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Última modificación: 2007-07-16
Derecho a la salud

· Protección del derecho a la salud de las personas desplazadas

El Personero de Bogotá, D.C., actuando por solicitud de una mujer desplazada, interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Salud del Distrito Capital por considerar vulnerados sus derechos a la salud, a la vida digna, a la integridad personal y a la seguridad social, por la no realización de un examen médico prescrito, a pesar de sufrir una grave enfermedad. En las condiciones de extrema vulnerabilidad de las personas que ostentan la calidad de desplazados forzados, el Estado no puede abandonarlas a su suerte, y en cuestiones tales como la salud, el Estado debe desplegar todos los mecanismos a su alcance para que el cubrimiento sea integral. Adicionalmente y teniendo en cuenta que esta población no puede quedar al margen de la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es la Secretaría de Salud la entidad encargada de gestionar lo pertinente ante las instituciones prestadoras del servicio de salud adscritas o con las que tenga contrato, con el fin de que el examen prescrito a la accionante le sea practicado.

Por los anteriores argumentos, la Corte concedió la tutela y ordenó a la Secretaría Distrital de Salud que adelantara las gestiones necesarias para que a la señora se le practicara el examen requerido. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asistía para repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA nota 1.

· El desplazado tiene derecho a la prestación del servicio de salud

La Corte atribuyó al Director Nacional de la Red de Solidaridad Social el deber de iniciar las diligencias pertinentes para la incluir el grupo de personas desplazadas que instauró la tutela en el SISBEN, al tiempo que impuso al Hospital de Quibdó, la obligación de atender de manera eficiente a las personas desplazadas y de suministrarles los medicamentos necesarios. Surge para el hospital el derecho de repetir contra el FOSYGA, el cual, de manera preferente e inmediata, debe cubrir lo debido por concepto de atención a la población desplazada. Por otra parte, la Corte estableció que el desplazado, aun cuando no se encuentre carnetizado como tal, tiene derecho a la prestación del servicio de salud, en relación con los niños porque es un derecho fundamental, y para los adultos se protege por conexidad con el derecho a la vida nota 2.

· Atención psiquiátrica y psicosocial para la población desplazada

Los actores solicitaron, en su condición de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, atención en salud psiquiátrica y psicosocial, pues ésta está circunscrita únicamente a los planes básicos de los distintos regímenes.

La Corte señaló que las mujeres víctimas del conflicto armado que se han visto forzadas a desplazarse, son expuestas a graves situaciones marcadas por la violencia, la discriminación y la exclusión, por lo tanto, se requiere de una atención en salud mental que permita su recuperación, dentro de la que debe contemplarse la necesidad de romper el aislamiento, reconocer sus experiencias de miedo, identificar sus enfermedades, permitirles hablar de sus sentimientos de vergüenza y de culpa y romper los tabúes que los alimentan. Y, lo más importante, permitirles hablar de lo que vivieron y facilitar la reflexión en la comunidad, combatiendo la estigmatización y promoviendo actitudes positivas que permitan el reconocimiento de las víctimas.

En ese sentido, es necesario considerar la caracterización psicosocial de cada persona y de cada población, la cual integra la mirada psicológica y la relacional- social para la identificación de los daños, transformaciones y pérdidas ocasionados por los hechos violentos de los que fueron víctimas en el contexto de la violencia sociopolítica que vive Colombia.

La prestación de los servicios de salud a las víctimas del conflicto armado interno que además ostentan la calidad de desplazados no pueden limitarse únicamente a los planes básicos que se contemplan en cada uno de los regimenes, es decir, en el Régimen Contributivo y en el Subsidiado, debido a que en el diseño de estos programas no se contemplaron las especificidades que se derivan de la condición de víctima del conflicto interno. Estos planes no contemplan, entre otras cosas, atención psicológica y psiquiátrica de mediana y alta complejidad así como la implementación efectiva de un enfoque psicosocial, elementos necesarios para la prestación de los servicios de salud a las víctimas integralmente.

En este sentido, no basta, dadas las características de esa extrema vulnerabilidad y de las necesidades específicas que enfrentan las mujeres víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de desplazamiento forzado interno, incluirlas dentro de un programa general de salud dirigido a la población vulnerable, ni tampoco dentro de programas especiales de atención siquiátrica o sicológica que no tengan en cuenta su condición de víctimas.

Por lo expuesto, la Corte revocó la decisión adoptada por el Tribunal de instancia, y en su lugar, ordenó al Ministerio de Protección Social, que en el término de 15 días en coordinación con las Secretarías de Salud de las entidades territoriales en las cuales se encuentran ubicadas las accionantes, y con las entidades que designen para la prestación de los servicios de salud, realicen una valoración médica especializada de las accionantes que incluya tanto el diagnóstico por parte de profesionales en salud mental (psicólogos y psiquiatras) como salud física, acompañados por profesionales expertos en enfoque psicosocial para víctimas, para lo cual pueden solicitar orientación a cualquiera de las organizaciones intervinientes en el presente proceso, para determinar el curso de acción y el tratamiento a seguir en cada caso. Así mismo, estos profesionales deberán hacerle seguimiento continuo al estado de salud física y mental de las afectadas hasta que se restablezcan sus condiciones normales de salud. nota 3

· Derecho a la información sobre prestación efectiva de la atención médica

A una mujer desplazada por la violencia y ubicada en una ciudad le fue diagnosticado una enfermedad que le impedía trabajar y en consecuencia obtener ingresos que le permitieran sostener a su hijo menor de edad. Ante la negativa de la Red de Solidaridad Social y del Hospital Departamental de brindarle atención médica, interpuso acción de tutela contra la Red de Solidaridad Social. Señala la Corte Constitucional que cuando un desplazado requiera atención en salud, esa atención comprende no solamente la atención médica integral, sino el derecho a ser informado sobre la fecha en que ocurrirá tal atención, fecha que debe ser fijada con criterios de oportunidad y razonabilidad, porque al Estado le corresponde suministrar atención e información precisa para la solución de las necesidades de las personas desplazadas y facilitar los procedimientos, como reconocimiento de la dignidad humana, principio garantizado por la Constitución. Adicionalmente, si se está ante una situación de urgencia manifiesta, no puede someterse al afectado al respeto de los turnos. En estos eventos la atención debe ser inmediata.

La Corte concedió la tutela para proteger el derecho a la atención médica o a la prestación del servicio de salud, en conexidad con la vida, la dignidad de la persona y el derecho a la información clara, precisa y oportuna y ordenó a la Red de Solidaridad Social que iniciara las gestiones necesarias, ante las instituciones competentes, para que se le suministrara la atención integral requerida por la actora, según lo ordenado por el médico tratante nota 4.

· Obligación de las autoridades municipales o departamentales de asumir los costos de atención en salud de personas desplazadas por la violencia luego del período de emergencia

Cuando una persona víctima del desplazamiento forzado, en calidad de vinculada al Sistema de Seguridad Social en Salud, padece una afección que requiere tratamiento médico especializado y fue remitida formalmente y le es negada la atención por el sistema municipal de salud por considerar que la atención del caso es competencia del sistema departamental de salud, le está ordenado a la autoridad territorial orientar a la persona informándole qué instituciones públicas o privadas tienen la capacidad para atender la patología que padece, gestionar y supervisar el acceso a los servicios de salud que requiera porque el derecho a la salud de las victimas del desplazamiento forzado es un derecho fundamental autónomo y las autoridades administrativas del orden departamental o municipal están obligadas a asumir el costo de la atención en salud de las personas desplazadas con posterioridad al periodo de emergencia y a orientar y atender a la población desplazada para lograr la efectiva prestación de los servicios de salud a ésta. nota 5



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-790-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-098-02
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-045-10
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-645-03
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-138-05

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