancia, además de ser un elemento ajeno a las causales de exclusión del sistema educativo, viola el mandato constitucional de no discriminación por razón del origen familiar contenida en el artículo 13 de la Carta, así como la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-450-92
14.3.8. Obligatoriedad de conceder reintegro a estudiante inducido a solicitar su retiro por faltas disciplinarias pero a quien se otorgó certificado de buena conducta

Una defensora de familia presentó acción de tutela para la protección del derecho a la educación y al debido proceso de menor de edad, quien vive con su madre y había mostrado reiterada conducta indisciplinada, al considerar que no le iniciaron proceso disciplinario, con el cumplimiento de todas las formas procesales, sino que le indujo a solicitar su retiro y otorgarle certificado de buena conducta, lo cual en la practica se constituye en expulsión; y cuando posteriormente solicita su reintegro, le es negado con el argumento de su mala conducta, por lo cual se solicita el reintegro.

Para la Corte, el procedimiento de recomendar a la familia la solicitud de retiro no vulneró el derecho al debido proceso en este caso concreto por cuanto en ejercicio del interés superior del niño, el colegio propuso una medida pedagógica que implicaba una decisión menos grave que la que seguramente hubiera producido el proceso disciplinario. Sin embargo, al haber otorgado certificado de buena conducta el colegio debe comprometerse con ello, por lo cual no puede rehusar el posterior reintegro del menor de edad con el argumento de su mala conducta, pues las razones para ello deben ser objetivas y ello no existe cuando se advierte una contradicción entre lo expresado públicamente por una institución, a través de sus certificaciones, y lo manifestado en el momento en el que se niega la petición de retorno a la institución. Por lo anterior concede la tutela y ordena al colegio permitirle continuar sus estudios al joven afectado y le evalúe sus exámenes de forma imparcial. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1061-04
14.4. Educación especial

14.4.1. Derecho a la educación de menores de edad con talentos o capacidades excepcionales

Un grupo de menores de edad con talentos y capacidades excepcionales, estudiantes de un centro de educación especializado en el manejo de este grupo de personas, se vieron en la necesidad de retirarse del plantel debido a que sus padres, por las dificultades económicas que atravesaban no pudieron cancelar las respectivas matrículas y pensiones. La desescolorización forzosa a que se vieron sometidos los menores como consecuencia ha traído graves problemas de orden intelectual, psicológico y afectivo, el deterioro en su salud física y emocional, la desadaptación al medio, la atrofia de sus capacidades y la pérdida de su autoestima. Ellos elevaron solicitudes a diversas entidades del Estado para que se desarrollara y aplicara el inciso final del artículo 68 que declara la obligación especial del Estado para la educación con capacidades excepcionales, sin obtener respuesta concreta alguna sobre la implementación de políticas claras y específicas en esas dirección, alegando dificultades de orden presupuestal, administrativo y operativo.

Finalmente interpusieron una acción de tutela para que se obligara a las entidades estatales responsables a regular, promover, garantizar y prestar la educación especial que requerían los jóvenes con capacidades especiales. Para la Corte la educación se constituye en derecho fundamental que unido a la obligación estatal que se deriva del inciso final del artículo 68 de la Constitución, se convierte en derecho objeto de acción de tutela. El trato diferenciado, en educación, que se le da a las personas con capacidades especiales resulta plenamente adecuado a los fines constitucionales que el propio constituyente ha reconocido y quiere promover. Esto debido a que la educación para personas con capacidades excepcionales no sólo constituye un derecho para el desarrollo personal de sus capacidades, sino que da lugar a lo que se conoce como un bien de mérito que redunda en beneficios para toda la comunidad pues los mayores conocimientos y destrezas adquiridos por las personas que reciben dicha educación las convierte, en general, en agentes impulsadores del desarrollo cultural, científico y tecnológico que requiere y espera el país.

Debido a que se encontró que no existía por parte de las entidades estatales planes reales para la prestación especial del servicio de educación adecuada para este tipo de personas, sino sólo apoyos crediticios, sin suficiente disponibilidad y desaprovechados porque exigen requisitos extremos para su aprovechamiento y algunos pequeños proyectos piloto que no tienen fecha definida para entrar en marcha, se ordenó dar cumplimiento al artículo 49 de la Ley 115 de 1994. Esta ley estipula que en los establecimientos educativos se deben establecer los mecanismos necesarios para detectar a los alumnos con capacidades excepcionales e incluir dentro de los reglamentos la organización de proyectos educativos especiales para la atención de este tipo de personas y los subsidios a los que haya lugar cuando la familia carezca de recursos económicos para sufragar la educación y para que se implemente un sistema que permita diseñar una política y acciones para lograr el objetivo trazado.

También se ordenó: a) diseñar políticas estables tendientes a garantizar la organización de programas encaminados a proporcionar educación especial a las personas con talentos y capacidades excepcionales, y asegurar su ejecución a través de organismos especializados o mediante el concurso de las entidades territoriales, b) identificar y registrar en una base de datos a aquellas personas que posean calidades y talentos excepcionales; c) garantizar la educación de las referidas personas, bien sea en instituciones públicas o privadas del país o del exterior, mediante la provisión de los correspondientes recursos económicos y el establecimiento de auxilios, subsidios, becas o créditos educativos en condiciones especiales, a favor de quienes no posean los medios económicos para ello; d) hacer un seguimiento permanente de la educación de las referidas personas, con el fin de que ésta logre el cometido constitucional de su desarrollo integral.

De la misma manera ordenó al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" -ICETEX- que, en los términos de esta sentencia, procedieran a implementar un sistema de financiación de educación para los menores que posean talentos o cualidades excepcionales que, por lo menos, contemplaran los siguientes elementos: i) recursos suficientes y apropiados para cubrir adecuadamente la demanda de créditos requeridos para atender a la educación especial de dichos menores; ii) diseño de mecanismos sencillos y ágiles para que los peticionarios de los créditos puedan acceder fácilmente a éstos. Por lo tanto, se excluirán aquellos requisitos extremos que en cuanto a solvencia de los requerientes de créditos se exige ordinariamente por las entidades financieras; iii) implementación de sistemas que garanticen la igualdad de oportunidades y la publicidad para el acceso al crédito, según los méritos que demuestren los aspirantes para recibir dicha educación especial.

Para el cumplimiento de las órdenes impartidas, se dispuso de un término de 48 horas para iniciar las gestiones pertinentes y hasta de seis meses contados a partir de la notificación de esta sentencia para concluirlas. Se ordenó a la entidad Distrital encargada que para el año lectivo de 2001, concluyera el programa previsto para el ofrecimiento de la educación especial en los planteles del Distrito que para tal fin hayan sido seleccionados, de tal modo que a partir de dicho año y en adelante los menores con capacidades o talentos excepcionales puedan acceder a ella. Igualmente dicha entidad, implementará para el año lectivo de 2001 un sistema destinado a la provisión de recursos económicos (v.gr. subsidios o becas) para que los menores con capacidades y talentos excepcionales y con insuficientes recursos económicos puedan acceder, según la calificación de sus méritos, a la educación especial que impartan instituciones privadas. En consecuencia, se ordenó también a dicha entidad que garantizara el derecho a la educación de los menores accionantes del año 2001 en adelante. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-1149-00
14.4.2. Educación de niños con necesidades especiales

Se interpuso acción de tutela en favor de varios menores con necesidades educativas especiales en atención a que la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia decidió el cierre de las aulas especiales en las que anteriormente estudiaban los mismos y optó por integrarlos a la educación regular mediante la creación de aulas de apoyo, las cuales contaban con maestras de apoyo especializadas. Los accionantes consideraban que la integración a aulas regulares sin consideración de sus particulares circunstancias violentaba su derecho a recibir educación acorde con sus necesidades. Manifiestan que igualmente se vulnera el derecho a la igualdad y a la protección especial a personas en condiciones de debilidad manifiesta.

La Corte no encontró violación del derecho a la educación debido a que el cierre de las aulas especiales destinadas a la educación de niños con necesidades educativas especiales que funcionaban en los establecimientos educativos del departamento como consecuencia de la entrada en funcionamiento de nuevas políticas educativas que les brindaban la opción de permanencia en aulas de apoyo especializado, las cuales funcionaban dentro de las aulas regulares, bajo el principio de la educación integrada, no significaba una violación del derecho a la educación de los menores que se encontraban bajo estas condiciones. En ningún momento a ellos se le negó continuar con su educación.

Lo que sucede es que la política escogida por la legislación opta por un criterio de integralidad en la educación, en donde a los menores con dificultades especiales para el aprendizaje están en contacto con los que tienen una capacidad normal, frente a un criterio de especialidad, que busca que el tratamiento educacional a estos menores se produzca de manera independiente al de los demás niños. No existe unanimidad, entre los expertos sobre cuál es entre estas dos posibilidades la que proporcionan un mejor desarrollo en el aprendizaje del menor, encontrándosele a cada una, determinadas objeciones. Por ejemplo, la educación especializada incurriría en una especie de aislamiento y produciría la discriminación de los menores, en tanto que la educación efectuada bajo el principio de la integralidad, puede exponer al menor a un daño originado por las burlas de sus compañeros.

Bajo estas circunstancias la escogencia de cierto tipo de política, en este caso la integralidad en la educación, no implica violación del derecho a la educación de los menores. Sobre todo si se ha estipulado un plan de apoyo especializado con aulas y profesores de apoyo que permiten el ejercicio especializado con estos niños que aminoran un poco el principio de integralidad adoptado. Sólo en los casos extremos, previa evaluación científica en la cual intervendrán no sólo los expertos sino miembros de la institución educativa y familiares del niño con necesidades especiales, se concluya que es la única posibilidad de hacer efectivo su derecho a la educación, es posible alegar que existe violación del derecho a la educación si no se le imparte al menor educación en extremo especializada. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1482-00
14.4.3. Acceso y permanencia en el sistema educativo de menores que requieren educación especial: la edad como criterio para ubicar a un menor en un grado escolar

?Un menor que tiene dificultades de aprendizaje no pudo matricularse en un colegio para el grado primero elemental, debido a que los profesores que hacían la matrícula alegaron que aquél había superado la edad de admisión. Para la Corte Constitucional la solución definitiva al problema no está en cerrarle las puertas de la educación ordinaria al niño que presente problemas de aprendizaje, con el simple argumento de que, por requerir educación especial, la aplicación de la pedagogía que guía los procesos educativos de los niños normales a aquellos que por alguna circunstancia no lo son, está de antemano condenado al fracaso porque, como lo afirman algunas de las profesoras de la escuela de Fosca, lo cierto es que el menor "no aprende nada". Descartar a un menor por la sola consideración de que no aprende las lecciones impartidas a sus condiscípulos "normales", comporta recortar las posibilidades que la relación con la escuela ofrece a quien padece alguna limitación.

"Esas posibilidades tienen que ver, por ejemplo, con los procesos de socialización, favorecidos por el contacto con los otros y que le ayudarían a la persona disminuida que no está en condiciones de acceder a la educación especial a aprender a desenvolverse en los ámbitos de la "normalidad", que son, precisamente los que va a enfrentar durante toda la vida. Una opción diferente conduciría a dejar el niño en la casa, reduciendo sus posibilidades de contacto con los demás y con buena parte del mundo exterior y propiciándole las condiciones para que reafirme su convicción de ser diferente y para que los demás asuman que en verdad lo es, incurriendo en el riesgo de la estigmatización.

"Ahora bien, en los casos en los que sea posible el traslado del menor necesitado de educación especial a lugares distantes de su hogar, se torna indispensable ponderar si los efectos de esa separación de su familia y de su entorno, en realidad lo benefician o le producen traumatismos mayores que los derivados de su pertenencia a un centro educativo para niños normales....aunque se llegara a comprobar la necesidad de ese tipo de educación, resulta indispensable verificar si real y efectivamente hay posibilidad de brindársela, atendidas las circunstancias en que se hallen el menor y sus familiares.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-329-97
14.4.4. Permanencia de un menor dentro de una institución de educación especial

?La mamá de un niño interpuso acción de tutela porque a su hijo no le renovaron la matrícula en virtud de la solicitud que hiciera de suspenderle el suministro de Bienestarina porque este alimento le causaba al menor malestares estomacales. Para la Corte, la decisión de separar a un menor del servicio educativo especial que se le viene prestando, máxime si se trata de alguien que pertenece a una familia de escasos recursos económicos, no puede adoptarse de manera unilateral por el Instituto a cuyo cargo ha sido confiado aquel, a no ser que medie una causa razonablemente justificada.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-036-93
14.4.5. La permanencia en una institución de educación especial no puede ser condicionada a la práctica de unos exámenes médicos

La mamá de un niño de 10 años presentó acción de tutela en su nombre por cuanto el colegio en el que estudia tercer año de educación básica primaria, en el programa de educación especial, no le permitió seguir asistiendo a la Institución luego de la temporada de vacaciones de mitad del año 2004, hasta tanto no le practicaran una serie de exámenes ordenados por el médico del colegio. La madre carecía de los recursos económicos para practicarle los exámenes ordenados y éstos no podían ser practicados por la EPS pues eran prescritos por un médico de dicha entidad.

La Corte consideró que es legítimo que las instituciones educativas regulen aspectos del servicio público que prestan a través de los manuales de convivencia, pero que les está vedado por la Constitución Política que a través de dicha reglamentación se vulneren los derechos fundamentales de los educandos.

La decisión de las directivas del Colegio conculcó el derecho fundamental a la educación del niño puesto que i) la medida adoptada por la institución afectó negativamente el derecho fundamental del niño a la permanencia en el sistema educativo y, ii) ésta no se reveló como necesaria ni proporcional, pues se pudo acudir a otro tipo de medidas, de cara al fin que se perseguía con ella, que no era otro que una adecuada convivencia dentro del colegio pues por las características del colegio éste debe contar con los recursos humanos y logísticos para la atención de menores que ingresan a sus programas.

La Corte concedió la tutela del derecho a la educación del niño y ordenó a la rectora del Colegio realizar las gestiones administrativas necesarias para que éste continúe su educación en el tercer año de educación básica primaria en el programa especial que venía cursando en dicha entidad. Previno a la madre del niño para que cumpla con las obligaciones que la Constitución Política y el Código del Menor le imponen para con su menor hijo. De no hacerlo, la Rectora del Colegio deberá poner en conocimiento del Defensor de Familia dicha situación a fin de que, si lo considera del caso, determine si el menor se encuentra en una situación irregular y adopte las medidas de protección pertinentes (artículo 29 y s.s. Código del Menor). Ordenó a la Alcaldía municipal y a la Secretaría de Salud Municipal dar inicio a las diligencias pertinentes para la asignación de una A.R.S. al niño.

También ordenó a la Dirección Territorial de Salud la realización de las gestiones necesarias para garantizar los medicamentos, procedimientos, tratamientos y, en general, la atención integral en salud que requiera el niño y que ha sido ordenada por el médico del Colegio para el mejoramiento de sus condiciones de salud, mientras se produce su afiliación al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-336-05
14.5. Debido proceso en el ámbito educativo

14.5.1. Factores que se deben tener en cuenta en la aplicación del debido proceso en trámite sancionatorio académico

Una madre, en representación de su hija de 12 años, presentó acción de tutela contra el colegio en el que la niña adelantaba sus estudios por considerar que le vulneraron su derecho al debido proceso y a la educación pues la expulsaron tras hallarla en compañía de varios alumnos en actos considerados eróticos. Previo a ello se agotó el debido proceso formal y en todo caso se le permitió presentar sus exámenes finales.

Para la Corte el derecho al debido proceso de que son titulares los niños y adolescentes que se encuentran matriculados en un plantel educativo público, no puede ser entendido simplemente en términos de la existencia de unas conductas prohibidas y unos pasos e instancias que es preciso agotar para la imposición de unas sanciones que, según el caso, pueden ir desde simples llamados de atención hasta la expulsión del colegio. En efecto, el sometimiento de un menor de edad a un trámite sancionatorio académico no puede ser ajeno a factores tales como i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta; iii) las condiciones personales y familiares del alumno; iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo.

Para la Corte se vulneró el debido proceso porque no se tuvo en cuenta la edad de la niña, porque la evaluación sicológica fue posterior a la decisión de la expulsión; porque las autoridades no evaluaron los aspectos que conformaban el contexto (pluralidad de jóvenes), las condiciones familiares y personales no incidieron en el momento de la sanción, no se consideraron las serias deficiencias que presentaba el colegio en materia de educación sexual, no se tomaron en consideración los efectos prácticos que implicaba la sanción para el futuro educativo de la niña y su permanencia en el sistema educativo.

Por lo anterior, la Corte concedió la tutela para proteger el derecho al debido proceso y a recibir una educación sexual adecuada y oportuna; previno a la accionante para que asumiera con responsabilidad sus obligaciones legales de brindarle una educación sexual adecuada y oportuna a su hija; previno a las directivas del colegio para que adopten en el menor tiempo posible las medidas pedagógicas pertinentes con el fin de que actos como los examinados en la providencia no se repitieran; ordenó a la secretaría de educación departamental que tomara las medidas para que las niña cuente con un cupo en otro centro educativo, si eventualmente la misma no se encontraba ya matriculada en otro colegio. De igual manera le advirtió a la misma autoridad pública su deber de omitir dar cualquier clase de explicación sobre los motivos que llevaron al traslado de la menor y velar porque en el nuevo plantel la niña continúe adelante con su tratamiento psicológico.

Finalmente, en relación con el colegio la Corte ordenó a la secretaría de educación departamental brindarle un soporte técnico en materia de educación sexual, e igualmente, vigilar que el plantel cumpla efectivamente con sus deberes legales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-251-05
14.5.2. Vulnera el debido proceso no renovar matricula a estudiantes por falta que no ha sido bien tipificada en el manual de convivencia

Cuatro menores de edad durante una salida pedagógica del grado noveno del Colegio participaron de un evento en el que uno de sus compañeros fue perseguido en grupo, desvestido y filmado. Por los anteriores hechos el Colegio inició un proceso disciplinario en contra de los cuatro niños. Sus padres, sin controvertir la participación de sus hijos en los hechos que comprometieron la dignidad del niño perseguido, presentaron acción de tutela. Sostuvieron que el procedimiento disciplinario no se ajustó a las garantías del debido proceso y que se desconocieron otros derechos como el derecho a la educación, al debido proceso, a la igualdad, a la intimidad y al buen nombre. En los cuatro casos, el colegio adujo el incumplimiento de los deberes consignados en el Manual de Convivencia y en los contratos de matrícula por parte de los estudiantes para no renovar las matrículas para el año 2006.

En la revisión del proceso de tutela la Corte Constitucional estableció que en el Manual de Convivencia la falta por la que fueron sancionados los niños corresponde a: ?todo acto contra la moral y las buenas costumbres? y que las resoluciones mediante las cuales se ordenó cancelar la matrícula a los estudiantes los responsabilizaron por ?todo acto contra la moral cristiana y las buenas costumbres.? Para la Corte la tipificación de la falta es amplia y vaga y no alude a un comportamiento que sea previamente determinable ni a unos deberes específicos, así como que del mismo manual de convivencia, no se puede establecer cuál es la conducta prohibida. Igualmente se estableció que los menores de edad sancionados no fueron escuchados personalmente respecto de su versión de los hechos en el primer proceso disciplinario a pesar de haberlo solicitado, lo cual sí ocurrió con la víctima, desequilibrio que vulnera el derecho de defensa. Por otra parte, la Corte encontró que la decisión de no renovar las matrículas de los estudiantes no respetó el derecho al debido proceso cuando i) no se permitió a los estudiantes saber cuáles eran las faltas cometidas diferentes de las que dieron lugar al proceso disciplinario y ii) no se les permitió ejercer su derecho de defensa por lo que dicha actuación vulnera el derecho al debido proceso de los niños.

Por todo lo anterior la Corte tuteló el derecho al debido proceso de los niños en nombre de quienes se instauró la acción de tutela y en consecuencia prohibió al colegio negarse a matricularlos en el evento en que los niños implicados deseen regresar al colegio. Sin embargo, la Corte permitió la nueva realización del proceso disciplinario, siempre y cuando se respeten las siguientes condiciones: i) la sanción a imponer puede ser cualquiera de las sanciones previstas en el Manual de Convivencia, incluida la más severa; ii) el Colegio puede dejar sin efectos la no renovación de la matrícula de los niños por no haber respetado el derecho al debido proceso; iii) en aras de garantizar la continuidad de la educación de los niños, la Corte ordenará a la Secretaría de Educación del Municipio que en el evento en que los niños no quieran regresar al Colegio se les mantenga el cupo en las instituciones educativas en donde se encuentran estudiando de manera provisional, o en otro establecimiento educativo diferente; iv) el Colegio deberá corregir su Manual de Convivencia en el sentido de determinar con claridad cuáles son las conductas que constituyen una falta disciplinaria. Lo anterior en el entendido de que de su lectura debe poderse determinar cuáles son las características esenciales del comportamiento que será sancionado disciplinariamente. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-917-06
14.5.3. Por su nivel de desarrollo, los universitarios menores de edad no requieren necesariamente la asistencia de sus padres en procesos disciplinarios

Una madre de familia presentó acción de tutela en favor de su hijo menor de edad, quien fuera expulsado de un centro universitario -previo proceso disciplinario- tras haber incurrido en fraude académico. La actora sostuvo que se le había vulnerado a su hijo el debido proceso, pues por su condición de menor de edad debió estar asistido en el proceso por un representante legal o acudiente y por un consejero estudiantil, de acuerdo con el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado.

En el caso de los establecimientos escolares, por regla general, se dispone en los manuales de convivencia que los menores de edad deben estar acompañados de sus padres o acudientes. Así respecto de las instituciones educativas de este nivel, ha de entenderse que este acompañamiento debe hacerse en tanto puede corresponder a procesos disciplinarios que involucren a menores impúberes o adolescentes, quienes en razón al entorno en el que se desenvuelven no cuentan, en principio, con las suficientes capacidades y madurez para asumir con pleno conocimiento y responsabilidad la consecuencia de sus actos.

Sin embargo, esta situación no puede predicarse de los estudiantes universitarios quienes, aun tratándose de menores de edad, deben actuar de conformidad con las responsabilidades propias del entorno universitario en que se encuentran, con el conocimiento íntegro de las obligaciones que este ambiente académico implica, y teniendo en cuenta para ello, que el ejercicio del derecho a la educación se entiende en su doble dimensión de derecho-deber, suponiendo un grado superior de madurez sicológica y, por ende, de responsabilidad personal del alumno. Por ello, no es necesario que deban ser asistidos por sus padres en los procesos disciplinarios que les sigan y así lo contempla el propio reglamento general de estudiantes de pregrado de la Universidad correspondiente, al disponer la participación personal y directa de sus alumnos en las actuaciones disciplinarias que les competen. Por esa razón, la Corte rechaza las pretensiones de la demanda. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-264-06

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