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3. Derecho a la vida

3.1. Protección de la vida de los menores frente a inmueble que amenaza ruina

?Un menor presentó una tutela contra la dueña de una casa contigua a su escuela, en virtud de que el inmueble amenazaba ruina y ponía en peligro la vida y la integridad de los alumnos. Señala la Corte que sí corría peligro la vida del niño que instauró la tutela y de los demás niños de la escuela rural. Peligro actual y grave. Si hubiera existido aún la casa y no hubiere sido destruida por la Alcaldía, se patentizaba el peligro y ello obligaba al amparo como mecanismo transitorio porque se trataba de prevenir un perjuicio irremediable. Para este caso o para los que fueren similares, si cabe la orden de demolición de un muro o pared que amenace ruina en detrimento del derecho a la vida, siempre y cuando la orden sea necesaria para preservar tales derechos fundamentales de manera inmediata y urgente. Y no se puede invocar el procedimiento policivo como el único cambio adecuado, luego por esta razón debe revocarse la sentencia que se revisa.?* nota 1

Un padre de familia interpuso acción de tutela contra la alcaldía municipal en razón a que la no terminación de una obra contratada, para el centro escolar donde estudiaba su hijo, vulneraba los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la educación de los estudiantes del mismo centro. El Estado tiene la obligación de asegurar el acceso y permanencia de los niños en el sistema educativo, motivo por el cual se presenta omisión por parte de la secretaría de educación, que pone en peligro la vida, la salud y la educación de los niños, pues no es difícil prever que la falta de terminación de los muros y columnas puede originar un accidente.

En este caso, no pudo la Corte, aceptar la falta de recursos económicos de la administración, como razón suficiente para que denegaran la protección que se reclama; tampoco, que se está buscando la protección de un derecho colectivo, pues debe recordarse que la educación es para los niños un derecho fundamental, y mucho más cuando existe una amenaza contra su vida, su salud y su integridad, así como tampoco la excusa de que en iguales condiciones existen otras instituciones educativas que por falta de recursos no ha sido posible concluirlas, más cuando la administración al declarar recibidos los contratos debió constatar que realmente se llevó a cabo el objetivo propuesto. Por ello ordenó que se iniciaran las diligencias necesarias que permitieran culminar satisfactoriamente la obra contratada en el centro educativo nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-232-96
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-864-02
3.2. Defensa y protección a menores amenazados por animales fieros domésticos

Una madre solicitó la protección del derecho fundamental a la vida de su hija menor que considera amenazado por el peligro que representaba la presencia de un perro de la raza Pitbull, de propiedad de una señora vecina, en el barrio donde residen. El animal, que se paseaba por el barrio sin utilizar bozal, atacó a la niña, causándole lesiones menores. La accionante acudió a la Policía sin obtener, de parte de esta autoridad, solución alguna a su problema. La Corte conoció de este caso en sede de revisión de tutela y advirtió que con respecto a los menores existe un interés superior predominante en el ordenamiento jurídico vigente que establece que a ellos debe dárseles un reconocimiento prevalente de sus derechos y en consecuencia se les debe proteger de manera especial.

Estimó que el mantenimiento de un animal doméstico, en lugar de habitación, siempre que no ocasione perjuicios a los copropietarios o vecinos, constituye un claro desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar que el Estado debe respetar, como medio para que el ser humano exprese su autonomía y sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico establecido, desde luego observando todas las normas relacionadas con la convivencia de un animal de estas condiciones y los seres humanos de su alrededor. Sin embargo, consideró que la presencia de un animal de las características del perro en cuestión, en un sitio residencial, puede ocasionar perturbaciones de diferente índole, generando amenaza y peligro dadas sus condiciones especiales de agresividad.

El propietario del animal está en la obligación de adoptar las precauciones necesarias que impidan dichas perturbaciones o las medidas correctivas del caso exigibles por las autoridades de policía, siendo el propietario de la mascota el responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar por su culpa, negligencia, acción u omisión. Con base en lo anterior la sala concedió la tutela y amparó el derecho fundamental a la vida. nota 1

El artículo 108-G de la Ley 746 de 2002 prohíbe de manera absoluta el derecho de propiedad de los menores sobre los perros de alta peligrosidad, tanto de los que ejercen actualmente el derecho de dominio como de quienes pretendan hacerlo. Los menores de edad, de conformidad con la legislación vigente en Colombia, pueden ser titulares del derecho de propiedad de un bien sin ejercer la tenencia del mismo, o puede ser propietario y poseedor del bien sin detentarlo. No es pues requisito indispensable para el ejercicio de propiedad que el menor sea poseedor o tenedor del bien. Para que una limitación de un derecho fundamental sea procedente es requisito que la misma persiga un fin legítimo a la luz de la normatividad constitucional, que la medida sea adecuada para obtener dicha finalidad y que dicha adecuación sea proporcional a la medida, de forma que los resultados obtenidos no sean en extremo perjudiciales para el derecho que pretende limitarse.

Es posible que un menor de edad sea propietario de uno de estos perros sin enfrentar peligro alguno, si bien se tiene que la titularidad del derecho a la propiedad no se encuentra ligada necesariamente, a la posesión o tenencia del bien de que se trata. Es por ello que la medida no se adecua al fin propuesto por el Legislador de impedir a los menores la manipulación y el contacto permanente con animales de alta peligrosidad, por lo cual se declaró su inexequibilidad. A juicio de la Corte, no es el título de dominio lo que debió ser objeto de restricción, sino las relaciones de orden material y fáctico que ponen a los menores en contacto con animales de alto riesgo. Es por ello que consideró indispensable integrar la unidad normativa de la disposición acusada con algunos apartes del artículo 108-H de la Ley 746 de 2002, que consagran modalidades de tenencia de perros de alta peligrosidad contrarias a la protección dispensada no solo por la ley sino por la Constitución a los menores de edad en atención a que solo prohíbe la tenencia de dichos animales en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales.

La protección así buscada por la ley resulta incompleta pues los menores de edad también en el espacio doméstico son vulnerables a los ataques de estos animales e incapaces de controlar la eventual fiereza de sus mascotas. Por tal razón declaró inexequible la expresión ??en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales?, contenida en el artículo 108-H de la Ley 746 de 2002, pues solo retirándola del ordenamiento jurídico se logra el objetivo de impedir que los menores de edad sean tenedores de perros de alta peligrosidad y pongan en peligro sus vidas y las de los que los rodean, sea en sitios públicos o privados, sea en lugares abiertos o en recintos domésticos.

La presencia de perros de alta peligrosidad en las casas donde habitan menores de edad no está prohibida en sí misma, pero dándose tal circunstancia, los daños que pudieran ocasionarse al menor de edad son de responsabilidad (incluida la civil y la penal) exclusiva de quien tenga a su cargo la custodia y cuidado del animal, en atención a la preceptiva constitucional según la cual los niños tienen el derecho fundamental a la integridad física, a la salud y al cuidado, mientras que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos. La Corte considera que si los padres, tutores o curadores o quien tenga a su cargo la representación legal del menor, por acción o por omisión en el deber de cuidado y vigilancia, permite que este tenga contacto con perros altamente peligrosos, y se produce un daño al menor o a su familia o a terceros, aquél debe responder civil y penalmente por la falta al deber de protección.

A este respecto es indispensable hacer notar que aunque la norma se refiera exclusivamente a los propietarios de los animales, la disposición debe cobijar a quien ostenta la posición de garante, es decir, a quien por su relación con el animal tuviere el deber jurídico de evitar el daño. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-874-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-692-03
3.3. Obligatoriedad del cinturón de seguridad en vehículos

?La Corte Constitucional al estudiar la norma que contempla el uso de cinturón de seguridad manifestó que la obligación de llevarlo o en determinados casos usar los asientos protectores, es de una legitimidad indiscutible pues, debido a la falta de autonomía de la persona en esas edades, la vida e integridad personal priman claramente. Corresponde a los mayores que se encuentren a cargo de los infantes velar por el cumplimiento de esas medidas de seguridad, ya que la infracción de ese deber puede implicar graves responsabilidades, incluso penales, para quienes hubiesen sido negligentes.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-309-97
3.4. Traslado de escuela colindante con comando de policia

?La administración municipal no ha actuado respecto de las reiteradas solicitudes de traslado del Comando de Policía que colinda con la escuela a donde asiste la menor accionante. La Corte Constitucional ante la tensión, por una parte, entre derechos fundamentales de los niños y, por la otra, los deberes de las personas de obrar conforme al principio de la solidaridad social, de apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales, y de propender al logro y mantenimiento de la paz (art.95 Constitución Política) expone que la conducta solidaria sólo puede exigirse al sujeto que está en condiciones de afrontarla. En cada caso debe analizarse si, en virtud de las especiales circunstancias de debilidad e indefensión de los niños, éstos tienen la capacidad y el deber ineludible de soportar, asumir o perseverar en toda conducta que se les pida o se les imponga, independientemente de su situación actual y de los peligros que corran sus derechos fundamentales, en particular el de la vida.

"Por ello, si se tiene en consideración que, por sus condiciones físicas y sicológicas y por su absoluta falta de experiencia, no puede defenderse en condiciones de igualdad como lo haría un adulto, frente a cualquier ataque - en especial si es de la gravedad de los que aquí se analizan- no es razonable exigir a un menor que asuma el riesgo de perder su vida; sobre todo si dicho peligro puede evitarse o disminuirse. El deber de solidaridad de los menores no llega hasta el punto de que éstos deban aceptar que el espacio donde desarrollan su actividad educativa se convierta en campo de batalla, quedando expuestos al fuego cruzado. Resulta claramente desproporcionado y constituye atentado contra el principio de igualdad y contra los derechos a la vida y a la educación, obligar a los niños a permanecer en un lugar que, dada su contigüidad con el puesto de policía, está altamente expuesto a los ataques que la guerrilla determine dentro de su concepción del conflicto armado.

"Recalca la Corte que de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, debe propenderse a que los niños no padezcan los horrores de la guerra. Advierte que el Protocolo de Ginebra II, con la finalidad de proteger a la población civil y especialmente a la infantil, contempló el traslado temporal de los niños de la zona en que se desarrollen las hostilidades a un lugar más seguro. Por lo anterior, la Corte ordena al alcalde municipal que, en colaboración y coordinación con las respectivas autoridades competentes de los niveles departamental y nacional, y en especial con los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación y Defensa Nacional, adopte todas aquellas medidas de orden presupuestal y administrativo conducentes al traslado, en el menor tiempo posible, de la escuela oficial del municipio, a un lugar de menor riesgo o, en su defecto, a la ubicación del Comando de Policía en un sitio distinto, dentro del municipio pero que no ofrezca tan graves posibilidades de que un ataque guerrillero contra él termine en una espantosa matanza de niños.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-256-99
3.5. Necesidad de zona peatonal para la protección contra el tráfico vehicular

?En decisión de tutela la Corte Constitucional, reconoció el derecho al tránsito peatonal de unos menores, el que se veía amenazado, por el cerramiento, en todo el borde de la vía pública de un predio, omitiendo el espacio de andén necesario. En opinión de la Corporación se vulnera el derecho a la vida e integridad personal de los menores por cuanto estos deben salir a tomar el bus del colegio justo en esa zona. Sin que exista un espacio en el que puedan resguardarse del tráfico vehicular.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-427-98
3.6. Las compañías de energía deben considerar los riesgos que los postes de conducción de energía pueden ocasionar a niños cuando estan ubicados muy cerca de sus residencias

Una madre de familia interpuso acción de tutela contra una empresa de energía porque ésta se negó a trasladar un poste de luz ubicado muy cerca del balcón del segundo piso de su residencia pese a los riesgos que ello significaba para ella y sus hijos, no sólo porque el poste era conductor de la red eléctrica del municipio sino además porque su ubicación le impidió la terminación del techo de la residencia, lo cual le generó problemas de humedad en el inmueble.

La Corte concedió la tutela por considerar que se estaban vulnerando los derechos de los niños al no haberse adelantado un análisis de los peligros que la cercanía del poste a la casa de la accionante podía ocasionar a los niños.

La Corte ordenó la realización de tal análisis, en particular sobre los siguientes aspectos:

(i) número de menores de edad que habitan el mencionado inmueble, su edad y si alguno de ellos tiene alguna condición especial que haya de tenerse en cuenta,

(ii) Posibilidades reales de que los cables en cuestión sean manipulados hasta el punto en el cual queden al descubierto las líneas de transporte eléctrico. La evaluación de los riesgos en los que se encuentran los menores de edad, no pueden limitarse a prever la conducta ?responsable? de estos. Dentro del curso normal de las cosas es de esperar que el comportamiento de los menores de edad sea inquieto y en algunas ocasiones sea descuidado. Estas situaciones han de preverse al analizar el riesgo a los que se expone un menor en el evento de que pueda acceder a cables.

(iii) Probabilidad de que el eventual deterioro de la protección de los cables eléctricos cause un daño a la integridad física de los niños.

(iv) Implicaciones de la proximidad del poste de energía aunada a la humedad que afecta a la construcción de la accionante.

No obstante, la Corte también precisó que la principal obligada respecto de la protección de los derechos de los niños es la madre de familia, por lo cual le ordenó tomar las medidas que considere necesarias para proteger a sus hijos de los riesgos generados por la cercanía del segundo piso de su vivienda con el poste de la energía. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-634-05

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