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Última modificación: 2006-12-26
Aplicación del principio de buena fe en las declaraciones rendidas por los desplazados

Un señor desplazado por la violencia interpuso acción de tutela en su nombre y en el de los demás miembros de su núcleo familiar, en contra de la Red de Solidaridad Social, con el fin que se le proteja su derecho constitucional a la buena fe vulnerado por ésta entidad al negarle su inclusión en el sistema único de registro.

La Corte, recordó que en reiterada jurisprudencia se ha señalado la función del Registro Único de Población Desplazada y el cuestionamiento que se hace a la Red de Solidaridad Social por negar la inclusión en éste, a las personas desplazadas que, en un primer momento presentan declaraciones contradictorias, incompletas o de escasa coherencia sobre su situación familiar y personal y de los hechos del desplazamiento, puesto que, se trata de personas afectadas sicológicamente por la violencia con la que han sido desarraigadas de su territorio y de su entorno familiar.

Así, hace énfasis esta Corporación en la necesidad de aplicar el postulado constitucional de la buena fe, y tener en cuenta elementos indicativos del desplazamiento aportados por el declarante y, especialmente, el hecho de que la persona haya abandonado sus bienes y comunidad.

Concluye la Corte que las solicitudes de inclusión en el Registro Único y la estimación de las mismas, en cuanto se traducen en asistencia a las víctimas directas del conflicto armando y los problemas de orden público, no comportan por parte de las autoridades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia una investigación sobre el hecho mismo del desplazamiento para el simple hecho inicial del registro, sino que se circunscriben a establecer la relación del solicitante con los acontecimientos, con el fin de establecer sus necesidades de asistencia y protección.

En consecuencia, la Corte decide revocar los fallos proferidos por los juzgados de instancia y en su lugar conceder al actor el amparo constitucional a la vida en condiciones dignas, a no sufrir tratos crueles, a la igualdad, a la familia, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la paz y a la seguridad, para lo cual ordena la inclusión del actor y su familia en el Registro Único de la Población Desplazada, en las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, sin perjuicio de la competencia de las autoridades administrativas para adelantar las investigaciones pertinentes, con el fin de adecuar la asistencia a sus reales condiciones y definir tanto su permanencia en el Registro como la inclusión de su grupo familiar. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-882-05

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