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Última modificación: 2006-08-01
Obligación de progresividad y niveles mínimos de satisfacción de derechos

La Corte Constitucional señaló que el goce efectivo de los derechos de contenido prestacional ?como los derechos económicos, sociales y culturales- depende de que el Estado cree y mantenga las condiciones necesarias para dicho goce y adopte políticas encaminadas a su progresiva realización. En este sentido, reitera que es deber del Estado, de una parte, adoptar y poner en vigor las políticas, programas o medidas positivas para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de satisfacción progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población; y, de otra, abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos frente a estos derechos. Así, se observa que el avance progresivo en la satisfacción de los derechos de la población desplazada no sólo se ha retrasado -por insuficiente apropiación presupuestal- sino que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo.

En consecuencia, el carácter progresivo de ciertos derechos y su dimensión prestacional exigen de las autoridades racionalidad en el diseño y articulación de las políticas públicas relativas a tales derechos, de forma que éstas sean transparentes, serias y coherentes. En esta medida, es necesario ajustar lo prometido a lo realizable, lo cual podría representar la adopción de una medida que reduzca el alcance de la protección previamente establecida. Sin embargo, dicha medida debe cumplir estrictos requisitos, en especial asegurar los mínimos de satisfacción del derecho limitado y no desconocer las áreas prioritarias que más afectan a la población. Después de un extenso análisis, la Corte permitió al Gobierno nacional redefinir la política pública en materia de atención al desplazamiento forzado en los siguientes términos:

Si luego de establecer la dimensión del esfuerzo presupuestal requerido, el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada concluye que los compromisos asumidos en la política estatal no podrán ser cumplidos, tal como han sido definidos en la Ley 387 de 1997 y sus decretos reglamentarios, podrá redefinir tales compromisos siempre que se le garantice a los desplazados el goce efectivo de sus derechos. Dicha redefinición no tiene necesariamente que conducir a una disminución del alcance de los derechos de los desplazados. No obstante, si ello fuera ineludible, tales decisiones no podrán ser discriminatorias; deberán ser medidas necesarias, temporales y condicionadas a que en un futuro se retome el camino del avance progresivo de los derechos.

En consecuencia, la Corte estableció que el mínimo de protección, que debe ser oportuna y eficazmente garantizado, implica que en ningún caso se puede amenazar el núcleo esencial de los derechos fundamentales constitucionales de las personas desplazadas y la satisfacción por el Estado del mínimo prestacional de los siguientes derechos: a la vida, a la dignidad, a la integridad física, psicológica y moral, a la unidad familiar, a la prestación del servicio de salud que sea urgente y básico, a la protección frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento, y, a la educación hasta los quince años para el caso de los menores desplazados nota 1.

En otra decisión, al conocer de una acción de tutela instaurada por un desplazado por la violencia que no había recibido de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención para la Obligación Desplazada la ayuda prevista para su situación de desplazado, la Corte Constitucional reiteró la sentencia T-025 de 2004 en relación con los Derechos mínimos de las personas en situación de desplazamiento forzoso y el Deber de protección por parte del Estado. La Corte recordó que, a pesar de que no siempre se podrán satisfacer hasta el máximo nivel posible la carga prestacional de los derechos constitucionales de toda la población desplazada por el carácter limitado de los recursos y las dimensiones reales de la evolución del fenómeno del desplazamiento, existen ciertos "derechos mínimos" que deben ser satisfechos en "cualquier circunstancia" por las autoridades a los desplazados, pues en ello se juega la subsistencia digna de las personas en esta situación.

Tales derechos conforman una "carta de derechos básicos de toda persona que ha sido victima de desplazamiento forzado interno y es obligación de las autoridades informarlos a cada desplazado:

1. A ser registrado como desplazado, solo o con su núcleo familiar;

2. A conservar todos sus derechos fundamentales y por el hecho del desplazamiento a no ha perder ninguno de sus derechos constitucionales, por el contrario, a ser sujeto de especial protección por el Estado;

3. A recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el desplazamiento y por el término de 3 meses, prorrogables por 3 meses más. Tal ayuda comprende, como mínimo, i) alimentos esenciales y agua potable, ii) alojamiento y vivienda básicos, iii) vestido adecuado, y iv) servicios médicos y sanitarios esenciales;

4. A que se le entregue el documento que lo acredita como inscrito en una entidad de salud, a fin de garantizar su acceso efectivo a los servicios de atención en salud;

5. A retornar en condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se le pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna parte específica del territorio nacional;

6. A que se identifiquen, con su plena participación, las circunstancias específicas de su situación personal y familiar para definir, mientras no retorne a su lugar de origen, cómo puede trabajar con miras a generar ingresos que le permita vivir digna y autónomamente;

7. A acceder a un cupo en un establecimiento educativo, si es menor de quince (15) años;

8. A que éstos derechos sean inmediatamente respetados por las autoridades administrativas competentes, sin que éstas puedan establecer como condición para otorgarle dichos beneficios que interponga acciones de tutela.

9. Como víctima de un delito, tiene todos los derechos otorgados por la Constitución y las leyes para asegurar que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del delito una reparación.

La Corte aclaró que esta carta de derechos no implica que los demás derechos puedan ser desconocidos, ni que el desplazado obtenga, por conocer dicha carta, una protección automática de sus derechos básicos, simplemente, garantiza que se le provea información oportuna sobre los deberes de las autoridades respecto de la protección que ha de recibir por el hecho del desplazamiento.

La Corte ordenó la Red de Solidaridad Social que coordine con las autoridades nacionales y territoriales responsables de la atención a la población desplazada en cada uno de sus componentes el suministro oportuno y eficaz de los beneficios a los que el accionante y su familia tienen derecho en su condición de desplazados por la violencia. De igual forma, previno a las entidades involucradas en la atención del caso del accionante, según la coordinación que efectúe la Red de Solidaridad Social, para que se abstengan de incurrir en dilaciones injustificadas en la entrega de dichos beneficios. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-025-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-097-05. Reitera la Sentencia hito T-025-04

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