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Última modificación: 2006-08-01
Improcedencia de la acción de tutela para modificar los fallos emitidos en procesos policivos de desalojo

La Corte se pronunció en el caso de una mujer que interpuso acción de tutela en nombre propio y en el de sus hijos menores, por considerar violados sus derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad física y la protección especial a los niños, con el proceso policivo de lanzamiento que ordenó el desalojo del predio en que habitaban, sin que previamente el Gobierno les diera una solución definitiva de albergue o reubicación. La Corte señaló que en este caso no es posible que el juez constitucional entre a tomar medidas en relación con el proceso policivo que concluyó con la orden de desalojo de los ocupantes del predio, no solo por cuanto se trata de una decisión legítima adoptada por autoridad competente en ejercicio de funciones atribuidas por el ordenamiento positivo para la defensa de los derechos constitucionales; sino además porque de las pruebas aportadas al proceso se extrae que la demandante no acreditó tener algún derecho de propiedad, posesión o tenencia sobre el predio en cuestión.

Sin embargo, la Corte determinó que, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales y legales que regulan el fenómeno del desplazamiento forzado, la vulneración de los derechos fundamentales alegados se encontró en la omisión de la alcaldía municipal en brindar una solución a la accionante, para asegurarle su estancia y el restablecimiento de sus condiciones de vida luego del desalojo. En consecuencia, se concedió la tutela en protección de los derechos a la vida digna de la accionante y de sus hijos, violados por el hecho mismo del desplazamiento forzado, y por la falta de gestión de la alcaldía para resolver el problema de la población que ocupó irregularmente un predio nota 1.

En otro caso parecido, la Corte conoció la acción de tutela que un Defensor del Pueblo Regional interpuso, en representación de varias familias, contra la administración municipal por considerar que la misma vulneró el derecho a la vida y a la integridad de las personas desplazadas que están asentadas en las riberas de dos quebradas que atraviesan el municipio, argumentado que contra esa población se han llevado a cabo acciones policivas de lanzamiento por ocupación de hecho, sin que las autoridades dispongan lo necesario para su protección. La Corte estableció que por acción de tutela no se puede suspender una orden de desalojo proveniente de un proceso policivo. Sin embargo, sí es necesario que tanto la Red de Solidaridad Social como las autoridades locales brinden albergue provisional a las familias desplazadas ubicadas en la zona de alto riesgo objeto del desalojo, así como la provisión de la ayuda humanitaria que requieran.

En consecuencia, concedió la tutela y ordenó a la Red de Solidaridad Social que en el término de un (1) mes brindara albergue temporal a las familias en cuyo nombre fue instaurada la acción. También previno a la Alcaldía, Gobernación y al ICBF regional que colaboraran con la Red de Solidaridad Social en las materias de su competencia nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1346-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-078-04

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