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Última modificación: 2007-07-16
Derecho al trabajo y a la libertad de escoger profesion u oficio

· Derecho al trabajo

El actor interpuso acción de tutela contra la Red de Solidaridad Social por considerar violados los derechos a la vida, la salud y la dignidad humana de él y su familia, pues teniendo en cuenta la condición de desplazados, la entidad demandada no cumplió su compromiso de desarrollar un proyecto productivo de trabajo en su lugar de origen. La Corte encontró que el actor ya había recibido apoyo para el proyecto productivo y que este se hallaba en marcha, por lo cual, pese a reiterar los derechos de los desplazados a ser incluidos en proyectos de estabilización económica, negó la protección solicitada nota 1.

· Derecho al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio

La Corte señaló que el desplazamiento forzado afecta a las personas en su oficio de agricultores por la imposibilidad de continuar desarrollando en la ciudad sus labores, viéndose entonces obligados a buscar otra ocupación para sobrevivir. Corresponde al Estado proveer los elementos que les ayuden a ingresar al mercado laboral, uno de los cuales es la capacitación en el Sena y otro es el fomentar proyectos específicos. En consecuencia, la Corte ordenó al Director Nacional del Sena y de la Red de Solidaridad Social que procedan a incluir a los desplazados en los programas de capacitación, acelerando el cumplimiento de los programas y planes comunitarios que se ofrecen a los desplazados nota 2.

· Derecho al trabajo y de petición

Una mujer, cabeza de familia y desplazada por la violencia, interpuso acción de tutela en contra de la Red de Solidaridad Social por no obtener respuesta favorable a su solicitud de un proyecto productivo que le permitía obtener ingresos para mantener a sus cinco hijos y su nieto, situación que se agravó ante el hecho de no saber leer ni escribir. De igual forma señaló que desde que se encontraba desplazada en la ciudad, no había conseguido un lugar estable para vivir con su familia. La Corte señaló, que al ocurrir el desplazamiento se ve abruptamente frustrado el desarrollo de las actividades productivas del desplazado, razón por la cual es obligación del Estado brindarle capacitación para que pueda asumir un nuevo rol en el mercado laboral y velar por la garantía de un medio de trabajo que ayude a la consecución de un mínimo vital.

En este sentido, la vinculación en proyectos productivos para poder garantizar el derecho al trabajo, es de especial atención porque al brindar esta oportunidad no sólo se garantiza el derecho fundamental mencionado, sino se hace posible que con los ingresos que puede llegar a percibir el desplazado con posterioridad a la capacitación se haga viable llevar alimentos, pagar arriendo, o satisfacer otras necesidades de su mínimo vital y el de su núcleo familiar. En relación con el derecho de petición, la Corte aclaró que el omitir la respuesta de un derecho de petición de un desplazado con respecto a la protección de sus derechos aumenta la gravedad de la vulneración de los mismos en la medida en que limitaba toda posibilidad de certidumbre acerca del porvenir de éste y su familia.

Frente al derecho a la vivienda, indicó la Corte que no procede en este caso la protección del mismo, toda vez que está probado que hasta el momento de interposición de la tutela la accionante no había realizado ninguna de las gestiones necesarias para acceder al subsidio de vivienda. Por lo anterior, la Corte concedió parcialmente la tutela, en el sentido de proteger los derechos de petición y al trabajo de la accionante y ordenó a la Red de Solidaridad Social contestar de fondo la petición elevada y constatar la efectiva recepción de la respuesta. Asimismo, le ordenó a esta entidad que, una vez brindada la asesoría acerca de las diferentes alternativas de consolidación económica, hiciera un seguimiento de la efectiva atención de la peticionaria en la entidad a la cual acuda para obtener tal consolidación y tome las medidas de coordinación necesarias en caso de que constate que no se están desplegando las actividades para proteger el derecho al trabajo de ésta nota 3.

· Obligaciones de las autoridades frente a los funcionarios de carrera administrativa

Cuando una persona inscrita en carrera administrativa se ve forzada a desplazarse, ha agotado múltiples diligencias administrativas para obtener su traslado y pese a ello, la autoridad luego de tres años aún no ha efectuado su traslado y ha suspendido el pago de los salarios, entonces se considera que la conducta de la autoridad violan sus derechos al trabajo y a la vida. En estas circunstancias se concede el amparo de tutela y se ordena a la autoridad reubicar temporalmente a la persona en institución de otro Municipio o Departamento en un cargo igual o de superiores características al que desempeñaba antes de su desplazamiento forzado y en un lugar donde no se ponga en peligro su vida e integridad personal ni la de su núcleo familiar porque todas las entidades del Estado tienen la obligación de salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados, incluidas las víctimas del desplazamiento forzado, por mandato constitucional. nota 4

· Pago de salarios y demás derechos laborales dejados de percibir a personas desplazadas por la violencia. Principio de favorabilidad.

A un trabajador del municipio de Puerto Wilches, desplazado por la violencia, quien tuvo que huir del municipio a raíz de amenazas de grupos paramilitares, el empleador le terminó su contrato laboral alegando el abandono del cargo.El accionante inicio un proceso laboral en el que se decidió ordenar el reintegro del trabajador, sin embargo, el juez se abstuvo de ordenar el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento del despido ilegal, argumentando que en la convención colectiva vigente para la fecha, el reintegro de un trabajador despedido injustamente no contemplaba el pago de salarios y demás derechos laborales dejados de percibir por el ex operario.

La Corte consideró que la sentencia del proceso laboral acusada desconoció el principio de favorabilidad, toda vez que en el ordenamiento jurídico laboral existían normas que establecían el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir ante un despido injusto, otorgando un tratamiento más favorable para el trabajador en comparación con las disposiciones de la convención colectiva en que se basó el juez laboral.

La Corte fundamentó su decisión en las normas del Código Sustantivo del Trabajo previstas en el decreto 2351 de 1965 y en el artículo 408, así como en sentencias de la misma Sala de Casación Laboral en las que se reconoce que ?la reinstalación conlleva el pago de salarios con los aumentos legales o convencionales y de las prestaciones sociales que sean compatibles con él, pues ficcionadamente el contrato se considera que no tuvo interrupción?.

De igual forma, la Corte apoya su decisión en el Concepto 1428 de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que indica que ??El desplazamiento, si bien genera una vacancia temporal, no constituye abandono del cargo, pues existe justa causa fundada en la fuerza mayor. Por tanto, manteniéndose la calidad de servidor, la relación laboral subsiste, al no configurarse ninguna causal de retiro. ?Si no es procedente la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, una vez establecida las condiciones que afectan la seguridad del empleado desplazado, se debe garantizar el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales hasta tanto sea efectiva la protección del Estado, que haga cesar la situación de amenaza contra el derecho fundamental a la vida que pesa sobre aquél y que le impide desempeñar sus funciones". nota 5



  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-1150-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-098-02
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-669-03
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-620-06
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-1020-07

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