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7. Derecho a la alimentación y al patrimonio

7.1. Legitimidad de las sanciones por incumplimiento del pago de la obligación alimentaria

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 150 del Decreto 2.737 de 1989 que establece: ?Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga con respecto del menor, no será escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado personal ni en el ejercicio de otros derechos sobre el menor?. El actor estimó que la norma demandada faculta a otro particular, ya sea progenitor, adoptante o custodiante, para desconocer los derechos del deudor alimentario y atenta contra la integridad familiar y los derechos del niño, al no permitirle a sus progenitores brindarle el cuidado y la atención que merece, no tener en cuenta las dificultades de los alimentantes para atender la subsistencia del alimentario y supeditar el afecto al cumplimiento de obligaciones pecuniarias. La Corte declaró constitucional el artículo demandado y determinó que la voluntad del Legislador con la norma es la de imponer una carga procesal para acceder a la justicia al obligado a responder por la congrua subsistencia o atención vital del niño.

La exigencia de demostrar el cumplimiento de la obligación alimentaria no puede considerarse contraria a los artículos 29 y 229 constitucionales, puesto que, además de responder a la finalidad legítima de propender por la subsistencia del menor, no se trata de un obstáculo para impedir el acceso a la justicia, sino de una medida razonable destinada a garantizarle al niño su desarrollo armónico e integral, de cara a quien, acude ante la administración de justicia con el objeto de hacer efectivos sus derechos en relación con el menor. A su vez, como quiera que quien no demuestra que está cumpliendo su deber de atender los requerimientos alimentarios del menor, si bien no puede ejercer sus derechos de acción y de contradicción en relación con el menor, puede subsanar su omisión allanándose a cumplir con tales requerimientos, la exigencia en comento no hace inoperante ni trunca los mencionados derechos.

La obligación alimentaria no es solamente una prestación de carácter económico, sino, especialmente, una manifestación del deber constitucional de solidaridad y de responsabilidad, fundadas, de una parte, en la necesidad del alimentario y en la capacidad del alimentante, y, de otra, en la libre determinación de constituir una familia y de elegir el número de hijos que se desea procrear. Lo anterior no obsta para que la difícil situación del alimentante pueda ser evaluada, si éste así lo solicita. Lo que sucede es que no se compadecería con una necesidad vital, como es para el menor la de recibir alimentos, que el responsable se sustraiga, sin más, de su cumplimiento, y que además se le permita ejercer sus derechos en relación con el menor, sin que medie la explicación que demanda tal conducta. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-011-02
7.2. Improcedencia de la renuncia a obligaciones alimentarias. necesidad de los padres de demostrar el pago de sus obligaciones alimentarias para ser oidos en procesos judiciales

Una madre interpuso acción de tutela en favor de su hijo de ocho años contra un juez promiscuo de familia porque levantó las medidas cautelares decretadas en contra del progenitor de su hijo, dentro de un proceso ejecutivo de alimentos instaurado por la actora. El juez demandado fundamentó su decisión en la existencia de una conciliación ante la defensora de familia, en la que la madre del niño había renunciado al cobro de la cuota alimentaria y declaraba asumir la obligación de atender a la subsistencia del niño sin ayuda del padre. El juez consideró que la demanda de alimentos, luego de ese acuerdo, era un cobro de lo no debido, excepción que reconoció dentro del proceso por vía de excepción de inconstitucionalidad, ya que para este tipo de procesos, la ley sólo admite la excepción de pago.

La demandante sostuvo que el juez accionado incurrió en vía de hecho porque i) le dió valor probatorio a una acta de conciliación en la que ella renunció al derecho alimentario del menor, siendo éste irrenunciable; ii) desconoció el mandato del artículo 158 del Código del Menor; iii) se apartó de las disposiciones legales que regulan los procesos ejecutivos con obligaciones periódicas; iv) no protegió al menor como era su deber y v) hizo caso omiso de las disposiciones constitucionales que establecen las obligaciones alimentarias de los padres, la igualdad de derechos de los hijos y la prevalencia de los derechos de los niños.

La Corte consideró que en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Ley 51 de 1981) y la Convención de los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991), el Estado debe buscar que los padres cumplan con el pago de los alimentos a favor de sus hijos, sin permitirles renunciar a sus obligaciones. La Corte destaca que el Código del Menor es prolijo en disposiciones tendientes a lograr este propósito, normas que perderían todo su empuje y desarrollo si el operador jurídico pudiera alterarlo, así fuere para hacer prevalecer otros principios y valores constitucionales. En el caso particular, lo que debe prevaler son los derechos de los niños incluso sobre otros derechos y garantías previstas en la Constitución.

La Corte también precisó que los padres no pueden reclamar ante las autoridades su derecho a departir con sus hijos menores, si previamente no se allanan a cumplir con sus obligaciones alimentarias. Tampoco pueden condicionar el cumplimiento de esta obligación a la ocurrencia de determinados comportamientos. Quien no cumple con su obligación alimentaria no puede ser oído en ningún trámite, diligencia o actuación judicial o administrativa relativa a los intereses y derechos de los menores, salvo que la intervención sea para demostrar el pago; y dado que el padre del niño no demostró la cancelación de sus obligaciones alimentarias, no era posible que el juez tramitara excepción alguna diferente a la de pago de la obligación alimentaria. La Corte tuteló los derechos fundamentales de la madre y su hijo a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y a percibir alimentos.

En consecuencia, deja sin valor ni efecto la sentencia del juzgado promiscuo de familia, para resolver las excepciones propuestas por el padre del niño dentro del proceso ejecutivo por alimentos y dispone que el accionado (i) profiera nuevamente la providencia con sujeción al ordenamiento constitucional, y (ii) adelante las acciones tendientes a que la actora reciba real y efectivamente las sumas que el padre del menor le adeuda, a la mayor brevedad. La Corte previene de igual forma al ICBF a fin de que instruya a los funcionarios sobre su responsabilidad respecto del cumplimiento real, efectivo e incondicional de las obligaciones alimentarias y para que se tomen los correctivos que sean del caso, entre estos, que los alimentantes no sean oídos en diligencias judiciales y administrativas relativas a sus derechos e intereses respecto de los menores, si no demuestran el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Extiende el llamado a los jueces de familia, a los comisarios de familia e inspectores de policía. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-161-04
7.3. El progenitor que no obre de buena fe en materia de alimentos no puede alegar su propia culpa contra los niños

Los progenitores que intenten evadir o postergar el cumplimiento de su obligación de pagar alimentos, o que ocultan la información necesaria para fijarlos o actualizarlos, tienen que asumir las consecuencias negativas de su conducta. En algunas ocasiones, eso debería significar que el juez competente puede determinar que la cuota alimentaria que fija operará de manera retroactiva, bien sea la original o bien la revisada. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1021-07
7.4. Via de hecho en proceso de alimentos por dilación injustificada

Una madre de tres niños presentó acción de tutela por violación al debido proceso contra un juzgado de familia por la mora injustificada en la resolución de un proceso verbal sumario relacionado con una demanda de alimentos contra la abuela paterna de los niños, en virtud de la presunta incapacidad del padre para sufragarlos y su consecuente condición de cabeza de hogar desempleada. Al respecto el juzgado manifestó que a pesar de haber solicitado al Instituto de Medicina Legal la práctica de una prueba pericial respecto del padre de los menores desde hace más de un año, hasta la fecha no la había recibido. Por lo cual suspendió la audiencia de juzgamiento indicando que una vez se allegara al proceso se señalaría fecha para audiencia de fallo.

Para la Corte, si bien la administración de justicia debe ser pronta, no todo retardo genera una vía de hecho, pues para que lo constituya debe ser injustificado, lo cual ocurre en el presente caso cuando la mora se da por la falta de diligencia del juez en el cumplimiento de su función, en especial porque el asunto discutido es de espacial importancia debido a que con su determinación se pretende la protección de los menores hijos de la accionante: (i) por haber sobrepasado los términos establecidos por la ley para proferir el fallo en un proceso de alimentos y su tardanza no ha sido justificada toda vez que para la consecución de la prueba que alega como esencial no ha actuado con la mayor diligencia posible, mediante el apremio judicial y acudiendo incluso a sus poderes disciplinarios, y (ii) debiendo haber fijado, con base en un cálculo razonable, nueva fecha para llevar a cabo la audiencia de fallo no lo hizo, lo que deja en incertidumbre injustificada a los sujetos procesales.

Por lo anterior concedió la tutela y ordenó al Juzgado de Familia que: (i) hiciera uso de sus poderes disciplinarios para apremiar el envío de la prueba requerida a Medicina Legal, y (ii) determinara la fecha para la realización de la audiencia de juzgamiento en el proceso de alimentos nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-710-03
7.5. Violación del derecho al mínimo vital del menor por el no pago del salario del padre del cual se descuenta la cuota alimentaria

Una madre interpuso acción de tutela en representación de su hijo menor con el fin de exigir de una entidad pública el pago de las cuotas alimentarias que por decisión judicial venían descontándose del salario de su padre quien se desempeñaba como funcionario público, pero que la administración suspende debido a la crisis económica de la entidad. La Corte concedió el amparo solicitado y ordenó al Alcalde del municipio demandado cancelar la deuda con el padre de la menor dentro del término de 48 horas. Consideró la Corte que los padres, por ley, están obligados al pago de alimentos a sus descendientes (art.411 y siguientes CC). Para asegurar el cumplimiento de este deber legal, el salario del padre o la madre trabajador puede ser embargado hasta por el 50% para cubrir las pensiones alimentarias (art.156 CST).

En el presente caso, existía una orden judicial dirigida al empleador para que retuviera el salario del trabajador obligado a la porción necesaria para cubrir las cuotas alimentarias y entregara al beneficiario dichas cuotas, forma ésta como se hacen efectivos los derechos constitucionales y legales del menor. No existe duda que el no pago de la cuota alimentaria por la entidad obligada a cancelar el salario, retener dicha cuota y entregarla al beneficiario de la misma, vulneraba derechos constitucionales fundamentales del menor, en particular el derecho al mínimo vital. Esto porque la obligación alimentaria, cuando ella ha sido definida y su cumplimiento ordenado por la autoridad judicial competente, concreta el derecho constitucional en una prestación judicialmente exigible que constituye, tratándose de los alimentos, la fuente de ingresos que posibilita al menor cubrir sus necesidades básicas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-440-02
7.6. Protección al mínimo vital de menor por el no pago de la asignación de retiro de padre desaparecido por causas desconocidas

Una madre presentó acción de tutela contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con el fin de que se restableciera el pago de la asignación de retiro que gozaba su esposo, en su condición de Mayor retirado del Ejército, y cuya declaratoria de ausencia por desaparición se tramitaba ante un juzgado de familia. La señora indicó que fue designada curadora de los bienes de su esposo, pero que esa decisión debía ser consultada con el superior, razón por la cual aún no pudo acceder a la administración de dichos bienes, y carecía de otro recurso económico para su sostenimiento y el de sus hijos. La Corte Constitucional decidió conceder la tutela al considerar que la actora no disponía de otra acción judicial eficaz para obtener la protección de sus derechos. Por una parte, no pudo acceder al mecanismo previsto en el artículo 10 de la Ley 589 de 2000, porque la simple ausencia, así sea prolongada, no permite a los familiares del desaparecido asumir la administración provisional de todo o parte de sus bienes y tampoco da derecho a solicitar el pago provisional de las pensiones o asignaciones de retiro.

Por otra parte, tampoco pudo acudir a los mecanismos previstos en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil porque estas normas fueron diseñadas para proteger al ausente y a sus bienes. Si bien es cierto, el curador designado puede cumplir las obligaciones del ausente con sus bienes, esto sólo puede hacerlo después de ejecutoriada la sentencia que declara la ausencia; surtida la consulta; prestada y aprobada la caución ?si ésta se requiere-; discernido el cargo y elaborado y aprobado el correspondiente inventario, proceso que puede llevarse algún tiempo. Igual afirmación puede hacerse en relación con los mecanismos previstos en el Código del Menor, dado que el defensor de familia sólo puede intervenir para adoptar medidas a favor de los menores hijos del ausente, cuando hay ausencia de ambos padres, lo que no ocurre en el caso presente.

Por tal razón, el único mecanismo al alcance de la actora y de sus menores hijos es la acción de tutela. Frente a estos casos, dice la Corte, se requiere una actitud diligente de los jueces de instancia, a fin de hacer posible la manutención de las personas que dependen de quien se duda sobre si vive, bien porque desapareció sin dejar rastro, o porque su existencia se hace incierta, dado el tiempo trascurrido sin su presencia, o las circunstancias de peligro que rodean su ausencia. El pago de la asignación de retiro bien puede suspenderse cuando la existencia del beneficiario se ha hecho incierta, pero deberá reanudarse cuando los jueces que conocen del asunto así lo decidan, en aplicación de las normas que permiten designar curadurías interinas o provisorias, para hacer prevalecer los derechos de los hijos del ausente. Dado que la actora inició el proceso correspondiente para ejercer la curaduría legal de los bienes de su esposo ausente, tiene derecho a hacer realidad sus derechos fundamentales y los de sus hijos, razón por la cual se ordenó a la entidad accionada que restableciera el pago de la asignación de retiro a que tiene derecho el Mayor, mientras éste aparece o se define legalmente su existencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-028-04
7.7. Obligatoriedad de cumplir resolución judicial que ordena el descuento y consignación de cuota alimentaria a empresa donde trabaja el padre incumplido

Procede la acción de tutela como mecanismo excepcional para proteger los derechos fundamentales prevalentes de los niños vulnerados por la no consignación a órdenes de juzgado y a nombre de su representante legal, del dinero por concepto de alimentos ordenado por el mismo juzgado a una institución de carácter privado a la que se encuentra vinculado laboralmente el padre incumplido, por cuanto con ello se garantizan las condiciones mínimas de subsistencia de los niños afectados, a más de que para el caso concreto el otro medio de defensa judicial no resulta idóneo para salvaguardar oportunamente sus derechos, haciendo patente el perjuicio irremediable. Por ello la Corte concedió la tutela y ordenó a la institución consignar a órdenes del juzgado y a nombre del representante legal de los niños afectados, el monto total de lo adeudado por concepto de alimentos no consignados nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-212-03
7.8. Constitucionalidad de la fijación provisional de alimentos de acuerdo a prueba sumaria de capacidad económica del demandado

Se demandó la inconstitucionalidad parcial de los artículos 448 del Código de Procedimiento Civil y 148 del Código del Menor vigentes. El demandante expone que al someter las expresiones demandadas, el decreto de alimentos provisionales del menor en el proceso judicial a la facultad del juez, a la solicitud del demandante y a la aportación de prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado quebrantan el respeto de la dignidad humana y la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños.

La Corte indicó, en primer lugar, que la expresión del Art. 448 del Código de Procedimiento Civil tiene carácter general y se aplica únicamente a las demandas de alimentos de personas distintas de menores. Por tal razón, teniendo en cuenta que la demanda de inconstitucionalidad tiene como único sustento el supuesto quebrantamiento del respeto de la dignidad de los niños y de la prevalencia de los derechos fundamentales de éstos, es manifiesto que la misma carece de fundamento en relación con ese artículo y por ende la norma debe ser declarada constitucional por el cargo examinado en la sentencia.

Luego centró su estudio en el contenido del artículo 148 del Código del Menor. Respecto de esta norma la Corte señaló que ?la interpretación de la expresión demandada en el sentido de que el decreto de alimentos provisionales requiere que el demandante aporte con la demanda la prueba siquiera sumaria, es decir, no controvertida pero con pleno valor de convicción, tanto de la existencia como del monto de la capacidad económica del demandado, que ataca el demandante en la acción de inconstitucionalidad, es contraria a los principios de respeto a la dignidad de los niños, de protección prevalente de sus derechos fundamentales y de prevalencia del derecho sustancial, puesto que sin justificación razonable priva a aquellos del disfrute del derecho de alimentos mientras se adelanta el proceso correspondiente?.

Para la Corte, la interpretación de la citada expresión que se ajusta a los mencionados principios constitucionales ?es aquella en el sentido de que el decreto de alimentos provisionales requiere que el demandante aporte con la demanda al menos prueba siquiera sumaria de la existencia de la capacidad económica del demandado y que si aquel no aporta también prueba del monto de la misma, mediante una interpretación sistemática el juez deberá aplicar la disposición contenida en el Art. 155 del mismo Código del Menor en virtud del cual se presumirá legalmente que el alimentante devenga al menos el salario mínimo legal. Lógicamente, por la naturaleza de esta presunción, las partes podrán desvirtuarla con la prueba contraria, tanto en el sentido de que dicha capacidad es mayor, como en el sentido de que ella es menor?.

Lo anterior significa que pueden presentarse tres (3) situaciones:

- Que no exista prueba siquiera sumaria de que el demandado tiene recursos económicos, caso en el cual no es procedente que el juez le imponga la obligación de dar alimentos provisionales.

- Que esté demostrado siquiera sumariamente que el demandado tiene recursos económicos y también cuál es su cuantía, evento en el cual el juez debe imponerle la obligación de dar alimentos provisionales, de conformidad con el contenido de dichas pruebas y las normas legales sobre su apreciación.

- Que exista prueba siquiera sumaria de que el demandado tiene recursos económicos pero no exista dicha prueba sobre su cuantía, supuesto en el cual el juez debe imponerle la obligación de dar alimentos provisionales, con base en lo dispuesto en el Art. 155 del Código del Menor, en virtud del cual se presume legalmente que aquel devenga al menos el salario mínimo legal.

Por lo anterior, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión demandada ?siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado y?, por el cargo examinado en la sentencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-994-04
7.9. Prelación de créditos y embargo de bien ya sujeto a medida cautelar cuando se lleve a cabo proceso de inasistencia alimentaria a favor de menores

La accionante consideró que se vulneraban derechos fundamentales de sus hijas con la decisión de la registradora de instrumentos públicos de no inscribir la medida de embargo de un inmueble, decretada por el juez de familia en un proceso de alimentos de menores, por encontrase el bien previamente afectado por medida de embargo decretada por un juez civil. La Corte entró a dilucidar que la prevalencia de embargos y la prelación de créditos son dos instituciones jurídicas establecidas por el Legislador que aunque guardan cierta relación tienen regímenes diferentes. La prevalencia de embargos es una figura de carácter procesal a ser aplicada por el registrador, que se materializa en el registro de instrumentos públicos y atiende la finalidad propia de las medidas cautelares: garantizar el cumplimiento de la obligación debida y evitar la insolvencia del deudor.

Por su parte, la prelación de créditos es de carácter sustancial, que consiste en una graduación de los mismos efectuada por el Legislador, que corresponde al juez aplicarla en los procesos judiciales y cuya finalidad es cumplir con el pago efectivo de las obligaciones a cargo del deudor, en el orden de preferencia establecido, de tal suerte que si obligaciones pecuniarias del deudor frente a diferentes acreedores no pueden ser cumplidas con los bienes existentes, se pagarán hasta donde sea posible y de acuerdo con el orden fijado por la ley (Código Civil, arts. 2488 y siguientes). De acuerdo con el contenido de los anteriores preceptos, la medida de embargo de un bien sujeto a registro decretada por el juez de familia en un proceso de alimentos de menores está regulada por lo dispuesto en el artículo 542 del CPC, razón por la cual este funcionario judicial deberá dar aplicación al procedimiento allí establecido.

Por lo tanto, el juez de familia, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trata, deberá comunicar inmediatamente al juez civil de la medida de embargo. Por su parte, el juez civil adelantará el proceso hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, solicitará al juez de familia la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial. Así entonces, los derechos de las menores hijas de la accionante fueron garantizados por el juez civil que adelantó el respectivo proceso, pues él tiene la obligación de dar oportuna y plena aplicación a la prelación de créditos, en el orden en que lo ha señalado la ley y lo ratificó la jurisprudencia de esta Corporación, según las cuales en el primer orden de la primera clase se encuentran los créditos por alimentos a favor de menores.

Con base en lo anterior la Corte denegó la tutela impetrada y estableció que la registradora de instrumentos públicos accionada no desconoció los derechos fundamentales y prevalentes de las menores hijas de la accionante (Constitución Política, art.44), pues se limita a dar cumplimiento a los mecanismos ordenados por el Legislador para hacer efectivo el pago de las obligaciones debidas. nota 1

En la misma línea se pronunció la Corte al conocer de una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1o. del artículo 558 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 306 del artículo 1o. del Decreto 2282 de 1989 que se ocupa de la prelación de embargos. El demandante alegaba omisión legislativa pues dicho precepto no contempla la prelación de las medidas cautelares decretadas en un proceso ejecutivo alimentario instaurado para satisfacer los créditos por alimentos debidos a un menor. La Corte indicó que la omisión podía ser subsanada mediante una interpretación sistemática del Código de Procedimiento Civil pues otras de sus disposiciones permiten hacer efectiva la prelación sustancial de créditos y garantizar la primacía de los derechos de los menores de edad. La Corte preciso que a pesar de que nuestro ordenamiento procesal no permite la acumulación de procesos ejecutivos adelantados por distintas jurisdicciones (artículo 541 numeral 3o.CPC), ni establece que los embargos dictados en los procesos ejecutivos que se adelanten para cobrar créditos privilegiados tengan prelación, los intereses de los acreedores privilegiados quedan a salvo mediante la aplicación del artículo 542 ibidem, pues el juez que adelante el proceso ejecutivo para el cobro de un crédito de esta naturaleza debe oficiar al juez del proceso ejecutivo con garantía real para que una vez se realice el remate en primer lugar se satisfaga con el producto de éste los créditos que gozan de preferencia. Por ello, la Corte declaró exequible la norma demandada por el cargo de omisión legislativa. nota 2

En otro caso parecido al primero, en el cual un registrador de instrumentos públicos se negó a inscribir un embargo ordenado por un juez de familia por considerar que no es posible desplazar un embargo por acción personal, en razón de una medida similar proferida dentro de un proceso de alimentos; la Corte consideró que la actora podía acudir ante el juez de familia que ordenó el embargo para que proceda a insistir ante el registrador que haga efectiva la prelación de embargos, conforme al artículo 44 de la Constitución ?por aplicación directa-, ya que de acuerdo a esta norma (i) los jueces y registradores están en el deber de hacer prevalecer los derechos de los niños, en aspectos de embargos y créditos, como también en materias sustantivas y procesales, teniendo siempre presente su interés superior y (ii) a los padres y defensores de familia les asiste el derecho de invocar dicha prelación, cuando las circunstancias así lo indiquen.

De igual forma, dice la Corte, puede optar por hacer efectiva la norma constitucional dentro del proceso ejecutivo que se tramita ante el Juez Civil Municipal, atendiendo el estado de las ejecuciones. Para la Corte, la ausencia de un desarrollo legal de esta disposición, no impide que se haga una aplicación directa del artículo 44 superior, atendiendo a los criterios de interés superior de los niños. nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-557-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-664-06
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-086-04
7.10. Conciliación en delitos de inasistencia alimentaria

La Corte Constitucional declaró exequible la expresión del artículo 271 del Código del Menor norma que permite el desistimiento de la acción penal en casos de inasistencia alimentaria. Consideró que no hay razón para eliminar la posibilidad única del desistimiento en los procesos penales por inasistencia alimentaria, pues constituye una medida que bien aplicada sirve a los intereses del menor, en la medida en que se da libertad a quien incumplió aunque sea temporalmente y con la amenaza inminente de un proceso penal, para que cumpla lo que le corresponde. Al dejar intacto el artículo demandado, se da a los padres o a quienes tienen a su cargo el cuidado del menor, la posibilidad de pactar en buenos términos, y en presencia de un funcionario judicial, un acuerdo para el cumplimiento de la obligación alimentaria. Así se termina el proceso con un arreglo, y con la voluntad de quien antes incumplía, de llevar a cabo sus deberes como le corresponde.

En caso de no ser fiel a los compromisos adquiridos en ese documento se continuará inmediatamente el trámite que le corresponda. El logro de la terminación anticipada de procesos penales con arreglos equitativos y convenientes para las partes estimula la búsqueda de acuerdos entre las personas, y descongestiona los despachos judiciales; de esa manera el aparato judicial funciona de manera más eficiente, y se actúa en consonancia con los principios de eficiencia y economía, y la búsqueda del orden justo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-144-01
7.11. Obligación de los jueces de convocar a los afectados en procesos de restitución de inmueble arrendado, cuando se ponen en riesgo, de manera fraudulenta, las obligaciones de carácter alimentario con los hijos

Una madre, en su nombre y en representación de su hija, interpuso acción de tutela contra un juzgado civil municipal, en defensa de su derecho a ser oída en el proceso de restitución de inmueble arrendado que en su contra instaurara el padre de su hija, a pesar de haber declarado ante la Fiscalía General de la Nación que la obligación alimentaria con la niña la cumplía permitiendo que ésta y su madre residieran en dicho inmueble y además usufructuaran el valor que un tercero paga por el arriendo de una habitación en ese bien. Indicó que la jueza demandada no le permitió defender sus derechos y los de su hija en el proceso, debido a que no pudo consignar $11?000.000 de pesos, supuestamente adeudados por concepto de arriendo, por carecer de recursos para ello, misma razón por la cual no pudo designar un abogado que representara sus derechos.

La Corte Constitucional señaló que, en efecto, el padre de la niña no podía acudir al proceso de restitución del inmueble arrendado para despojar a madre e hija de la ocupación del bien después de haber reconocido ante la Fiscalía que con dicha ocupación cumplía con su obligación alimentaria.

Por otro lado, precisó que si bien era cierto que la juez civil municipal no podía tramitar la defensa de la madre de la niña respecto de las pretensiones de la demanda por ausencia de consignación de los canónes de arrendamiento presuntamente no pagados, debió advertir el posible fraude denunciado por la actora en relación con la afectación del derecho de la niña, y por lo mismo debió convocar a los perjudicados, sin que para el efecto requirieran consignar suma alguna ni mostrar recibos de ninguna clase, y de considerarlo pertinente informar al ICBF. Al no hacerlo ?dice- incurrió en vía de hecho.

Por lo anterior, concedió la tutela y ordenó a la jueza dejar sin efecto la sentencia proferida dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado, y en su lugar ordenar la vinculación de la accionante, en calidad de perjudicada con la decisión y representante legal de la niña, y continuar el asunto hasta proferir la decisión que corresponda, con pleno respeto de las garantías constitucionales de la actora. Agrega que, en caso de prosperar la pretensión de restitución, debe informar al ICBF para que un defensor de familia disponga las medidas de protección que sean del caso. De igual forma, deja claro que el padre de la menor dispone de la posibilidad de solicitar la revisión de la cuota alimentaria por las vías legales, si es su interés modificar sus obligaciones. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-838-04
7.12. Es deber de los jueces admitir la participación de los defensores de familia, en representación de los niños, en procesos de restitución de inmuebles aun cuando la causal alegada sea falta de pago

Un defensor de familia presentó acción de tutela en favor de unos niños cuyos derechos se verían afectados por la decisión de un juzgado civil municipal de ordenar la restitución del inmueble donde éstos residían con su madre, quien adeudaba al padre de los niños algunos cánones de arrendamiento. Tal decisión implicaba la salida de los niños de la vivienda, sin que se hubiera permitido la intervención del defensor de familia en representación de sus derechos. Los padres de los niños habían convivido durante 17 años pero jamás se había declarado la existencia de una sociedad patrimonial. El padre había arrendado a la madre el inmueble y en distintas ocasiones incumplía sus obligaciones alimentarias con los niños.


La Corte consideró que: (i) ?si bien el artículo 424, parágrafo 2°, numeral 2°, del Código de Procedimiento Civil exige en el proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado, cuando la pretensión de entrega se fundamenta en la falta de pago, la consignación a órdenes del juzgado del valor total adeudado, o en su defecto, los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres (3) últimos meses, o si fuere el caso, las consignaciones por el mismo valor de acuerdo con los requisitos de ley, como carga procesal para admitir el ejercicio del derecho de oposición del demandando, dicha exigencia por su contenido altamente limitativo del derecho de defensa debe ser interpretada restrictivamente, esto es, que bajo ninguna circunstancia puede resultar exigible para otras personas distintas del demandando que gocen de legitimación para intervenir en dicho proceso.

Para la Corte, es indiscutible que el Juzgado Civil Municipal ?no sólo incurrió en un desconocimiento constitutivo de vía de hecho por defecto procedimental al extender al Defensor de Familia la carga procesal impuesta por el parágrafo 2°, numeral 2°, del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, cuando conforme a su contenido literal y a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional, dicha carga solamente le resulta exigible al demandado; sino que también lo hizo al ignorar el valor normativo de la Constitución, que en tratándose de la preservación de los derechos fundamentales de los menores de edad, le reconoce al citado funcionario plena legitimatio ad processum para exigir en todo momento de las autoridades judiciales competentes ?su cumplimiento y la sanción de los infractores?, conforme lo establece categóricamente el artículo 44 Superior.

De igual forma, la Corte consideró que (ii) ?la obligación del juez accionado de admitir y dar curso a la intervención del Defensor de Familia en defensa de los derechos fundamentales de los citados niños, resultaba aún más exigible teniendo en cuenta la existencia de un posible fraude a la ley, a partir de las posibles maniobras jurídicas realizadas con gran habilidad por el padre de los niños, en su condición de abogado titulado, para sustraerse al cumplimiento debido de su obligación alimentaria para con sus tres (3) hijos menores de edad. De hecho si no lo hubieren solicitado, era obligación del juez convocarlos por tratarse de terceros afectados.

La omisión en el cumplimiento de la obligación que les asiste a las autoridades judiciales de convocar al proceso de restitución de inmueble arrendado a los representantes legales o al Defensor de Familia, es constitutiva de vía de hecho, cuando de los elementos de juicio que acompañan al proceso se vislumbra la posible configuración de un fraude a la ley o la existencia de un vicio que comprometa la validez del negocio jurídico que soporta la pretensión de restitución, y que por sus efectos puede llegar a comprometer las garantías mínimas de los niños, pues dicha circunstancia implica la existencia de una restricción excesiva de los derechos fundamentales de los citados menores de edad, como lo son los derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción.

Para la Corte, la pretensión de restitución del inmueble que servía de vivienda familiar para los niños escondía el ánimo del padre de sustraerse al cumplimiento de su obligación alimentaria y, en esa medida, era obligación del juez accionado convalidar y admitir la intervención de la autoridad estatal de protección a la niñez, con miras a asegurar la prevalencia de los derechos de los niños. No hacerlo constituyó una vía de hecho por defecto procedimental, al permitir la aplicación de una restricción excesiva sobre los derechos fundamentales de los niños, como los derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, constitutiva de una nulidad insubsanable por lo cual declara sin ningún valor ni efecto la sentencia proferida por el juez accionado.

Para restablecer los derechos de los niños la Corte ordenó al juez accionado admitir la vinculación del defensor de familia como representante de los menores de edad y continuar con el trámite del proceso abreviado de restitución de tenencia hasta proferir la decisión que corresponda, con el pleno respeto de las garantías constitucionales de los menores de edad. De igual forma, le ordenó asegurarse que la tenencia del bien inmueble objeto de controversia fuera efectivamente restituido a los niños y a su madre en caso de encontrarse en manos del padre o de un tercero a título gratuito; o que, si se llegare a acreditar la existencia de un contrato de arrendamiento sobre el mismo, adoptara las medidas que resultaran indispensables para asegurar que los cánones de arrendamiento fueran puestos a disposición de la señora a título de alimentos provisionales para sus hijos; o que en caso de haberse transferido la propiedad se informara a la Fiscalía para que ésta procediera de acuerdo con su competencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-494-05
7.13. Protección al patrimonio del menor: celebración de segundas nupcias por parte del padre del menor

Se interpuso demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 169, 170 y 171 primer inciso del Código Civil y el inciso segundo del artículo tercero del Decreto Ley 2668 de 1988. El actor consideró que la norma es violatoria del derecho a la dignidad humana y del principio de la buena fe por un lado porque exige que se nombre un curador para hacer un inventario solemne de los bienes que esté administrando la persona que teniendo hijos bajo su patria potestad, quiera casarse o conformar unión libre. Y por otro lado porque determina que el curador se deberá nombrar, incluso si los hijos carecen de cualquier bien de su propiedad, en cuyo caso aquél lo deberá testificar. La Corte determina que el hecho de que el Legislador hubiese incluido en la ley el principio de buena fe no significa que se deban excluir del ordenamiento las normas que protegen a los débiles. De igual manera considera que el hecho de que se incluyan en la ley cargas para la protección de los hijos no es violatorio del derecho a la dignidad.

Concluye que una norma que exige que se nombre un curador para hacer un inventario solemne de los bienes que esté administrando la persona que, teniendo hijos bajo su patria potestad, quiera casarse o conformar unión libre no viola el derecho a la dignidad humana y el principio de buena fe. De la misma forma, tampoco desconoce dichas garantías una disposición que señala que el curador se deberá nombrar, incluso si los hijos carecen de cualquier bien de su propiedad, en cuyo caso aquél lo deberá testificar.? Las exigencias que la ley hace a los padres para contraer segundas nupcias en lo referente al patrimonio de sus hijos menores, no viola ninguna disposición de las contenidas en la Constitución con respecto a los derechos fundamentales de los padres. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-812-01
7.14. Protección de bien afectado a patrimonio de familia inembargable en beneficio de los derechos de los niños

Una mujer que acredita ser madre cabeza de familia presentó acción de tutela contra el registrador principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en beneficio suyo y de sus hijos, por cuanto ella solicitó que el registrador dejara constancia en la respectiva matrícula inmobiliaria de que el 50% del bien inmueble en el que vive constituye patrimonio de familia no susceptible de ser afectado con medidas cautelares por virtud de lo dispuesto en la Ley 861 de 2003; obteniendo respuesta negativa.

La Corte considera que la vivienda destinada a la familia constituye uno de los presupuestos esenciales para dar garantía eficaz al desarrollo armónico e integral de los niños, toda vez que el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los menores no pueden materializarse si carecen de habitación digan o si corren riesgo de perderla.

El carácter especial de la Ley 861 de 2003, interpretado en función de los derechos fundamentales de los niños, específicamente de aquellos que pertenecen a un núcleo familiar en el que sólo uno de los padres está presente, y de la particular condición de padre o madre cabeza de familia, promovió la laxitud de la Ley 861 en lo relativo al procedimiento de constitución del patrimonio familiar, específicamente respecto del funcionario ante el cual debe realizarse. Es así que se adelanta ante autoridad administrativa, no requiere escritura pública y permite tal afectación sobre bienes inmuebles afectados por hipoteca con el fin de que los mismos no sean afectados por medida cautelar en los casos en que dicha medida sea consecuencia de un gravamen constituido con posterioridad al establecimiento del patrimonio familiar.

Por las anteriores razones se concedió la tutela de los derechos fundamentales de los niños, por encontrar que la ley establece claramente el procedimiento y requisitos para acceder a la solicitud. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-950-04
7.15. Improcedencia de tutela para evitar embargo y remate de vivienda de padres en la que habitan sus hijos

La Corte rechazó la acción de tutela interpuesta por dos niños que consideraban vulnerados sus derechos fundamentales por parte de una entidad financiera que pretendía el embargo y remate del inmueble en donde residían dentro de un proceso ejecutivo mixto que se adelantaba en un juzgado civil del circuito contra sus padres, por cuanto la demanda no demostraba que los derechos de los niños se verían afectados en el evento del remate del inmueble puesto que el derecho a una vivienda digna no es fundamental, adicionalmente no exige que las personas tengan vivienda propia de determinadas características. De otra parte, señaló que es dentro del proceso judicial que se adelantaba por vía ordinaria donde debían hacerse valer los derechos que se consideran afectados, por la injusticia o desproporción en la pretensión, y en todo caso entre las partes, que en ningún caso son los hijos nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-373-03
7.16. La autorización judicial previa al aporte en sociedad de derechos reales de menores de edad sobre bienes inmuebles es una medida necesaria y conducente para la protección de sus derechos

Se demandó la inconstitucionalidad de un aparte del artículo 103 de la Ley 222 de 1995, por la cual se modifica el Código de Comercio. La norma demandada prevé que los incapaces no pueden ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. Pero que en las demás situaciones pueden serlo si actúan por conducto de sus representantes o con su autorización, según el caso. Y agregaba la disposición: ?Para el aporte de derechos reales sobre inmuebles, bastará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 111.? El demandante consideró que este aparte de la norma desprotegía los derechos de los menores de edad.

La Corte precisó que si bien el legislador tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias que configuran la situación de debilidad y para el diseño de las normas específicas de protección, en todo caso, esta libertad encuentra un límite frente a los incapaces, en la medida en que le está vedado desprotegerlos y exponerlos a la vulneración de sus derechos, en particular de sus derechos fundamentales. Para la Corte, tales medidas deben ser efectivas y conducentes para lograr tal amparo y no excluir aquellas que sean necesarias e indispensables para alcanzar esos propósitos.

La Corte recuerda que tanto el Código de Comercio como el Civil contemplan medidas alternas a la de la autorización judicial para el aporte en sociedad de derechos reales de los incapaces, tales como: i) la prohibición para intervenir como socios en sociedades en las que comprometan su responsabilidad más allá del aporte; ii) la necesaria intervención del representante legal para asociarse y para aportar derechos reales sobre inmuebles; iii) la responsabilidad hasta la culpa leve de los representantes legales de los incapaces; iv) la obligación de otorgar fianza y hacer inventario solemne, que deben cumplir los guardadores antes de que la guarda les sea discernida y la de llevar cuentas de la administración con posterioridad al discernimiento; v) la existencia de causales de remoción para los guardadores, por incapacidad, ineptitud, culpa grave o actos repetidos de mala administración; y vi) la responsabilidad penal por malversación y dilapidación de bienes de familiares.

No obstante, dice, tales medidas no impiden que una inversión que tradicionalmente se considera segura y beneficiada por un régimen jurídico especial se cambie por otra que no reviste de esos atributos; además, las responsabilidades que podrían derivarse para los representantes legales de los incapaces o los administradores de las sociedades por un manejo inadecuado de los intereses del menor o de la sociedad, respectivamente, son posteriores en el tiempo a los actos que las originan, de manera que no son aptas para prevenir o impedir posibles malversaciones o actos dolosos en detrimento de los intereses del incapaz. Permite que los incapaces dejen de tener en cabeza suya una inversión segura, protegida especialmente por el ordenamiento jurídico, para cambiarla por otra sujeta a mayores posibilidades de ganancia o pérdida. También que por este camino la ley tolera la pretermisión de la licencia judicial que de manera general la ley civil exige para proceder a los actos dispositivos o al gravamen sobre bienes inmuebles de incapaces.

Por tal razón, a juicio de la Corte, la licencia judicial derogada por la norma acusada sí era una medida necesaria y conducente para proteger los derechos de los incapaces, en cuanto i) era previa y por lo tanto de carácter preventivo; ii) permitía la intervención del juez y el representante del ministerio público, autoridades imparciales a la hora de evaluar la utilidad o necesidad del acto; iii) no toleraba que, por vía de un aporte en sociedad sin más requisitos que el de la inscripción de la escritura respectiva en la oficina de registro, se pretermitieran todas las demás normas del Código Civil que exigen licencia judicial para actos dispositivos o de gravamen sobre bienes de incapaces; iv) favorecía que en cabeza de los incapaces se mantuvieran derechos a los que históricamente se les concede especial valía y se protegen mediante un régimen jurídico especial; y v) conjuraba el peligro de actos jurídicos irresponsables o dolosos respecto de los derechos de los incapaces.

Por lo anterior, la Corte declaró inexequible el aparte demandando del artículo 103 del Código de Comercio, modificado por el artículo 2° la Ley 222 de 1995. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-716-06

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