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Última modificación: 2006-12-26
Derecho de petición

· Procedimiento que deben seguir las autoridades para responder peticiones respetuosas de personas desplazadas por la violencia

Casos de personas que han sido institucionalmente reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado y que, en tal condición, han presentado peticiones respetuosas para acceder a un proyecto para restablecimiento socio-económico, pero no se las han resuelto.

La Corte Constitucional, en sentencia T 025 de 2004, señaló de forma precisa y detallada cuál es el procedimiento que deben seguir las autoridades o personas que estén en el debe dar trámite y responder a las peticiones respetuosas efectuadas por personas desplazadas, para no violar el derecho fundamental de petición:

"cuando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle dentro del término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para lo reciba efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos fundamentales de los desplazados. Este mismo procedimiento deberá realizarse en relación con las peticiones de los actores en el presente proceso de tutela, en particular para las solicitudes de otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento socio económico".

En el asunto objeto de análisis, de los cuarenta y ocho (48) tutelantes, sólo a cuatro no se les ha vulnerado su derecho de petición, por lo tanto, la Corte confirmó el fallo del Tribunal de instancia, ordenando a Acción Social que individualice adecuadamente todas y cada una de las peticiones y que les dé respuesta de fondo, si aún no lo ha hecho, en un término que no puede ser superior a los quince (15) días siguientes a la notificación de la sentencia. nota 1

· Obligación de las entidades financieras de tener en cuenta la situación de desplazamiento forzado de algunos de sus deudores para responder sus peticiones.

Un señor desplazado por la violencia presentó acción de tutela contra el Banco Agrario porque no se le tuvo en cuenta su condición de desplazado para condonarle el pago de una deuda. Solicitó que se le reconocieran todos los beneficios previstos en la ley 418 y que se le diera el mismo tratamiento que la Corte constitucional había dado a las personas secuestradas. Invocó la solidaridad con su condición de persona desplazada por la violencia. La Corte precisó que en virtud del principio constitucional de la solidaridad, las entidades financieras deben tener en cuenta las circunstancias de debilidad manifiesta de las personas que habiendo adquirido un crédito son víctimas del desplazamiento forzado. En tal sentido, señala que las entidades financieras están en la obligación de brindar al deudor-desplazado como mínimo la siguiente información:

- Si existen alivios de crédito por hacer parte de la población desplazada por la violencia;

- Si puede acceder a algunos de los créditos de que trata la Ley 418 de 1997 ?por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones?;

- Si FINAGRO puede hacer el redescuento de la obligación;

- Si tiene derecho a subsidios;

- Si se cuenta con otras garantías además de la hipoteca, que prevean situaciones tales como el abandono del inmueble que garantiza la obligación o la pérdida de los demás bienes.

En consecuencia, la Corte revocó el fallo de primera instancia y tuteló la protección del derecho de petición del demandante, en el sentido de ordenar al Banco Agrario suministrar por escrito al actor la información requerida, teniendo en cuenta su condición de pertenecer a la población desplazada por la violencia y sus condiciones económicas. nota 2

· Deber de responder en forma oportuna los derechos de petición sobre pagos de ayudas humanitarias

Una señora desplazada interpuso una acción de tutela contra la Red de Solidaridad Social por encontrar vulnerado su derecho fundamental de petición, al no haberle sido respondida su solicitud de cancelación de las ayudas establecidas en la Ley 418 de 1997, a pesar de las múltiples solicitudes elevadas en tal sentido.

La Corte señala que si bien el respeto de los turnos no vulnera el derecho a la igualdad por tratarse de personas que están en una misma situación de hecho, si se les debe respetar el derecho a conocer en qué fecha, dentro de un período de tiempo razonable, serán atendidas.

Aplicando esta hipótesis al caso de la población desplazada, la Corte reitera jurisprudencia anterior, en el sentido de señalar que aún en el suministro de las ayudas humanitarias ? y aquí se incluye el pago de las indemnizaciones que trae la Ley 418 de 1997-, se deben respetar los turnos asignados en virtud del momento de la presentación de dichas solicitudes.

No obstante, aclara la Corte que para las personas que se encuentran en condición de desplazamiento forzado, es necesario conocer una fecha cierta, aunque no inmediata, en la cual se realizará el pago. Esta fecha debe ser fijada con estricto respeto de los turnos, dentro de un término razonable y oportuno.

En consecuencia, la Corte ordena revocar el fallo proferido, y conceder la tutela del derecho de petición de la accionante. En segundo lugar, ordena a la Red de Solidaridad Social que, dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, informe a la accionante la fecha cierta en la cual se hará efectivo el pago de la ayuda humanitaria, dentro de un término razonable y oportuno y en armonía con los turnos de las demás solicitudes que hayan sido presentadas y aprobadas con anterioridad a la de la actora. nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-044-10. Ver también Sentencia T-025-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-419-04
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-373-05

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