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Última modificación: 2006-08-01
Derechos a la dignidad humana, vida digna e integridad

· Protección del derecho a la dignidad humana

Un grupo de campesinos del predio Bellacruz en el departamento del Cesar, dadas las insistentes agresiones contra sus vidas y viviendas, se trasladaron a la capital del país donde la Defensoría del Pueblo y el Incora tomaron, como medida provisional, la contratación de su alojamiento en un hotel de la Mesa (Cundinamarca). Sin embargo, el contrato fue cancelado por presiones de la Gobernadora de Cundinamarca, quien además se pronunció acusando a la población desplazada de ser posibles guerrilleros y solicitando a los alcaldes de los municipios del departamento, que se abstuvieran de recibirlos. La Corte señaló que se vulneraron los derechos a una protección especial y el principio de la dignidad humana, cuando las autoridades públicas y aún los particulares, estigmatizaron a la población desplazada por su condición de tales.

La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo iniciar, en el término de un mes, un curso de promoción de derechos humanos dirigido a la Gobernadora de Cundinamarca y a los alcaldes del departamento, solicitó al Ministerio de Educación, dentro de los doce meses siguientes, hiciera efectiva la educación en el respeto de los derechos humanos y previno a la Gobernadora para que se abstuviera de emitir expresiones que comprometieran la seguridad de los desplazados nota 1.

La Defensoría del Pueblo, Regional Antioquia, instauró acción de tutela contra la Inspección 8 de Policía de Medellín, que ordenó el desalojo de un predio de propiedad privada, que venía siendo ocupado de hecho por un grupo de desplazados. El accionante consideró violados los derechos a la igualdad, dignidad, lo que no se compadece con la situación de desplazamiento en Colombia. La Corte concedió la tutela ordenando al Presidente y a otras entidades administrativas brindara la atención necesaria a los demandantes, dentro de un plazo de seis meses, en protección a sus derechos a la dignidad humana nota 2.

· Protección del derecho a la vida de persona desplazada a cargo del Estado y de acuerdo a los niveles de riesgo

El tutelante, Defensor de Derechos Humanos y Director Nacional de la Corporación Colombiana de Desplazados, ha sido víctima de amenazas por grupos al margen de la ley, situación que ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes. De esta forma, fue vinculado al programa de protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Sin embargo, en marzo de 2008 se llevó a cabo una valoración de riesgos y fue clasificado ?como ordinario?. Por tal razón, fue desvinculado del programa de seguridad, decisión contra la cual interpuso los recursos correspondientes. Desde julio 1° de 2009 el esquema de seguridad fue suspendido. No obstante, las amenazas continúan, por lo tanto, busca protección de su derecho a la vida y solicita se ordene revocar la orden de retirar el esquema de seguridad y que permanezcan las medidas de seguridad ante las amenazas, al igual que para su familia.

La Corte consideró que lo aconsejable es restablecerle el resguardo especial del cual disfruta, teniendo cuenta no solamente las manifestaciones del actor, sino el mismo hecho de la protección que hasta julio de 2009 se le destinó y la realidad de la frecuente materialización de amenazas como las padecidas por él.

La sola convivencia en una sociedad injusta, conflictiva y violenta conlleva riesgos para todos los habitantes, pero también lo es que el nivel de peligro se incrementa contra un desplazado que tiene el valor de hacerse conocer como Defensor de Derechos Humanos y Director Nacional de la Corporación Colombiana de Desplazados.

Así las cosas, los antecedentes de amenaza contra la vida e integridad del accionante, que repercuten hacia su familia, obligan a que, por razones de cautela, se asegure continuidad en la protección que el Estado debe otorgarle y que se minimicen los riesgos que pudiese traer consigo la variación en el tipo de seguridad que se venía prestando, de manera que por falta de precauciones o cambios abruptos en la modalidad, y más todavía al suprimírsele, se posibilite la consumación de las amenazas.

Continuando en el Estado la responsabilidad de velar por la seguridad e integridad del demandante y de su núcleo familiar, no sólo no debe haber solución tajante de continuidad, sino que han de quedar claramente definidas las responsabilidades, así como las medidas de protección que continuarán, que se darán a conocer al protegido, así como la identidad de los servidores y del organismo responsable de amparar a quien sigue ejerciendo la misma actividad cívica, generadora de contingencias adicionales.

En este sentido, la Sala revocó la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para en su lugar, ordenar al Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la providencia, haga evaluar de nuevo los factores de riesgo y reales amenazas actualmente existentes contra la vida e integridad personal del accionante y su núcleo familiar, a efectos de implementar cuanto antes las medidas de seguridad que su situación amerite. nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-227-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia SU-1150-00
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-134-10

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