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Última modificación: 2006-08-01
Derecho a la igualdad

La Corte manifestó que el grupo social de los desplazados, por su condición de indefensión, merece la aplicación de medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política nota 1.

· Prohibición de discriminación por la condición de desplazado

El actor instauró acción de tutela contra la Secretaría de Vivienda Social de Cali por haberse negado a tramitar su solicitud para vivienda, al considerar que no tenía obligación de tramitar la solicitud de los desplazados bajo el mismo proceso de las personas en zona de desastre. Pese a reconocer los derechos de la población desplazada, a no ser discriminados en razón a su condición de desplazados, la Corte negó la protección solicitada tras constatar que el accionante fue incluido en el plan de vivienda a desplazados nota 2.

· En materia de restablecimiento de la población de la tercera edad desplazada

Una mujer de la tercera edad, desplazada por la violencia, interpuso acción de tutela contra la Red de Solidaridad Social y el INURBE por considerar vulnerados sus derechos al trabajo, a la igualdad y a la vivienda digna, debido a que no se le había permitido a su hija acceder al programa de proyectos productivos para desplazados ni había logrado que se le asignara una solución de vivienda. Las entidades demandadas indicaron que la actora debía acceder a esos programas directamente y no por intermedio de su hija quien no tenía la calidad de desplazada. La Corte hizo un análisis sobre el significado del desplazamiento forzado interno, las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas de este delito y la acción afirmativa del Estado. Insistió en la necesidad de tomar medidas especiales a favor de los desplazados, para que sean menos vulnerables, se lleve a cabo la reparación de las injusticias derivadas del desplazamiento involuntario y se realicen efectivamente ciertos derechos de bienestar mínimo que constituyen la base para la autonomía y el auto-sostenimiento de este grupo poblacional.

Al efectuar la revisión de los componentes de la política pública de atención a desplazados relativos a vivienda y a proyectos productivos, la Corte encontró que la violación de los derechos de la actora derivó de una aplicación rígida de las normas de estabilización socioeconómica de la población desplazada. La Corporación se refirió al Programa de Adulto Mayor que le fue sugerido a la actora por la Red de Solidaridad Social para señalar que este programa no tenía la virtualidad de contrarrestar los riesgos de empobrecimiento y por ende de restablecer a los adultos mayores desplazados. De igual forma, la Corte se refirió al modelo de atención en vivienda basado en la capacidad de ahorro programado de la persona en situación de desplazamiento como un programa que tampoco cumple con esos objetivos, porque ?las acciones de política pública que lo desarrollan, por sí solas, no dan cuenta del enfoque poblacional ni de los criterios de realización del derecho a la vivienda?.

Por ello la Corte consideró que se vulneraron los derechos al mínimo vital y a la vivienda digna de la actora y en especial su derecho a la igualdad, pues no fue tenida en cuenta su condición de persona de la tercera edad en los programas de restablecimiento ni fueron satisfechos los niveles mínimos de sus derechos sociales.

En consecuencia, la Corte concedió la tutela de los derechos a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda digna de la accionante, y, ordenó a la Red de Solidaridad Social que gestionara ante el INCORA, o la entidad que hiciera sus veces, lo necesario para que, en un plazo de seis meses, los bienes abandonados forzosamente por la demandante y su grupo familiar fueran recibidos y aplicados a la adjudicación de una Unidad Agrícola Familiar en los términos del Decreto 2007 de 2001, si la actora optaba por la reubicación rural, o a una solución de vivienda urbana adecuada, si la misma escogiera reasentarse en la ciudad. De igual forma, ordenó que gestionara lo necesario para incluir a la demandante y a su grupo familiar en un proyecto productivo integral y viable, articulado a un programa de seguridad alimentaria, garantizando al mismo tiempo su financiación, y que adelantara las gestiones tendientes a garantizar la cobertura permanente de los servicios de salud y educación que demandaban la actora y su grupo familiar nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-098-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia SU-1150-00
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-602-03. En el mismo sentido ver T-985-03

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