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Última modificación: 2006-08-01
Declaración de estado de cosas inconstitucional en la atención a la población desplazada por la violencia

1150 núcleos familiares en condición de desplazamiento interpusieron 109 acciones de tutela contra la Red de Solidaridad Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Protección Social, de Agricultura y de Educación, el Inurbe, el Incora, el SENA, así como contra varias administraciones municipales y departamentales, por considerar que dichas autoridades no estaban cumpliendo con su misión de protección a la población desplazada y por la falta de respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de vivienda y acceso a proyectos productivos, atención en salud, educación y ayuda humanitaria.

Estableció la Corte Constitucional que ante la magnitud del problema del desplazamiento y su grave incidencia en la protección de los derechos de los desplazados, es procedente declarar el estado de cosas inconstitucional, respecto de la situación de la población internamente desplazada, con el fin que las autoridades adoptaran, dentro de la órbita de sus competencias, los correctivos que permitieran superar tal situación. Varios elementos confirmaron la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el presente caso:

1. La gravedad de la situación de vulneración de derechos que enfrentaba la población desplazada, reconocida incluso por el Legislador;

2. El elevado volumen de acciones de tutela presentadas por los desplazados, cuyos problemas han sido abordados por la Corte de tiempo atrás y frente a los cuales persistió la omisión de las autoridades;

3. La vulneración de derechos afectaba a buena parte de la población desplazada;

4. La vulneración de derechos no es imputable a una única entidad; y

5. La vulneración de derechos reposa en factores estructurales como la falta de correspondencia entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas.

Una de las consecuencias de esta declaratoria, es que se extendieron los efectos de la sentencia a todas aquellas personas que se encontraban en situación de desplazamiento y que no hayan interpuesto acción de tutela, para proteger de esta forma los derechos de la población desplazada en general. En consecuencia, la Corte expidió las siguientes órdenes a las autoridades del orden nacional con el fin que se lograra una concordancia entre los compromisos adquiridos para cumplir los mandatos constitucionales y legales y los recursos asignados para asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados:

(i) se diseñen y pongan en marcha las políticas, planes y programas que garanticen los derechos fundamentales;

(ii) se apropien los recursos necesarios para garantizar la efectividad de tales derechos;

(iii) se modifiquen las prácticas, las fallas de organización y de procedimiento que resultan violatorias de la Constitución;

(iv) se reforme el marco jurídico cuyas falencias han contribuido al estado de cosas inconstitucional; y

(v) se realicen los trámites administrativos, presupuestales y de contratación que sean indispensables para superar la vulneración de los derechos nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-025-04

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