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Última modificación: 2006-08-01
Legitimidad de las asociaciones de desplazados para instaurar acciones de tutela en nombre de sus afiliados

Varias asociaciones de población desplazada interpusieron acciones de tutela, a nombre de sus afiliados, con el fin de que se ordenara, a diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, el cumplimiento de compromisos que suscribieron en torno al tema de vivienda y proyectos productivos. Señaló la Corte dentro de sus consideraciones, que, de forma general, no es procedente la acción de tutela presentada por personas jurídicas diferentes de los sindicatos. Sin embargo, aclara, que, por tratarse de un grupo poblacional en extremas condiciones de vulnerabilidad, es decir, personas desplazadas por la violencia, se torna procedente la acción de tutela interpuesta por las asociaciones que representan sus intereses cuyo único propósito es defender los derechos e intereses de las personas afectadas por el desplazamiento.

Se trata de una excepción a la regla general que exige que se individualicen las pretensiones de la demanda de tutela, es decir, que se precisen los derechos fundamentales violados, los hechos violadores y las personas víctimas de la violación de derechos. A pesar de esa excepción, en la parte resolutiva de la sentencia, la Corte decidió negar la tutela por cuanto se pudo comprobar que las asociaciones que interpusieron las tutelas hicieron simplemente un alegato genérico de violación de derechos de una comunidad, sin establecer específicamente de qué manera se pusieron en peligro los derechos fundamentales de las personas desplazadas que representaban nota 1.

En otra sentencia, la Corte reiteró que las asociaciones de población desplazada por la violencia están facultadas para agenciar oficiosamente los derechos de sus afiliados mediante la presentación de acciones de tutela en su nombre. La Corte, sin embargo, aclara, que, con el fin de evitar que por esta vía se desnaturalice la acción de tutela, se promuevan demandas de tutela colectivas sin el consentimiento de sus miembros o se emplee esta figura para desconocer las normas sobre temeridad, tal posibilidad deber ser ejercida bajo las siguientes condiciones: (i) que se haga a través de su representante legal , acreditando debidamente su existencia y representación dentro del proceso de tutela, (ii) que se individualice, mediante una lista, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se promueve la tutela, (iii) que no se deduzca de los elementos probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción se interponga en su nombre.

En esta medida, los jueces de la República no pueden declarar improcedente una acción de tutela presentada por una asociación de población desplazada sin antes examinar el cumplimiento de los tres requisitos descritos y tener en cuenta que la tutela tiene un carácter informal y la situación de desamparo de las personas desplazadas nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1194-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-025-04

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