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4. Derecho a la integridad

4.1. Protección penal frente al abuso sexual

?En revisión de constitucionalidad la Corte Constitucional señaló que la proliferación de ciertos fenómenos criminales en un momento dado de la historia colectiva, como ha ocurrido recientemente en Colombia con los delitos de índole sexual, permite que el Estado contemple tipos penales antes no previstos, o que haga más estrictas y gravosas las penas, con el objeto de atacar de manera más efectiva la raíz de los males causados por esos comportamientos, para lo cual justamente goza el Legislador de la mayor discrecionalidad. Los delitos sexuales a los que se refiere la normatividad revisten especial gravedad en tanto afectan la libertad del sujeto pasivo de los comportamientos sancionados, mucho más cuando se trata de menores, dada la circunstancia que, por no haber logrado aún la plenitud de su madurez sicológica, les resulta imposible comprender a cabalidad el significado y los alcances del acto sexual y de los que con él están relacionados.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-292-97
4.2. Protección frente al abuso sexual por parte del padre

?La actora es madre de una menor de quien su padre ha abusado sexualmente desde pequeña, delito por el que se encuentra procesado. La peticionaria solicita la protección de los derechos fundamentales a la integridad física, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud de su hija, que considera vulnerados por el comportamiento descuidado de la Defensoría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, al establecer un régimen de visitas sin tener en cuenta los riesgos que se derivaban para la menor y sus afirmaciones acerca del abuso sexual al que se ha sometido a su hija. Considera que la negligencia de la entidad demandada es patente si se tiene en cuenta que ni siquiera se han atendido las solicitudes hechas por intermedio de la Defensoría del Pueblo que se interesan por la seguridad de la menor y únicamente se procesó al actor luego de que ella acudiera a la fiscalía.

"La Corte Constitucional expone que las obligaciones de los padres tienen regulación legal precisamente por la naturaleza de los bienes que se protegen, y la intervención de las autoridades debe ser oficiosa por la especial importancia que se otorga a los derechos de este sector de la población y la situación de indefensión en la que se encuentran los menores. Las instituciones deben intervenir en aquellas circunstancias en donde los derechos del menor se encuentran comprometidos y cuentan con facultades idóneas para llevar a cabo este cometido, deben tomar la iniciativa e indicar al particular la manera apropiada de hacer valer sus derechos y los de aquellas personas que están bajo su cuidado.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-389-99
4.3. Contradicción en la regulación civil y penal en materia de acceso carnal, violencia y autorización para contraer matrimonio

?En sentencia de constitucionalidad la Corte manifestó que la edad es elemento esencial en los correspondientes tipos penales, ya que la ley no penalizó los actos sexuales o el acceso carnal, considerados como tales, sino aquellos que se llevan a cabo con menores de catorce años. La razón de los preceptos acusados reside en la protección de los menores de catorce años, quienes no gozan de una suficiente capacidad de comprensión respecto del acto carnal y, por tanto, aunque presten su consentimiento para realizarlo o para llevar a cabo prácticas sexuales diversas de él, no lo hacen en las mismas condiciones de dominio y autocontrol propios de la persona mayor.

"No se entiende cómo el Legislador civil ha supuesto esa misma capacidad de consentimiento - que echa de menos la ley penal- cuando se trata de la celebración del matrimonio por parte de la mujer menor de catorce años pero mayor de doce. En tal caso, a la luz del Código Civil, no resulta afectada la validez del vínculo aunque falte el permiso de los padres. El Legislador penal ha debido tomar en cuenta esa regulación y no lo hizo, pues consagró las aludidas conductas delictivas partiendo de la base de la ausencia de consentimiento del menor de catorce años, mientras a tal consentimiento se le dio plena acogida en materia matrimonial.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-146-94
4.4. Improcedencia de la acción de tutela para la protección contra la violencia intrafamiliar

En materia de violencia intrafamiliar, la Constitución Política consagró en su artículo 42 que ?cualquier forma de violencia en la familia se considerará destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley?. En desarrollo de tal artículo el Legislador expidió la Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, modificada con posterioridad por la Ley 575 de 2000 y desarrollada por el Decreto reglamentario 652 de 2001. Tales disposiciones establecen un mecanismo de protección judicial expedito y desarrollan medidas de protección específicas que pueden tomar las comisarías de familia cuando se presenten situaciones de violencia que afecten la paz e intimidad familiares.

La Corte Constitucional ha indicado que aun cuando existen circunstancias excepcionales en las que la acción de tutela puede proceder como mecanismo transitorio para la protección de los derechos que se ven involucrados cuando se presenta una víctima del fenómeno de la violencia intrafamiliar, el juez constitucional debe examinar en cada caso específico si existe y cuál es el mecanismo judicial más idóneo para la protección de los derechos de quien es víctima. De tal manera es importante aclarar que la Corte ha señalado que la acción de tutela resulta improcedente para la protección de la paz e intimidad en el ámbito familiar, como quiera que la Ley 294 de 1996 establece un mecanismo judicial especial, expedito e idóneo para la protección de estos derechos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-372-96, T-420-96, T-421-96, T-507-96, T-460-97, T-267-99, T-707-99, T-789-01,T-282-02.

    (Antes de la expedición de la Ley 246 de 1996, la acción de tutela era considerada como medio idóneo para la protección contra la violencia intrafamiliar. Al respecto ver Sentencias C-371-94, C-344-93, T-378-95, T-181-95, T-199-96, T-116-95, T-503-94 y T-123-94.)
4.5. Toda forma de violencia fisica o moral, no solo la que sea habitual o ponga en peligro la vida del hijo o le cause un grave daño permite la emancipación judicial del hijo

Se demanda la expresión subrayada ?1a) Por maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño.?, contenida en el numeral 1 del artículo 315 del Código Civil mediante la cual se permite la emancipación judicial del hijo. Aducen que viola los derechos del niño que solo cuando sean agredidos de manera tal que la vida o la integridad personal estén en grave riesgo, es procedente solicitar la emancipación judicial. La patria potestad, mejor denominada potestad parental, tiene la función especialísima de garantizar el cumplimiento de los deberes de los padres mediante el ejercicio de determinados derechos sobre la persona de sus hijos (permiso para salir del país, representación del menor, etc.) y sobre sus bienes (usufructo legal y administración del patrimonio). Igualmente ha considerado, que el ejercicio de la potestad parental tiene como finalidad el bienestar emocional y material de los menores no emancipados, y en consecuencia, el incumplimiento de los deberes de los padres puede conducir a su pérdida o suspensión. En efecto, la patria potestad hace referencia a un régimen paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de éstos pues surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho vínculo.

Se caracteriza por: (i) Se aplica exclusivamente como un régimen de protección a hijos menores no emancipados, (ii) Es obligatoria e irrenunciable pues los padres tienen la patria potestad, salvo que la ley los prive de ella o los excluya de su ejercicio, (iii) Es personal e intransmisible porque son los padres quienes deberán ejercerla a no ser que la misma ley los excluya de su ejercicio, (iv) Es indisponible, porque el ejercicio de la patria potestad no puede ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada sino en los casos en que la misma ley lo permita, (v) Constituye una labor gratuita, porque es un deber de los padres, y (vi) La patria potestad debe ser ejercida personalmente por el padre o por la madre. "los derechos que se derivan de la patria potestad son derechos instrumentales, cuyo ejercicio, restringido única y exclusivamente a sus titulares, sólo será legítimo en la medida en que sirva al logro del bienestar del menor.?

La Corte declararó ajustada a la Constitución la consagración del maltrato del hijo como causal para que un juez decrete la emancipación del hijo y como consecuencia la pérdida de la patria potestad. Además, procedió a retirar del ordenamiento tanto las expresiones ?habitual?, y ?en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño?, contenidas en el numeral primero del artículo 315 del Código Civil, por atentar contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes y desconocer la protección especial consagrada en contra de todo acto de maltrato. Cabe recordar, que la Constitución, artículo 42, proscribe cualquier forma de violencia en la familia al considerarla como destructiva de su armonía y unidad, ordenando su sanción conforme a la ley. Por su parte, el artículo 44 de la misma Carta Política consagra la protección de los menores contra toda forma de violencia física o moral, no sólo la que sea habitual o ponga en peligro la vida del hijo o le cause un grave daño. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1003-07
4.6. Protección al hijo menor de docente desplazado por violencia

El actor interpuso acción de tutela por considerar que se violaban sus derechos y los de su hijo a la vida, a la integridad personal y familiar, al trabajo y a la igualdad, al haber sido ubicado para ejercer el cargo de maestro en la escuela de un municipio donde opera el frente 47 de las FARC que asesinó a los dos hermanos del actor, motivo por el cual se vio obligado frente con su familia a abandonar el sitio donde originariamente laboraba. El actor pidió a la Secretaría de Educación del municipio que lo reubicara, pero la respuesta fue desfavorable. La Corte Constitucional concedió el amparo solicitado y obligó a la Secretaría de Educación a la reubicación inmediata del profesor por considerar que un docente amenazado de muerte y forzado a abandonar su sitio de trabajo y de residencia por cualesquiera de los diversos grupos levantados en armas que operan en el país, es una persona que ha sido sometida injustamente a un trato violento, contrario al ordenamiento vigente y gravemente discriminatorio, por lo que debe ser objeto, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 13 de la Carta Política, de una acción positiva de parte del Estado.

Más aún en el caso en que tal desplazamiento amenace los derechos de los menores, el Estado debe estar pronto a ejercer una acción positiva considerando que, como lo ha planteado la Constitución, los derechos de los niños son prevalentes y por ello es necesario asegurarles unas condiciones mínimas en las que pueda desarrollarse integralmente y de las cuales no puede gozar en un ambiente hostil o violento. Debe garantizársele a la familia del niño que éste no crecerá siendo parte del conflicto, sino que se respetarán sus derechos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-258-01
4.7. Prohibición de considerar al menor como medio pasajero para fines de transporte público

?Se demanda el artículo 164. (Modificado por el Decreto 1809/90) del Código Nacional de Tránsito Terrestre art.140. El artículo 164 del Decreto-ley 1344 de 1970 quedará así: "Artículo 164. Ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la capacidad señalada en la licencia de tránsito o en la tarjeta de operación, con excepción de los niños de brazos". "Parágrafo.- Para efectos de este artículo, los niños menores de siete (7) años se consideran medio (1/2) pasajero". La Corte señala que considerar a los niños menores de 7 años como medio pasajero, para efectos de fijar la capacidad de los vehículos, constituye un desconocimiento de la seguridad y la protección que se les debe brindar, con el fin de garantizar los referidos derechos, porque aparte de la molestia e incomodidad que representa para dos niños el tener que viajar en un asiento, el hacinamiento a que ello da lugar cuando el transporte se hace a la máxima capacidad del vehículo, genera graves riesgos para la vida, la salud y la integridad física, con consecuencias funestas.

"Siendo el niño un sujeto que merece un tratamiento especial y privilegiado por el Estado, la sociedad y la familia, cuyos derechos prevalecen sobre los de los demás, no resulta acorde con los principios de la dignidad humana y de igualdad, que un menor de 7 años, no pueda viajar en un vehículo en las mismas condiciones de comodidad y seguridad en que lo hace cualquiera otra persona.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-521-98
4.8. Prohibición de ligar trompas a menor de edad con discapacidad sin autorización judicial

En el caso de una menor de edad que padece problemas de epilepsia, retardo mental y trastorno del déficit de atención, es necesaria la autorización judicial para la realización de la intervención quirúrgica (ligadura de trompas) dispuesta por el médico tratante, por tal motivo, la madre de la menor no puede solicitar el amparo constitucional, sin lograr la autorización judicial, que debe obtenerse a solicitud de los dos padres, a menos que uno haya perdido la patria potestad. Por otra parte, ante la duda de que exista la capacidad para otorgar consentimiento futuro debe asumirse que tal posibilidad existe. Pero si existe un razonable grado de certeza de que la persona no va a alcanzar tal nivel de autonomía que le permita comprender y dar o no su consentimiento para realizar la ligadura de trompas (o inclusive para comprender las consecuencias de no poder decidir libre y responsablemente el número de hijos y su espaciamiento) y existe razón médica para realizarla, bastará la autorización judicial.

Pero si no existe imperativo médico, el juez en el proceso que para ese fin ha de iniciarse puede autorizar, si existen argumentos razonables, la práctica de la intervención aun sin la existencia de consentimiento previo. Por lo anterior se rechazó la tutela y se ordenó que por conducto del ICBF se le informara a la demandante sobre los trámites, en los términos indicados en la sentencia, que debe realizar a fin de poder solicitar a un juez de la República que autorizara la práctica de una tubectomía en su hija; y ordenar al Seguro Social que en lo sucesivo se abstenga de practicar intervenciones que afecten la autonomía personal de quienes padecen limitaciones mentales, hasta que no se obtenga la autorización judicial respectiva o que se trate de una situación de urgencia o de imperiosa necesidad nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-248-03

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