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Última modificación: 2013-04-30
Ignorancia institucional de la ocurrencia de los hechos como argumento para negar la inscripción en el rupd

A una persona le negaron la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, bajo el argumento que en la zona en que el actor dice hacerse desplazado por la violencia no hay reportes de alteraciones del orden público.

La jurisprudencia ha reiterado que el desconocimiento de ciertos hechos, por parte de la autoridad, no es suficiente para concluir que la persona no es desplazada. En la Sentencia T-821 de 2007, la Corte Constitucional concedió la tutela a una mujer a quien se le negó su inclusión en el RUPD bajo el argumento que las autoridades no registraban alteraciones del orden público en la zona y en el tiempo en que, según la peticionaria, habían ocurrido los hechos del desplazamiento. La Corporación reiteró, entonces, que la sola ignorancia institucional acerca de los hechos narrados por una solicitante no era una razón suficiente para desvirtuar su declaración y, en consecuencia, para concluir que no había existido desplazamiento forzado.

En el presente caso, la solicitud de inclusión del tutelante fue mal rechazada, pues la negativa de Acción Social se fundó exclusivamente en que las autoridades no registraban alteraciones del orden público en la zona y en el tiempo en que, según el tutelante, habían ocurrido los hechos generadores del desplazamiento. Esa ?ha dicho la jurisprudencia de la Corte- no es una razón suficiente para negarle a una persona que dice ser desplazada, y en quien debe presumirse buena fe, su inclusión al Registro Único de Población Desplazada ni para negarle las ayudas y subsidios que de esa inscripción se derivan.

Siguiendo los argumentos esbozados, la Corte procedió a revocar el fallo expedido por el juzgado de instancia, y por consiguiente tuteló el derecho al mínimo vital del accionante, ordenando a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ? Acción Social, que los inscriban a él y a su núcleo familiar de manera inmediata en el Registro Único de Población Desplazada y en el Sistema Único de Registro de Desplazados. Además, le ordenó que realizara todas las gestiones necesarias para que en un plazo no mayor de ocho (8 días), contados a partir de la notificación de la sentencia, le entregara al actor, efectivamente, si aún no lo ha hecho, la ayuda humanitaria solicitada, y lo oriente adecuadamente y lo acompañe para que pueda acceder a los demás programas de atención para población desplazada, especialmente en lo que respecta a los servicios de salud y educación para sus hijas menores, acceso a los programas de estabilización económica o vivienda. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-044-10

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