› Observatorio de Justicia Constitucional
» Niños y Niñas
Tabla de Contenidos
  • Mostrando únicamente sección 15
15. Derecho a la recreación del menor

15.1. Prohibición a menores de acceder a salas de juegos electrónicos como medida de protección

?Se demandó el artículo 322 del Código del Menor que prohíbe a los menores de 14 años el acceso a salas de juegos electrónicos, ya que se considera que de esa manera se vulnera el derecho de los menores a la recreación. La Corte consideró que la norma demandada en cuanto prohíbe el acceso de los menores de catorce años (14) a las salas de juegos electrónicos, no afecta en absoluto el núcleo fundamental del derecho a la recreación, por cuanto la prohibición del artículo 322 del Código del Menor tiene una clara finalidad protectora que es perfectamente compatible no sólo con diversas formas de recreación, sino también, incluso con los propios juegos electrónicos, siempre que estos últimos por su ubicación, manejo y ambiente no representen un peligro para el menor y, por el contrario, constituyan una experiencia simultáneamente recreativa y educativa.

"La Corte destaca la prevalencia de la educación sobre la recreación respecto de los menores. Señala que en la medida que la actividad recreativa perjudique la educación del menor, la recreación deberá ceder espacio para satisfacer las necesidades educativas por cuanto en caso de un eventual conflicto insoluble entre ambos derechos, habrá de prevalecer el de la educación.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-005-93
15.2. Procedencia de la imposición de sanción a padres que permitan que los juegos de sus hijos intranquilicen al vecindario

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 202, numeral 5º, del Decreto 1.355 de 1970, Código Nacional de Policía, que establece la sanción de reprensión en audiencia pública a los padres que permitan a sus hijos menores intranquilizar al vecindario con sus travesuras o juegos. Según el actor esta norma impedía a los niños, en aras de no intranquilizar a los vecinos, desarrollar libremente sus juegos y travesuras y ejercer sus destrezas y habilidades, lo que viola sus derechos a la recreación, a la libre expresión y al libre desarrollo de su personalidad, consagrados en los artículos 44, 16 y 52 de la Constitución, que además son prevalentes. Los actores también señalaron que no todos los vecindarios tienen áreas especiales para la recreación de los niños, por lo que son muchos los menores que sufren la limitación impuesta en la norma acusada.

La Corte declaró la norma constitucional dado que no constituye per se ?un atentado contra los derechos de los menores, ni va en detrimento del deber de protección de la sociedad y el Estado. De acuerdo con la jurisprudencia, el verdadero sentido de la prevalencia de los derechos del niño, no excluye que tal prevalencia tenga límites, si tales límites corresponden a la propia finalidad protectora de los niños o a las propias finalidades del Estado. Lo que está en discusión es si las autoridades administrativas pueden imponer una medida correctiva a los padres que permitan que sus hijos intranquilicen a sus vecinos con sus juegos o travesuras. Corresponde a la Corte examinar si el derecho de los niños a expresarse libremente a través de sus juegos puede restringirse con el fin de garantizar el derecho fundamental de los demás a su propia tranquilidad, a no ser molestados, a no ser obligados a soportar alteración o perturbación en su intimidad personal o en su sosiego familiar.

Resulta indudable que la Constitución protege tanto los derechos de los niños como los de los demás. Y que, en el presente caso, no existen dos derechos fundamentales en conflicto. Lo que existe es el deber de los padres de que sus hijos jueguen y se expresen libremente, pero sin perturbar a los demás. Por otra parte, no puede olvidarse que la obligación constitucional de los padres, en cuanto a la educación de sus hijos (art.67 de la Carta), no se agota con el sólo hecho de matricularlos en un establecimiento educativo, pues hace parte de la educación integral que están obligados a suministrarles, el enseñarles a ser respetuosos de los derechos ajenos. Y, cuando los niños no respetan tales derechos por negligencia o falta de cuidado de los padres, y se prueba la perturbación a la tranquilidad de los vecinos, es obligación de las autoridades de policía intervenir, para lograr que los padres enseñen y vigilen que en sus juegos se respeten los derechos ajenos. Obsérvese que la imposición de la medida correctiva se dirigía a los padres, no se imponía a los niños. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-490-02
15.3. Debe preservarse la posibilidad de que los niños puedan aprender, conocer y juzgar la práctica taurina como una manifestación de la riqueza y diversidad cultural de nuestro pueblo

Fue demandada la inconstitucionalidad de un inciso del artículo 22 de la Ley 916 de 2004 que obliga a los menores de diez años a ingresar en compañía de un adulto a los espectáculos taurinos. Considera la actora que la expresión demandada atenta contra los derechos fundamentales de los niños previstos en el artículo 44 del Texto Superior, puesto que en la práctica taurina se presentan acciones violentas, que pueden generar hacia el futuro graves consecuencias de orden psicológico para los menores, dejándose de lado la protección especial que recae sobre estos sujetos, la cual ha sido reconocida por la Constitución Política, y por los tratados internacionales ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Para la corte el cargo no debe prosperar:

(i) En primer lugar, en cuanto a la cultura porque al constituir la práctica taurina una manifestación de la riqueza y diversidad cultural de nuestro pueblo (CP artículos 7° y 8°), le permite al menor experimentar vivencias que lo enriquecen personalmente, por ejemplo, al identificar virtudes humanas como la valentía y la fortaleza. De acuerdo con la Constitución Política el acceso a la cultura se convierte en uno de los derechos fundamentales de los niños, en los términos previstos en el artículo 44 Superior, conforme al cual: ?Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social (...), el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión (...)?;

(ii) En segundo término, por cuanto reconoce a la recreación como un derecho fundamental de los niños, por lo cual todas las actividades que surgen como creación del hombre, destinadas a estimular el agrado y la satisfacción por las cosas que él hace y además por el mundo que lo rodea, deben ser garantizadas por el Estado, no sólo en cuanto a la posibilidad de acceder a las mismas, sino principalmente frente al hecho de poder disfrutarlas; y

(iii) Finalmente, reconoce que, mediante el derecho fundamental a la educación se busca el acceso al conocimiento y a los demás bienes y valores de la cultura, como actos inherentes a la naturaleza proyectiva de ser humano (CP artículo 67). Así las cosas, al representar los espectáculos taurinos de acuerdo con la calificación realizada por el legislador, una manifestación de nuestra riqueza y diversidad cultural, como bien intangible que simboliza una de las múltiples tradiciones histórico-culturales de la Nación, debe preservarse la posibilidad de que los niños puedan aprender, conocer y juzgar dicho arte, para que sean ellos mismos quienes opten o no por su práctica.

La Corte indica que la imposibilidad de que los menores de diez años asistan por sí mismos a un espectáculo taurino, exigiéndose su acompañamiento por un adulto, no afecta en absoluto el núcleo esencial de los derechos fundamentales a la cultura, recreación y educación, pues claramente la norma acusada tiene una finalidad protectora que es perfectamente compatible no sólo con la posibilidad de participar en dichas expresiones de diversión, cultura, conocimiento y entretenimiento, sino también, incluso con el deber del Estado, la familia y la sociedad de asistir y proteger al niño. Finalmente el límite de los 10 años de edad corresponde a la potestad de configuración legislativa del Congreso de la República. Por lo anterior declara exequible la norma demandada. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1192-05

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2012-10-23
El testimonio de menores víctima de violencia sexual, constituye una prueba esencial en los procesos penales, y tiene un enorme valor probatorio a la hora de ser valoradas en su conjunto con las demás pruebas que reposan en el expediente

2012-10-23
Sobre la autoridades judiciales que llevan a cabo la función de investigación y juzgamiento de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, recaen deberes negativos

2011-03-23
Prohibición de reclutamiento voluntario o forzoso de menores de 18 años

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
En la parte superior e inferior se encuentran los ítem anterior y siguiente de cada elemento.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Niños y Niñas optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad