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Última modificación: 2013-04-30
La circunstancia de haberse dedicado a los cultivos ilícitos con anterioridad a su desplazamiento, como argumento para negar la inscripción en el rupd

Una persona interpuso acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, al considerar que la mencionada entidad le vulneró sus derechos al mínimo vital, a la protección de la niñez, a la igualdad, de petición y al debido proceso en razón a que no le fue autorizada su inscripción y la de su núcleo familiar en el Registro Único de Población Desplazada de Acción Social, sin darle oportunidad de controvertir la decisión en sede administrativa.

Acción Social, negó la petición argumentado que las personas desplazadas con ocasión de la erradicación de cultivos ilícitos no tienen derecho a acceder a los programas de apoyo que se han creado para esta población ya que el desplazamiento no se deduce de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997, lo que constituye causal para negar la inscripción en el RUPD, según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000.

En el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000 establece las causales de improcedencia del registro en el RUPD, y el literal ii) incluyó la no existencia del hecho del desplazamiento.

En relación con la mencionada causal, la Corte ha manifestado que las razones objetivas y fundadas que lleven a considerar si una persona ostenta o no la calidad de desplazado deben ser valoradas partiendo del principio de la buena fe, sobre el particular, ha señalado:

?(i)a la hora de valorar si existen razones objetivas y fundadas para considerar que no se trata de una persona que hubiere sido desplazada, la entidad competente debe tomar en consideración el principio de buena fe. En consecuencia, no hace falta que la persona aporte plena prueba sobre su dicho. Basta una prueba siquiera sumaria de la ocurrencia de los hechos para determinar que una persona sí se encuentra en situación de desplazamiento.

(ii) Adicionalmente, también por la aplicación del principio de buena fe, el desconocimiento por parte de la autoridad de los hechos ocurridos no es prueba suficiente de la no ocurrencia del acontecimiento narrado por el solicitante. En efecto, los hechos generadores del desplazamiento pueden ir desde la notoriedad nacional, hasta la extrema reserva del ámbito privado (Sentencia T 327 de 2001).

(iii) En virtud del principio de favorabilidad, los enunciados legales o reglamentarios deben interpretarse de la manera que mejor convenga a las personas obligadas a huir de su lugar habitual de trabajo o residencia? (Sentencia T 821 de 2007).

En este sentido, de conformidad con lo señalado, esta Corporación ha indicado que las autoridades deberán analizar a la luz de los principios de buena fe, favorabilidad, y prevalencia del derecho sustancial, aquellas razones que de manera objetiva y fundada puedan determinar la inexistencia de situación de desplazamiento por no coincidir con las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de1997.

En el anterior contexto, considera la Corte que la sola circunstancia de haber declarado la accionante que, como antecedente de su desplazamiento, estaba la erradicación de los cultivos ilícitos que tenía en su predio, no es suficiente para que se niegue su condición de desplazada y el consiguiente registro.

Es necesario corroborar si, independientemente de si estaba o no en la actividad de cultivos ilícitos, su desplazamiento se produjo como consecuencia de presión de grupos al margen de la ley y si, por consiguiente, se satisfacen los criterios legales y jurisprudenciales sobre la condición de desplazado.

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que la aplicación de la normatividad debe ser examinada de conformidad con las circunstancias que dieron lugar al desplazamiento y en concordancia con los principios de favorabilidad y de buena fe, razón por la cual Acción Social deberá determinar en cada caso si se observan las reglas previstas para proceder a la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada.

De este modo, la Corte Constitucional revocó el fallo proferido por el juzgado de instancia, para en su lugar tutelar los derechos al mínimo vital, a la igualdad, de petición y debido proceso de la actora, ordenando a Acción Social, que proceda a determinar las circunstancias que generaron el desplazamiento, para de esa forma incluirla junto a su núcleo familiar en el RUPD. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-284-10

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