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Última modificación: 2006-08-01
Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

Una mujer desplazada por la violencia interpuso acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil por considerar que a causa de la demora injustificada en la entrega del duplicado de su cédula de ciudadanía se le estaban vulnerando sus derechos a la igualdad, al reconocimiento de la personalidad jurídica y de otros derechos civiles.

La Corte señala que ??la no expedición oportuna de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como organismo del Estado encargado del deber constitucional de atender lo relativo a la identidad de las personas, entre otras funciones, conculca los derechos fundamentales de los ciudadanos a estar plenamente identificados, de tal suerte que puedan desarrollar todas las actividades propias de su calidad de tales, entre las cuales se encuentra la posibilidad de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y de esa manera, dar cumplimiento preciso a uno de los fines esenciales del Estado, cual es la de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan; así como la de realizar actos civiles para los cuales la presentación de ese documento resulta indispensable, todo lo cual lleva a la conclusión de que la carencia de la cédula de ciudadanía afecta de manera directa al ciudadano y a la sociedad?.

Por otro lado, la Corte indica que si bien es cierto, la Registraduría Nacional del Estado Civil expide una contraseña que para algunos eventos, no todos, sirve como medio de identificación, esa contraseña no puede de ninguna manera convertirse en la justificación para no expedir con prontitud la cédula de ciudadanía, pues lo cierto es, que a pesar de que existan ciertos trámites de carácter civil en los cuales es dable que se acepte esa contraseña o cualquier otro documento como lo afirma la entidad accionada, esa no es la regla general. Además, agrega, el desorden administrativo de las entidades públicas no puede ser un argumento constitucionalmente aceptado por el juez constitucional, cuando existen derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad.

Así, al remitirse a sus sentencias T-964 de 2001, T-268 y T-669 de 2003 y T-025 de 2004 reitera que la Registraduría Nacional del Estado Civil vulnera el derecho fundamental de los desplazados al reconocimiento de la personalidad jurídica, cuando retarda la expedición de sus documentos de identidad o sus duplicados pretextando problemas de orden administrativo, amparándose para ello en la entrega de una contraseña que no cumple las funciones atribuidas constitucionalmente a la cédula de ciudadanía.

La Corte previno a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que en lo sucesivo se abstenga de dilatar la expedición de documentos de identidad solicitada por la población desplazada. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-029-05

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